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La Justicia se pronunció contra el cobro compulsivo de tributos a Crónica TV

09-DIC/2019

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que prohibió a la AFIP iniciar el cobro compulsivo de obligaciones tributarias contra la empresa de televisión por cable Estrella Satelital S.A., dueña de Crónica TV, según se informó en Tribunales

Al ratificar la resolución provisoria dictada en primera instancia, la Sala V de la Cámara evaluó que Estrella Satelital es un "medio de comunicación que produce servicios audiovisuales", actividad que, en el marco de las leyes 25.750 y 26.522, fue "declarada de interés público".






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La AFIP había apelado la cautelar argumentado que el juez obvió "la realidad de los hechos y el interés público", en la medida que le impedía recaudar un impuesto destinado a sufragar gastos generales de la Nación, además de general una "clara vulneración" al principio de división de poderes.

Según constancias de la causa, en marzo de 2016 la empresa solicitó la adhesión al régimen de regularización de deuda impositiva, previsional y/o aduanera previsto por los decretos 2379/2015 y 345/2016.

Del balance general acompañado al 31 de diciembre de 2015 surgía que la contribuyente atravesaba una situación económica-financiera "delicada" ya que había incurrido en pérdidas netas de 208.687.336,25 durante ese ejercicio fiscal.

El organismo recaudador, mediante resolución 033/009/2017, resolvió rechazar el pedido y, al mantener su postura, marcó la imposibilidad de otorgar el beneficio fiscal, ya que la contribuyente había suscripto un contrato con la empresa Alta Densidad SRL a la cual designaba como su administradora.

"De lo estipulado en el referido contrato, los ingresos que genera Estrellas Satelital S.A. por su actividad solo se ven reflejados en la contabilidad de la gerenciadora, que es un sujeto ajeno a la beneficiaria del canje, lo que lleva a concluir la inviabilidad de la solicitud presentada", expuso la AFIP.

La Sala V de la Cámara ponderó que la actividad que desarrolla la demandante "debe ser preservada por su importancia vital para la democracia, el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional, el acervo cultural y la libertad de expresión".

Además de la afectación a la "libertad de prensa" que busca salvaguardar la medida cautelar, el tribunal destacó "el derecho de la sociedad de recibir y buscar información, de modo que la tributación no puede llevar a privar de contenido a esos derechos".

Para los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treacy, la resolución de la AFIP "constituye un acto de gobierno indirecto que vulnera el ejercicio de la libertad de prensa, ya que por conducto de la aplicación de normas tributarias ejerce presión sobre la contribuyente".

Fuente: Crónica

 

la corte suprema eximio de responsabilidad a un medio por publicar una difamacion

06-DIC/2019

La Corte Suprema revocó la condena a un medio de prensa y a sus editores por la publicación de un artículo cuya autoría corresponde a un columnista

Con motivo de la nota periodística publicada por el diario “La Arena” —que hacía referencia a la donación “trucha” de un predio para la construcción del edificio donde iba a funcionar un nuevo centro de contención de menores en las afueras de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa— Stella Marys García y la Fundación Nuestros Pibes demandaron a su autor, a la propietaria del diario y a los editores por afectación al honor y al prestigio institucional de la referida fundación.

El Superior Tribunal de la Pampa —luego de puntualizar que la responsabilidad adjudicada al autor de la nota quedó firme porque el recurso extraordinario provincial había sido declarado extemporáneo— confirmó la sentencia que condenó a aquellos por el daño moral causado a las actoras.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario planteado por los demandados y revocó la condena respecto del diario y de los editores.

Los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco sostuvieron que resultaba aplicable al caso la doctrina del precedente “Campillay” según la cual, en determinadas condiciones, la reproducción de los dichos de otro no trae aparejada responsabilidad civil ni penal para quien los difunde en tanto se haya atribuido el contenido de la información a la fuente pertinente y se haya efectuado, además, una transcripción sustancialmente fiel a lo manifestado por aquella.

Consideraron demostrado que el artículo cuestionado había sido escrito y firmado por un columnista que no tenía relación de dependencia con la empresa propietaria del diario. En tales condiciones, juzgaron que la fuente de la noticia había quedado plenamente identificada y que era contra ella que debían dirigirse los reclamos.

Señalaron que el hecho de que el periodista fuera un colaborador habitual del diario no autorizaba a concluir que el medio había compartido o había hecho suyas las opiniones o el contenido del artículo en cuestión.

Destacaron que la aplicación de la doctrina “Campillay” está destinada a establecer un ámbito suficientemente generoso para el ejercicio de la libertad de expresión y que su fundamento principal radica en que, “en temas de relevancia pública, parece prioritario que todas las voces sean escuchadas, para que se acreciente y se robustezca el debate propio de un sistema democrático. Si el informador pudiera ser responsabilizado por el mero hecho de la reproducción del decir ajeno es claro que se convertiría en un temeroso filtrador y sopesador de la información, más que su canal desinhibido. Ello restringiría la información recibida por la gente y, al mismo tiempo, emplazaría al que informa en un impropio papel de censor”.

Resaltaron que cuando se individualiza la fuente, quien difunde la noticia no se hace cargo de su veracidad, no la hace propia, ni le agrega fuerza de convicción. Una posición contraria implicaría que la prensa debiese constatar —de modo previo y en forma fehaciente— la verdad de las manifestaciones de terceros que publica, en violación al mencionado derecho de libertad de expresión garantizado en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

Asimismo, entendieron que la utilización de la palabra “trucha” en uno de los títulos no había importado que el medio hubiese hecho suyo el contenido de la referida nota. Con sustento en un precedente análogo afirmaron que el recurso periodístico del titulado solo apuntaba a traslucir el contenido de las publicaciones y no daba base alguna para considerarlo como un producto intelectual autónomo o para atribuir a los dueños de los diarios (o sus editores) una suerte de coautoría del texto publicado. Agregaron que, eventualmente, podría atribuirse responsabilidad en el caso de que se presentara una total discordancia entre el título y el contenido de la nota, supuesto que aquí no se advertía.

Los jueces Maqueda y Lorenzetti, por su voto, consideraron, en primer lugar, que en la causa había quedado acreditado que la publicación cuestionada había sido escrita y firmada por un periodista que, aun cuando no tenía una relación de dependencia formal con el diario, era su columnista habitual en materia económica. En ese contexto, entendieron que resultaban razonables los argumentos del superior tribunal respecto de que no podía considerarse a dicho periodista firmante como la “fuente identificable” de la información que eximiese de responsabilidad al diario.

No se trata de un tercero ajeno al medio gráfico sino de un periodista que colabora asiduamente con el periódico y, para el público lector, plenamente identificado con aquél. Considerarlo la “fuente identificable” que requiere la doctrina “Campillay” resulta un argumento de riesgo, dado que tendría como posible efecto el incentivo de la autocensura, actitud que justamente se pretende evitar cuando de libertad de prensa y expresión se trata.

En segundo lugar, al examinar si existía responsabilidad derivada de la publicación del artículo periodístico, consideraron que la nota no tenía carácter difamatorio por reflejar lo que en los hechos había ocurrido. Por ello no correspondía examinar el caso a la luz de las doctrinas de esta Corte “Campillay” y de la "real malicia".

Por último, entendieron que tampoco existía responsabilidad derivada de las opiniones y juicios de valor efectuados en la nota acerca de un tema de indudable interés público −la vinculación económica entre una fundación y el gobierno provincial−, pues no se advertían insultos o locuciones que no guardasen relación con el sentido crítico del discurso.

El juez Rosatti, en su voto, juzgó aplicable al caso la referida doctrina “Campillay”. Añadió que la “frecuencia/asiduidad” de la participación de un columnista en un determinado medio no puede erigirse en un elemento que determine la identificación de ambos y, en consecuencia, autorice la extensión de la responsabilidad por los daños derivados de la publicación.

Explicó que “la columna, en tanto género periodístico, analiza, interpreta y orienta al público sobre un determinado suceso con una asiduidad, extensión y ubicación concretas en un medio determinado; constituye un comentario analítico y valorativo con una finalidad similar a la del editorial: crear opinión a partir de la propia. No puede considerarse que la frecuencia con que el columnista participa en el medio de prensa (semanal, quincenal, mensual, etc.) configure, sin más, un elemento que inexorablemente conlleve a afirmar la existencia de vinculación ideológica entre éste y el periódico, y en consecuencia a extender a este último la responsabilidad que pudiere derivarse de la publicación elaborada por aquel”.

Además, destacó que la circunstancia de que la publicación lleve la rúbrica del columnista adquiere una importancia particular, desde que al permitir conocer “al que habla” genera con los lectores un ‘pacto de lectura’ que, en ocasiones, va más allá de la relación que pueda entablarse con el medio de prensa que constituye el soporte de la nota y podría, inclusive, perdurar a pesar de éste, subsistiendo aunque el columnista cambie de medio.

Finalmente, el juez Rosatti concluyó en la imposibilidad de responsabilizar al medio de prensa y a sus editores por el contenido de la nota con sustento en que los términos utilizados en el título que la encabezaba no importaban una suerte de coautoría del texto publicado.

Fuente: CIJ

 

 

 

 

el 12 de noviembre comienza el juicio contra sabbatella y otros por supuesto abuso de poder

16-OCT/2019

El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (Afsca) durante el gobierno kirchnerista, Martín Sabbatella, será juzgado desde el 12 de noviembre próximo por el presunto delito de "abuso de autoridad" en el marco de una denuncia por supuestas irregularidades en las exigencias de readecuación al grupo Clarín en base a la Ley de Medios.

El debate oral estará a cargo del juez federal Ariel Lijo, ya que se trata de un juicio con tribunal unipersonal por tratarse de un delito que prevé una pena no mayor a tres años de prisión, informaron fuentes judiciales.

Lijo fijó el inicio del debate para el martes 12 de noviembre, a las 10, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

Además de Sabbatella serán juzgados Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo.

Se trata de una investigación que estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a todos los acusados, en un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña, y por eso el caso ahora llegó a juicio.

El 26 de mayo de 2017 Bonadio procesó a Sabbatella y a quienes lo acompañaron en el directorio de la Afsca por presunto "abuso de autoridad" en base a una denuncia presentada por el grupo Clarín.

Según la denuncia, el entonces funcionario habría dado un "trámite diferencial" a ese grupo por sobre otros en los expedientes de adecuación voluntaria a la Ley de Medios con mayores exigencias, lo que derivó finalmente en el rechazo y en la aplicación de una "adecuación de oficio".

Bonadio procesó a Sabbatella porque dio por probado que "abusando del cargo público que ocupaba como Presidente del Directorio del Afsca ordenó y avaló el trámite diferencial y artibrario" del expediente del Grupo Clarín SA de adecuación voluntaria.

Además firmó la resolución donde se rechazó el plan y se impuso una adecuación de oficio.

Bonadio comparó el trámite con otros similares de grupos como DirecTV, Prisa, Nemesio, Supercanal, Telecentro, Telefe e Indalo para determinar que hubo supuesta "arbitrariedad" con Clarín en 2012.

Fuente: Telam

 

 

szpolski, procesado y embargado por no depositar los aportes jubilitarios de los empleados de lr9 radio america

18-JUL/2019

El empresario Sergio Szpolski fue procesado por apropiación indebida de aportes de la seguridad social de trabajadores de Radio América en períodos que van desde el 2012 al 2016, mientras que fue embargado en 2 millones de pesos.

Así lo resolvió el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, quien también procesó a Oscar Flores, quien estaba al frente de la firma DESUP S.A y trabajaba bajo las órdenes de Szpolski.

Fueron los propios trabajadores de la Radio América quienes hicieron la denuncia y aseguraron que la toma de decisiones en la empresa y en cuanto a las cuestiones salariales estaba bajo la tutela de Szpolski, allá a partir del 2009.

Tanto periodistas como técnicos de la radio declararon como testigos ante el juez y aseguraron que era el propio Szpolski quien tomaba las decisiones en el grupo, y hasta se había comprometido ante aquellos a regularizar el pago de aportes hasta que finalmente en 2016 se la vendió supuestamente al empresario Mariano Martínez Rojas.

El 11 de junio de 2016 Martínez Rojas entro con un grupo de personas a la emisora Radio América, en la planta situada en Pergamino 4055. Allí, según los testigos, irrumpió alegando ser el nuevo dueño de la empresa Deluxe S.A. -supuestamente titular de la emisora- y ordenó la interrupción de la grilla de emisión e hizo cesar la transmisión, hecho penado por los artículos 194 y 197 del Código Penal. Por esto, el empresario está procesado.

En su descargo, Szpolski dijo que si bien ha sido el responsable editorial en algunos medios, jamás ha tenido injerencia, conocimiento o decisión en relación a las cuestiones impositivas de los mismos, que eran tareas fuera de su alcance.

Pero el juez concluyó que de acuerdo a la prueba acumulada, era él quien “se habría encargado, entre diversas cuestiones, de la toma de decisiones relativas al pago a los empleados en relación de dependencia y del destino de las sumas retenidas a aquéllos que debían haber sido ingresadas al Fisco dentro del término legal para hacerlo”.

Por ello lo procesó por apropiación indebida de aportes de los trabajadores de Radio América y le trabó un embargo de 2 millones de pesos.

Fuente: NA

 

la corte suprema definio que la regulacion de las antenas es de competencia federal

10-JUL/2019

En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia admitió un planteo de empresas de telefonía celular y declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de General Guemes, Salta que ordenaba la reubicación de antenas de telefonía celular por fuera del ejido urbano.

De esa forma, hizo lugar a una queja entablada por Telefónica Móviles y dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Salta que, al ratificar lo decidido en primera instancia, rechazo una acción declarativa promovida contra la ordenanza que disponía la erradicación en un plazo de 60 días de estructuras y antenas de la zona urbana.

Los cuestionamientos de Telefónica fueron en torno a que la comuna se “arrogó lisa y llanamente potestades ambientales vinculadas con materias interjurisdiccionales de competencia federal que se encuentran bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comunicaciones”.

La mayoría de la Corte, integrada esta vez por los supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti coincidieron con ese planteo, asegurando que se trataba de “una intromisión en aspectos regulatorios que son propios de la competencia de las autoridades federales en la materia”.

En contrapartida, los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti entendieron que la ordenanza se encuentra amparada constitucionalmente “por ser consecuencia del legítimo ejercicio del poder de policía municipal”.

El voto que terció la cuestión apuntó a que “la autonomía municipal ahora constitucionalizada no puede ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales”, y en ese contexto, al ordenarse la remoción de antenas ya instaladas y alterar por esa vía el diseño de la red de telefonía celular, existía una intromisión a un aspecto regulatorio de “competencia nacional exclusiva”.

“La Municipalidad, al sancionar la Ordenanza, ha invadido indebidamente facultades que fueron delegadas por las provincias a la Nación (artículo 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional). Por ello, el artículo 17 de la Ordenanza en la medida en que ordena el traslado dentro del plazo de 60 días de las antenas de las actoras ya instaladas en zonas restringidas, es decir, a una distancia menor a los 500 metros del ejido urbano (conf. surge del artículo 6°) resulta inconstitucional”, resumieron los supremos.

La disidencia, en cambio, se inclinó por darle primacía a la autonomía municipal y a su poder de policía en materia de sanidad y medio ambiente. Maqueda y Rosatti sostuvieron que la ordenanza 299/10 no entra en conflicto con la regulación federal” porque no tiene por objeto regular aspectos técnicos que se vinculen con el núcleo del servicio de telecomunicaciones”.

Fuente: Diario Judicial

 

 

procesaron a cuatro personas por operar un sistema de tv paga ilegal en corrientes

23-ABR/2019

El Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes dictó el procesamiento con prisión preventiva para los cuatro acusados en una causa que se inició por denuncias de retransmisión ilegal de señales que realizó DirecTV contra Itatí Cable Color y Caá Catí Cablevisión.

“En los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual que cableoperadores utilicen -en forma no autorizada- decodificadores de empresas de TV paga satelital, contratados para uso domiciliario, con el fin de retransmitir en forma ilegal algunas señales de TV que estas ofrecen a sus abonados”, manifestaron desde la citada firma querellante.

En este contexto, también destacó que “enfoca sus esfuerzos en combatir la piratería de contenido audiovisual y, en este caso, la retransmisión ilegal de señales”.

Por último, indicaron que “por este tipo de piratería, desde el año 2012 a la fecha, se han realizado más de 39 allanamientos en todo el país”.

Fuente: El Litoral

 

 

Procesan y embargan en $ 93 millones a Sergio Szpolski por evasión tributaria en medios K

22-FEB/2019

El ex empresario de medios K Sergio Szpolski sumó dos nuevos procesamientos y embargos por $ 93 millones. El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway lo procesó por evasión de aportes laborales en el canal de noticias CN23 y el diario gratuito El Argentino. Con estas maniobras Szpolski perjudicó a cientos de periodistas y otros empleados a los que no les hizo los aportes jubilatorios.

El juez también procesó a otros siete directivos de esos medios K, por "apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social", y los embargó por un total de $ 400 millones, según revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Estas medidas judiciales contra Szpolski se suman a las que también tomó Galván Greenway durante el año pasado, cuando lo procesó en cuatro causas y lo embargó en $ 13,5 millones; mientras que a sus testaferros y ex directivos les trabó embargos por otros $ 63 millones, incluyendo $600.000 contra la secretaria de Szpolski, Patricia Prinos, que figura como directiva de la empresa Milione (asesoramiento de medios).

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Galván Greenway resolvió que todos los procesamientos sean, por ahora, "sin prisión efectiva". El delito que se les imputa contempla penas de 2 a 6 años de cárcel; aunque si Szpolski fuera condenado como jefe de una asociación ilícita, podría elevarse la pena a entre 5 y 10 años de prisión.

Estas son seis de las 18 causas judiciales en que se dividió la denuncia original contra el disuelto Grupo Veintitrés, que realizó el ex titular de la AFIP, Alberto Abad, en julio de 2016. El organismo reclama 163 millones de pesos, que evadió Szpolski en aportes de la seguridad social de más de 800 empleados, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés (Tiempo Argentino, Miradas al Sur, CN23 y Poligráfica del Plata, entre otros).

Esas denuncias las continúa impulsando el actual titular del organismo recaudador Leandro Cuccioli.

La evasión de aportes, que perjudicó a gran parte de los empleados del ya disuelto grupo de medios K, tuvo dos metodologías: por un lado, las empresas presentaban la declaración jurada de sus empleados en relación de dependencia y retenían los aportes previsionales, pero luego no los depositaban. La segunda variante era que las sumas eran "ingresadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello", según la denuncia de la AFIP.

En las últimas dos medidas judiciales, además de Szpolski, el juez Galván Greenway procesó a siete personas del canal CN23 y el disuelto diario gratuito El Argentino: Roberto Flores, Daniel Saraceni y José Angerossa, con embargos por $ 93 millones (iguales a los de Szpolski); mientras que Alejandro Conde tuvo un embargo de $ 28,8 millones, María Isabel Miralles $ 28,7 millones y José D'Amario $ 2,8 millones.

En su declaración ante la Justicia, Szpolski sostuvo que todas las deudas impositivas y previsionales, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés, fueron "canjeadas por publicidad oficial", en base a decretos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Szpolski deslindó responsabilidades en cuanto a su implementación, ya que aseguró que esos canjes estaban en manos del área contable y administrativa de cada una de esas empresas, en las cuales Szpolski dijo que "no tenía participación".

Según fuentes con acceso a las causas judiciales, esa fue la parte más endeble de su defensa, ya que Szpolski tomaba "todas las decisiones" en su grupo de medios, "más allá de que había puesto a testaferros como supuestos responsables de cada una de sus empresas", dijeron fuentes judiciales.

Entre los años 2012 y 2013, Clarín publicó las primeras notas sobre esta metodología impulsada por Szpolski, que perjudicaba a sus empleados. Pero en lugar de castigarlo , la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le destinaba a sus medios de comunicación cientos de millones de pesos en publicidad oficial durante la gestión kirchnerista.

Por ejemplo, durante el año 2015, la ANSeS le puso avisos por $ 105 millones a los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América, FM Rock & Pop y CN23, entre otros medios del Grupo Veintitrés; mientras que la Secretaría de Comunicación Pública le adjudicó otros $ 307 millones, convirtiéndose en el grupo que más publicidad oficial recibió en 2015, año en que Szpolski fue candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria.

Fuente: Clarin

 

CONDENA EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA LANATA, WIÑAZKI Y EL GRUPO CLARIN POR UNA FALSA INFORMACION

22-FEB/2019

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46, a cargo del juez Fernando Pablo Christello, admitió parcialmente la demanda por daños y perjuicios deducida por el ex ministro Norberto Yauhar contra Jorge Lanata, Nicolás Winazki, Arte Televisivo Argentino S.A. y Radio Mitre S.A. La condena asciende los 600 mil pesos.

El ex titular de la cartera de Agricultura de la Nación acudió a la Justicia Civil e interpuso una demanda por resarcimiento de daños y perjuicios por la difusión de un informe periodístico, que data de 2013.

Afirmó, entre otras cuestiones, que los periodistas promocionaron y pusieron al aire una investigación en el programa televisivo “Periodismo para todos”, donde le atribuyeron vínculos con el narcotráfico, en el marco de un informe relativo al hallazgo de cocaína en un cargamento de langostinos.

El demandante negó todas las acusaciones y aseveró que la información brindada era “falaz, injuriosa y descalificante”. En este escenario, el juez de grado repasó las grabaciones y archivos donde se afirmó que el accionante “está en el negocio de la droga”, “tiene contacto con los narcos”, “está relacionado con el tema narco” y “en algún momento va a ir preso, por narco”.

De este modo, el magistrado explicó “se aludió expresa, efectiva e indubitablemente a hechos”, pero que de los antecedentes aportados “no surge elemento alguno que vincule de manera alguna a Norberto Gustavo Yauhar con el narcotráfico”.

"Existió un ejercicio imprudente del derecho de informar, extremo que responsabiliza a los periodistas por el daño causado, toda vez que un enfoque acorde a la seriedad que debe primar en la misión de difundir noticias que pueden rozar la reputación de las personas, impone necesariamente responder a posteriori por los perjuicios que se provoquen", señaló el magistrado.

El sentenciante concluyó que los periodistas demandados "han difundido noticias falsas, relativas al vínculo del accionante con los narcos, su involucramiento en el negocio del tráfico de drogas y su futura captura y condena por esas actividades, en virtud de los cual deberán responder por los daños resultantes de su ilícito obrar".

Fuente: Diario Judicial

 

 

EL GRUPO OLMOS LE GANO UN JUICIO A CLARIN POR EL REGISTRO DE UNA MARCA

16-ENE/2019

Un fallo que calificó de infundada la oposición al registro de una marca, que lleva la denominación Next, porque se podría confundir con el suplemento de tecnología digital de Clarin. Se entendió que “la semejanza” por la coparticipación de las voces Next “se diluye” ante la partícula Clarín.

La Cámara Civil y Comercial confirmó una sentencia a favor de la actora en la causa “NEX TV SA c/ Arte Gráfico Editorial Argentino SA s/ cese de oposición al registro de marca” (NdR: Nex TV S.A. es una sociedad del Grupo Olmos dedicada a la explotación de medios audiovisuales) y, por ello, consideró que la oposición de la demandada al registro de la marca mixta Next tu mundo de entretenimiento era “infundada”.

La oposición al registro para el nomenclador de un servicio de teledifusión por cable, fue porque se generaría una confusión con Next el suplemento de tecnología digital Clarin, y next Suplemento de Tecnología e Informática de Clarín. La empresa actora aseguró que Next “es de uso común en varias clases del nomenclador y que el signo de su mandante es mixto mientras que el de la oponente es denominativo”.

El fallo de primera instancia, luego apelado por la demandada, consideró que Next “conforma un elemento débil el cual no puede ser monopolizado debido a que se encuentra en numerosos registros de la clase involucrada”, y que “los signos contrapuestos son inconfundibles habida cuenta que presentan diferencias notorias en los tres planos del cotejo”.

La Alzada, compuesta por los jueces Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo, sostuvo, al confirmar la resolución recurrida, que “en materia de marcas de productos y servicios el principio rector es que las denominaciones deben ser cotejadas como han sido solicitados, sin artificiales desmembraciones”.

La Alzada recordó que resolvió en otras oportunidades que, cuando el conjunto “tiene un determinado aspecto de particular peso distintivo es adecuado centrar la atención en ese elemento de superior poder individualizante”, esa postura no resultaba aplicable al caso “pues quien conforma su marca con un ingrediente de 'uso común' como lo es la palabra Next en la clase 38 está obligado a tolerar que otros también la empleen ya que nadie puede reivindicarla como propia”.

Además, el fallo destaca la “fuerza diferenciadora del aditamento” Clarín, que aleja de la asociación a los demás registros. “Rsulta claro que la semejanza que poseen los conjuntos por la coparticipación de las voces Next se diluye ante la diferencia generada por la presencia sobretodo de la partícula CLARIN en la denominación opuesta, dado que está dotada de suficiente poder distintivo para absorber, en la totalidad del signo, el parecido que impone el elemento coparticipado”, resume la sentencia.

Fuente: Diario Judicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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