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szpolski, procesado y embargado por no depositar los aportes jubilitarios de los empleados de lr9 radio america

18-JUL/2019

El empresario Sergio Szpolski fue procesado por apropiación indebida de aportes de la seguridad social de trabajadores de Radio América en períodos que van desde el 2012 al 2016, mientras que fue embargado en 2 millones de pesos.






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Así lo resolvió el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, quien también procesó a Oscar Flores, quien estaba al frente de la firma DESUP S.A y trabajaba bajo las órdenes de Szpolski.

Fueron los propios trabajadores de la Radio América quienes hicieron la denuncia y aseguraron que la toma de decisiones en la empresa y en cuanto a las cuestiones salariales estaba bajo la tutela de Szpolski, allá a partir del 2009.

Tanto periodistas como técnicos de la radio declararon como testigos ante el juez y aseguraron que era el propio Szpolski quien tomaba las decisiones en el grupo, y hasta se había comprometido ante aquellos a regularizar el pago de aportes hasta que finalmente en 2016 se la vendió supuestamente al empresario Mariano Martínez Rojas.

El 11 de junio de 2016 Martínez Rojas entro con un grupo de personas a la emisora Radio América, en la planta situada en Pergamino 4055. Allí, según los testigos, irrumpió alegando ser el nuevo dueño de la empresa Deluxe S.A. -supuestamente titular de la emisora- y ordenó la interrupción de la grilla de emisión e hizo cesar la transmisión, hecho penado por los artículos 194 y 197 del Código Penal. Por esto, el empresario está procesado.

En su descargo, Szpolski dijo que si bien ha sido el responsable editorial en algunos medios, jamás ha tenido injerencia, conocimiento o decisión en relación a las cuestiones impositivas de los mismos, que eran tareas fuera de su alcance.

Pero el juez concluyó que de acuerdo a la prueba acumulada, era él quien “se habría encargado, entre diversas cuestiones, de la toma de decisiones relativas al pago a los empleados en relación de dependencia y del destino de las sumas retenidas a aquéllos que debían haber sido ingresadas al Fisco dentro del término legal para hacerlo”.

Por ello lo procesó por apropiación indebida de aportes de los trabajadores de Radio América y le trabó un embargo de 2 millones de pesos.

Fuente: NA

 

la corte suprema definio que la regulacion de las antenas es de competencia federal

10-JUL/2019

En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia admitió un planteo de empresas de telefonía celular y declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de General Guemes, Salta que ordenaba la reubicación de antenas de telefonía celular por fuera del ejido urbano.

De esa forma, hizo lugar a una queja entablada por Telefónica Móviles y dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Salta que, al ratificar lo decidido en primera instancia, rechazo una acción declarativa promovida contra la ordenanza que disponía la erradicación en un plazo de 60 días de estructuras y antenas de la zona urbana.

Los cuestionamientos de Telefónica fueron en torno a que la comuna se “arrogó lisa y llanamente potestades ambientales vinculadas con materias interjurisdiccionales de competencia federal que se encuentran bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comunicaciones”.

La mayoría de la Corte, integrada esta vez por los supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti coincidieron con ese planteo, asegurando que se trataba de “una intromisión en aspectos regulatorios que son propios de la competencia de las autoridades federales en la materia”.

En contrapartida, los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti entendieron que la ordenanza se encuentra amparada constitucionalmente “por ser consecuencia del legítimo ejercicio del poder de policía municipal”.

El voto que terció la cuestión apuntó a que “la autonomía municipal ahora constitucionalizada no puede ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales”, y en ese contexto, al ordenarse la remoción de antenas ya instaladas y alterar por esa vía el diseño de la red de telefonía celular, existía una intromisión a un aspecto regulatorio de “competencia nacional exclusiva”.

“La Municipalidad, al sancionar la Ordenanza, ha invadido indebidamente facultades que fueron delegadas por las provincias a la Nación (artículo 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional). Por ello, el artículo 17 de la Ordenanza en la medida en que ordena el traslado dentro del plazo de 60 días de las antenas de las actoras ya instaladas en zonas restringidas, es decir, a una distancia menor a los 500 metros del ejido urbano (conf. surge del artículo 6°) resulta inconstitucional”, resumieron los supremos.

La disidencia, en cambio, se inclinó por darle primacía a la autonomía municipal y a su poder de policía en materia de sanidad y medio ambiente. Maqueda y Rosatti sostuvieron que la ordenanza 299/10 no entra en conflicto con la regulación federal” porque no tiene por objeto regular aspectos técnicos que se vinculen con el núcleo del servicio de telecomunicaciones”.

Fuente: Diario Judicial

 

 

procesaron a cuatro personas por operar un sistema de tv paga ilegal en corrientes

23-ABR/2019

El Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes dictó el procesamiento con prisión preventiva para los cuatro acusados en una causa que se inició por denuncias de retransmisión ilegal de señales que realizó DirecTV contra Itatí Cable Color y Caá Catí Cablevisión.

“En los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual que cableoperadores utilicen -en forma no autorizada- decodificadores de empresas de TV paga satelital, contratados para uso domiciliario, con el fin de retransmitir en forma ilegal algunas señales de TV que estas ofrecen a sus abonados”, manifestaron desde la citada firma querellante.

En este contexto, también destacó que “enfoca sus esfuerzos en combatir la piratería de contenido audiovisual y, en este caso, la retransmisión ilegal de señales”.

Por último, indicaron que “por este tipo de piratería, desde el año 2012 a la fecha, se han realizado más de 39 allanamientos en todo el país”.

Fuente: El Litoral

 

 

Procesan y embargan en $ 93 millones a Sergio Szpolski por evasión tributaria en medios K

22-FEB/2019

El ex empresario de medios K Sergio Szpolski sumó dos nuevos procesamientos y embargos por $ 93 millones. El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway lo procesó por evasión de aportes laborales en el canal de noticias CN23 y el diario gratuito El Argentino. Con estas maniobras Szpolski perjudicó a cientos de periodistas y otros empleados a los que no les hizo los aportes jubilatorios.

El juez también procesó a otros siete directivos de esos medios K, por "apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social", y los embargó por un total de $ 400 millones, según revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Estas medidas judiciales contra Szpolski se suman a las que también tomó Galván Greenway durante el año pasado, cuando lo procesó en cuatro causas y lo embargó en $ 13,5 millones; mientras que a sus testaferros y ex directivos les trabó embargos por otros $ 63 millones, incluyendo $600.000 contra la secretaria de Szpolski, Patricia Prinos, que figura como directiva de la empresa Milione (asesoramiento de medios).

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Galván Greenway resolvió que todos los procesamientos sean, por ahora, "sin prisión efectiva". El delito que se les imputa contempla penas de 2 a 6 años de cárcel; aunque si Szpolski fuera condenado como jefe de una asociación ilícita, podría elevarse la pena a entre 5 y 10 años de prisión.

Estas son seis de las 18 causas judiciales en que se dividió la denuncia original contra el disuelto Grupo Veintitrés, que realizó el ex titular de la AFIP, Alberto Abad, en julio de 2016. El organismo reclama 163 millones de pesos, que evadió Szpolski en aportes de la seguridad social de más de 800 empleados, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés (Tiempo Argentino, Miradas al Sur, CN23 y Poligráfica del Plata, entre otros).

Esas denuncias las continúa impulsando el actual titular del organismo recaudador Leandro Cuccioli.

La evasión de aportes, que perjudicó a gran parte de los empleados del ya disuelto grupo de medios K, tuvo dos metodologías: por un lado, las empresas presentaban la declaración jurada de sus empleados en relación de dependencia y retenían los aportes previsionales, pero luego no los depositaban. La segunda variante era que las sumas eran "ingresadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello", según la denuncia de la AFIP.

En las últimas dos medidas judiciales, además de Szpolski, el juez Galván Greenway procesó a siete personas del canal CN23 y el disuelto diario gratuito El Argentino: Roberto Flores, Daniel Saraceni y José Angerossa, con embargos por $ 93 millones (iguales a los de Szpolski); mientras que Alejandro Conde tuvo un embargo de $ 28,8 millones, María Isabel Miralles $ 28,7 millones y José D'Amario $ 2,8 millones.

En su declaración ante la Justicia, Szpolski sostuvo que todas las deudas impositivas y previsionales, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés, fueron "canjeadas por publicidad oficial", en base a decretos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Szpolski deslindó responsabilidades en cuanto a su implementación, ya que aseguró que esos canjes estaban en manos del área contable y administrativa de cada una de esas empresas, en las cuales Szpolski dijo que "no tenía participación".

Según fuentes con acceso a las causas judiciales, esa fue la parte más endeble de su defensa, ya que Szpolski tomaba "todas las decisiones" en su grupo de medios, "más allá de que había puesto a testaferros como supuestos responsables de cada una de sus empresas", dijeron fuentes judiciales.

Entre los años 2012 y 2013, Clarín publicó las primeras notas sobre esta metodología impulsada por Szpolski, que perjudicaba a sus empleados. Pero en lugar de castigarlo , la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le destinaba a sus medios de comunicación cientos de millones de pesos en publicidad oficial durante la gestión kirchnerista.

Por ejemplo, durante el año 2015, la ANSeS le puso avisos por $ 105 millones a los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América, FM Rock & Pop y CN23, entre otros medios del Grupo Veintitrés; mientras que la Secretaría de Comunicación Pública le adjudicó otros $ 307 millones, convirtiéndose en el grupo que más publicidad oficial recibió en 2015, año en que Szpolski fue candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria.

Fuente: Clarin

 

CONDENA EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA LANATA, WIÑAZKI Y EL GRUPO CLARIN POR UNA FALSA INFORMACION

22-FEB/2019

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46, a cargo del juez Fernando Pablo Christello, admitió parcialmente la demanda por daños y perjuicios deducida por el ex ministro Norberto Yauhar contra Jorge Lanata, Nicolás Winazki, Arte Televisivo Argentino S.A. y Radio Mitre S.A. La condena asciende los 600 mil pesos.

El ex titular de la cartera de Agricultura de la Nación acudió a la Justicia Civil e interpuso una demanda por resarcimiento de daños y perjuicios por la difusión de un informe periodístico, que data de 2013.

Afirmó, entre otras cuestiones, que los periodistas promocionaron y pusieron al aire una investigación en el programa televisivo “Periodismo para todos”, donde le atribuyeron vínculos con el narcotráfico, en el marco de un informe relativo al hallazgo de cocaína en un cargamento de langostinos.

El demandante negó todas las acusaciones y aseveró que la información brindada era “falaz, injuriosa y descalificante”. En este escenario, el juez de grado repasó las grabaciones y archivos donde se afirmó que el accionante “está en el negocio de la droga”, “tiene contacto con los narcos”, “está relacionado con el tema narco” y “en algún momento va a ir preso, por narco”.

De este modo, el magistrado explicó “se aludió expresa, efectiva e indubitablemente a hechos”, pero que de los antecedentes aportados “no surge elemento alguno que vincule de manera alguna a Norberto Gustavo Yauhar con el narcotráfico”.

"Existió un ejercicio imprudente del derecho de informar, extremo que responsabiliza a los periodistas por el daño causado, toda vez que un enfoque acorde a la seriedad que debe primar en la misión de difundir noticias que pueden rozar la reputación de las personas, impone necesariamente responder a posteriori por los perjuicios que se provoquen", señaló el magistrado.

El sentenciante concluyó que los periodistas demandados "han difundido noticias falsas, relativas al vínculo del accionante con los narcos, su involucramiento en el negocio del tráfico de drogas y su futura captura y condena por esas actividades, en virtud de los cual deberán responder por los daños resultantes de su ilícito obrar".

Fuente: Diario Judicial

 

 

EL GRUPO OLMOS LE GANO UN JUICIO A CLARIN POR EL REGISTRO DE UNA MARCA

16-ENE/2019

Un fallo que calificó de infundada la oposición al registro de una marca, que lleva la denominación Next, porque se podría confundir con el suplemento de tecnología digital de Clarin. Se entendió que “la semejanza” por la coparticipación de las voces Next “se diluye” ante la partícula Clarín.

La Cámara Civil y Comercial confirmó una sentencia a favor de la actora en la causa “NEX TV SA c/ Arte Gráfico Editorial Argentino SA s/ cese de oposición al registro de marca” (NdR: Nex TV S.A. es una sociedad del Grupo Olmos dedicada a la explotación de medios audiovisuales) y, por ello, consideró que la oposición de la demandada al registro de la marca mixta Next tu mundo de entretenimiento era “infundada”.

La oposición al registro para el nomenclador de un servicio de teledifusión por cable, fue porque se generaría una confusión con Next el suplemento de tecnología digital Clarin, y next Suplemento de Tecnología e Informática de Clarín. La empresa actora aseguró que Next “es de uso común en varias clases del nomenclador y que el signo de su mandante es mixto mientras que el de la oponente es denominativo”.

El fallo de primera instancia, luego apelado por la demandada, consideró que Next “conforma un elemento débil el cual no puede ser monopolizado debido a que se encuentra en numerosos registros de la clase involucrada”, y que “los signos contrapuestos son inconfundibles habida cuenta que presentan diferencias notorias en los tres planos del cotejo”.

La Alzada, compuesta por los jueces Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo, sostuvo, al confirmar la resolución recurrida, que “en materia de marcas de productos y servicios el principio rector es que las denominaciones deben ser cotejadas como han sido solicitados, sin artificiales desmembraciones”.

La Alzada recordó que resolvió en otras oportunidades que, cuando el conjunto “tiene un determinado aspecto de particular peso distintivo es adecuado centrar la atención en ese elemento de superior poder individualizante”, esa postura no resultaba aplicable al caso “pues quien conforma su marca con un ingrediente de 'uso común' como lo es la palabra Next en la clase 38 está obligado a tolerar que otros también la empleen ya que nadie puede reivindicarla como propia”.

Además, el fallo destaca la “fuerza diferenciadora del aditamento” Clarín, que aleja de la asociación a los demás registros. “Rsulta claro que la semejanza que poseen los conjuntos por la coparticipación de las voces Next se diluye ante la diferencia generada por la presencia sobretodo de la partícula CLARIN en la denominación opuesta, dado que está dotada de suficiente poder distintivo para absorber, en la totalidad del signo, el parecido que impone el elemento coparticipado”, resume la sentencia.

Fuente: Diario Judicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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