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el derecho a la imagen vence a los 20 años de fallecimiento de la persona, confirma fallo de segunda instancia

02-DIC/2020

Uno de los herederos de Alberto Olmedo perdió una demanda por daños y perjuicios contra YPF por un spot publicitario donde se utilizaba la imagen del personaje “Capitán Piluso”. Se determinó que al momento de la publicación no era necesario contar con el consentimiento de los herederos, según el artículo 35 ley 11.723.

Por el campeonato mundial de Brasil 2014, la empresa YPF dio a conocer un spot publicitario en el que se proyectan imágenes de diversos argentinos -de reconocida trayectoria en distintos ámbitos- asignándole a cada uno un puesto en la cancha de un hipotético equipo de fútbol. Entre las figuras se encontraba el artista y comediante Alberto Olmedo personificando al “Capitán Piluso”.

El hijo menor del artista entabló una demanda por daños y perjuicios por la supuesta utilización sin autorización de la imagen. En primera instancia fue rechazada la demanda en los autos "Olmedo Herrera, Alberto Orlando c/ YPF S.A. y otro s/ daños y perjuicios".

En su decisión, el juez de grado recordó que el artículo 31 del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (11.723) dispone que “el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o la madre”.

Sin embargo, el magistrado recordó que ese requerimiento puede dispensarse cuando “la publicación del retrato se relacione con fines culturales en general y científicos o didácticos en particular, o con hechos y acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público; y, la persona fallezca sin dejar cónyuge, ascendientes o descendientes identificados por la ley 11723, o hubieran transcurrido veinte años de su muerte”. Olmedo falleció el 5 de marzo de 1988, por lo que el plazo se encontraba cumplido desde el 5 de marzo de 2008, según el fallo.

“Por lo que resulta de aplicación al caso el art. 35 de la ley citada en cuanto establece que el consentimiento a que se refiere el art. 31 para la publicación del retrato no es necesario después de transcurridos 20 años de la muerte de la persona retratada. Es decir, que transcurrido dicho plazo la imagen entra en el dominio público y cesan para los herederos los derechos patrimoniales por su uso”, determinó.

En su presentación ante la Cámara, el actor se quejó por la interpretación que se realizó en la anterior instancia sobre la ley 11.723 y, además, adujo que la publicidad resultaba ofensiva, motivo por el cual, con fundamento en el inciso b del artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, la pretendida prescripción no se configuraría en el caso.

Sin embargo, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil coincidió que resultaba aplicable el plazo de 20 años establecido en el artículo 35 de la ley, cuyo cómputo se inicia con el fallecimiento de la persona retratada, en el caso, el padre del actor, ocurrido el 5 de marzo de 1988. De este modo, la publicidad realizada por la demandada en el mes de octubre de 2013 "no necesitaba la autorización de los herederos".

Las camaristas María Isabel Benavente y Gabriela Iturbide también rechazaron las quejas en las que se alegó que la publicidad resultaba ofensiva. “(…) la publicidad no se hace más que rememorar, con un claro tono de admiración, figuras de nuestro país consideradas como distinguidas en distintos ámbitos, tales como el padre del actor y el Dr. René Favaloro, entre otros”, concluyeron.

Fuente: Diario Judicial
 

 

 

 

LA JUSTICIA INTERVINO TELEARTE S.A. - CANAL 9

27-NOV/2020

La venta de Canal 9 al Grupo Octubre quedó en suspenso por una medida judicial que desplazó de la empresa al presidente Carlos Lorefice Lynch, quien había vendido la emisora a Víctor Santa María. El juez comercial Eduardo Malde también dispuso que las empresas controlantes de la emisora “no podrán ceder sus licencias sin previa autorización judicial”.

La interventora Laura Filippi se hizo cargo este martes de sus funciones. Una fuente judicial dijo que ella ahora tiene la representación legal de las sociedades y tiene que informarle al juez lo que encuentre referido a las sociedades titulares de las licencias de Canal 9 y FM Aspen, que fueron transferidas hace poco al Grupo Octubre, en pleno litigio.




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El empresario mexicano González prefirió no hacer comentarios. Fuentes próximas a Lorefice Lynch aseguraron que “esto no afecta la transferencia del canal y la radio al Grupo Octubre”, ya que “es una medida cautelar, temporaria, por el conflicto societario con González. Además, sigue funcionando el Comité Ejecutivo, que maneja el Grupo Octubre y se ocupa de la gestión cotidiana”.

El viernes pasado el Grupo Octubre, de Víctor Santa María, compró el 90% de Canal 9 y FM Aspen a Lorefice Lynch y pasó a manejar la gestión de la emisora. Santa María es el jefe del PJ porteño, titular del gremio de los porteros SUTERH, secretario de Prensa de la CGT y cercano a Alberto Fernández. Con esa adquisición Octubre ampliaba su multimedio: es dueño del diario Página/12, dos revistas, la radio AM750 y otras tres FM (además de Aspen), junto con el canal de noticias Información Periodística (IP).

Lorefice Lynch y González mantienen juicios cruzados en la Argentina y los Estados Unidos.

El mexicano le ganó recientemente a Lorefice Lynch un juicio en Delaware, donde lo acusó de haberse apropiado de la emisora, luego de haber sido su testaferro durante años, para eludir las restricciones a la propiedad extranjera en la Argentina. Lorefice Lynch apeló ese fallo ante la Corte Suprema de Delaware y acusó en la justicia argentina a González de estafa.

A ese embrollo judicial se le suma la designación de la interventora por el juez Malde, basado en el fallo de la jueza Morgan Zurn, de los Estados Unidos.

El juez Malde dispuso la “intervención atenuada de la sociedad”, con “desplazamiento provisorio” de Lorefice Lynch, designando un interventor judicial con atribuciones de presidente del directorio, según el fallo al que accedió Clarín. Y dispuso que Lorefice Lynch “tampoco podrá ceder o transferir, ya sea total o parcialmente sus tenencias accionarias en Sebrumax, HFS Media, Prime Argentina, IMC San Agustín, Televisión ABC, IMC Radios y Telearte”. Habrá que ver cómo sigue en la Justicia este proceso.

Fuente: Clarín

 

 

 

CAUTELAR A FAVOR DE FOX-DISNEY Y EN CONTRA DE LA AFA

02-NOV/2020

El Juzgado Comercial 24 de la Ciudad de Buenos Aires emitió una medida cautelar este 30 de octubre que autorizó a The Walt Disney Company a continuar transmitiendo los partidos del fútbol local a través de su señal premium Fox Sports Premium. De esta manera, provisoriamente el fútbol argentino se seguirá visualizando en TNT Sports (Turner) y Fox Sports Premium, como viene siendo desde 2017.

La multinacional FSLA Holdings LLC (Fox Sports) consiguió hoy (viernes 30) la aprobación de una medida cautelar en el Juzgado Comercial 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transmitirá la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, tras la ruptura unilateral del contrato por parte de la AFA.

El magistrado Horacio Robledo dio curso al pedido de Fox Sports de "no innovar" y en consecuencia, los 10 partidos restantes de la fecha inicial de la competición nacional se repartirán entre Fox Sports/ESPN -pertenecen al grupo Disney- y TNT Sports (TNT-Turner), ya que los de este viernes se verán por dicha señal en el pack fútbol.

Por el momento, la decisión judicial retrotrae el escenario al martes, cuando ambas cadenas contaban con los derechos de TV hasta 2022, con opción de ampliarlo por cinco años, y una cláusula extra para llevarlos hasta 2031.

Hasta el momento, las autoridades de la AFA no hicieron declaraciones al respecto, aunque recibieron la noticia poco después de las 14, con "poca sorpresa", ya que esperaban "un inicio adverso en el litigio", según deslizó a TelAm un fuente cercana al organismo rector del fútbol local.

Sin embargo, desde el entorno del presidente, Claudio Tapia, no descartaron retomar las negociaciones con Disney, nuevo dueño de Fox Sports -fusionada de hecho con ESPN-, para conseguir un piso para la llave nueva de 140 millones de dólares, lo que ofrecía TNT Sports para hacerse de la otra mitad del paquete.

El problema se suscitó cuando TNT-Turner no envió el ofrecimiento para evitar conflictos con la otra empresa estadounidense y aguardó la movida judicial.

Fuente: Agencia Telam

 

 

Rechazan un recurso de Cablevisión contra el fallo que ordenó incluir en su grilla a CIUDAD TV

23-SEP/2020

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso extraordinario federal de la empresa Cablevisión SA para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que ordenó a la empresa del grupo Clarín incluir en su grilla de canales a la señal de noticias Ciudad TV, una de las dos del país con cobertura provincial.

La resolución fue dictada el 16 de septiembre último y lleva las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en el marco de la medida cautelar impulsada por Radio Ciudad SRL contra Cablevisión.

Fuente: Chaco día por día

 

Condenan a un canal de televisión por difundir la imagen y los datos de un menor durante una toma de rehenes

25-AGO/2020

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de un noticiero por exponer la imagen y datos privados de un niño que fue víctima de una toma de rehenes. Todo ello en los autos “T., A. B. c/Arte Televisivo Argentino y otros s/daños y perjuicios”.

En febrero de 2008, a raíz de un hecho delictivo, el niño y su madre fueron tomados como rehenes en un asalto. Advertida por los vecinos, se hizo presente en el lugar la policía como así también varios medios televisivos, que difundieron la noticia en sus respectivos informativos e incluso algunos de ellos la transmitieron en vivo. Sin embargo, en el noticiero de Telearte SA -Canal 9- no sólo se transmitió el momento en que eran detenidos los ladrones, sino que le asignó al niño un rol protagónico, dedicándole una extensa nota.

Según consta en la causa, los periodistas anunciaron el “testimonio exclusivo del chiquito de cinco años” mientras se mostraba la imagen de la madre. También se dijo que “los delincuentes tomaron como escudo humano” al niño y se relató el “calvario que tuvo que vivir junto a su pequeño hijo”.

En la entrevista propiamente dicha, se interrogó al niño que se encontraba en brazos de su padre: “V., ¿ya pasó todo? ¿te acordás cuántos eran?, “¿te hicieron algo a vos?”, “¿les dijiste algo a ellos?”. Luego de las respuestas del niño, se puede ver al pequeño diciendo: “yo no quiero hablar de eso, porque al principio me dio mucho miedo”.

La mujer afirmó que “sin mediar consentimiento” y “estando en estado de shock” el niño fue nombrado y sacado al aire con la cara “sin tapar”. La progenitora expresó, además, que esto les produjo consecuencias, ya que la “exposición mediática a la que se vio sometido el menor, lo hizo revivir la horrible experiencia una y otra vez”.

La sentencia de primera instancia acogió la acción promovida por la progenitora en representación de su hijo menor de edad contra “Telearte SA Empresa de Radio y Televisión”, rechazándola con relación a los restantes medios demandados. En consecuencia, condenó a la vencida a pagar la suma de $278.840, con más sus intereses y las costas del juicio.

Para así decidir, el juez consideró que “ni el interés público ni que el hecho delictivo haya ocurrido en la vía pública justifican en modo alguno la violación” de las disposiciones legales que protegen a los menores de edad”.

“Es claro que el derecho a la imagen del niño se vio conculcado al emitirse su imagen por televisión, así como también su derecho a la intimidad, considerando los datos que sobre él se divulgaron y la entrevista a la que fue sometido, sobre sus vivencias personales y traumáticas, al haber sido víctima de un delito”, sostuvo el magistrado en la sentencia que llegó a la Alzada por el recurso de apelación.

La Cámara Civil afirmó que el tenor del reportaje, esto es, conocer la experiencia traumática de boca del niño, “no guarda relación con interés público de la noticia”, y “pone de manifiesto el propósito de apelar a la sensibilidad y curiosidad de los televidentes”.

“El tiempo dedicado a la nota mientras la cámara enfocaba directamente a V. sin ningún tipo de protección, no sólo deja al descubierto la innecesaria exposición a la que fue sometido, sino el tratamiento desproporcionado que se le dio a la entrevista a tal punto que, como agudamente observa el a quo, la noticia del robo y toma de rehenes -que involucró a otras personas más- pasó prácticamente a segundo plano”, explicaron los jueces.

El noticiero mencionó varias veces al menor con datos que permitían identificarlo inequívocamente -su nombre de pila, su edad, el nombre de pila de su madre, la localidad en la que se encontraba su vivienda-, se lo entrevistó largamente y se lo mostró sin taparlo en modo alguno, durante prácticamente toda la nota periodística y los avances publicitarios.

Para los vocales, “aun cuando en el momento en que se realizó la nota los padres no se mostraron en absoluto disgustados por la filmación, la entrevista y la relevancia que el medio periodístico dio al niño, tampoco se infiere de manera inequívoca que aquéllos hubiesen consentido expresamente que la divulgación se hiciera sin ningún tipo de cuidado -pixelado- para preservar su identificación”.

De todos modos, los camaristas explicaron que el consentimiento tácito “era irrelevante como causa de justificación para enervar la operatividad del daño y el consiguiente derecho a la reparación, más aún frente a la negativa exteriorizada del hijo”.

Y añadieron “Se exhibió innecesariamente la imagen sin ocuparse por impedir la identificación del niño sino, muy por el contrario, haciendo visible su rostro, llamándolo por su nombre y mencionando el de su madre, en contravención a la directiva que contiene el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 22 de la ley 26.061 y su decreto reglamentario, como así también el artículo 1 de la ley 20.056”.

En este sentido, los magistrados concluyeron que de este último precepto se desprende la expresa prohibición de exponer y divulgar la imagen de los menores de edad, víctimas de delitos, extremo que “no pudo pasar inadvertido para el medio periodístico, difusor de la entrevista”.

Fuente: Diario Judicial

 

 

 

 

AMPARO A FAVOR DE RADIODIFUSOR PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE LAS LOMITAS NO LE DESMANTELE LA ANTENA

11-AGO/2020

La Cámara Federal de Resistencia ordenó a la Municipalidad de Las Lomitas, provincia de Formosa, que se abstenga de adoptar cualquier medida que implique la clausura de Radio UNO–FM 94.1, ello implica: "La incautación, retiro o desmantelamiento de su antena y/o cualquiera de los demás equipamientos, o que impida, restrinja o afecte de cualquier manera las transmisiones de esa radioemisora, hasta que se dicte sentencia en el juicio principal. Todo ello previa caución juratoria que deberá prestar el actor en primera instancia."

Este fallo, emitido en julio de este año, revocó la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, que rechazó el amparo solicitado por el radiodifusor Diego Madoery contra el municipio de Las Lomitas.

La emisora cuenta con licencia ajudicada por el Enacom en el año 2019, a través de la Resolución 4566. Se le otorgó la frecuencia 94.3 MHz. y categoría E.

El titular de Radio Uno solicitó dicha medida cautelar: "A raíz de la pretensión abusiva e ilegal de la Municipalidad al exigir el cumplimiento de ordenanzas que no han sido publicadas, bajo apercibimiento de desmantelar la antena y/o cualquier otro componente de la radioemisora".

El juzgado de primera instancia no hizo lugar a la medida solicitada, al argumentar que no se acreditó la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, "dado que se cuestiona la aplicación de ordenanzas municipales, las que gozan en principio de la presunción de legitimidad de los actos administrativos emanados de los órganos del Estado, dictadas dentro del marco de facultades que le son propias al Municipio, lo que constituiría objeto del pleito". También el juez consideró que la cautelar pedida importaría adelantar así el resultado final del juicio".

Madoery en la apelación sostuvo que el peligro en la demora estaba acreditado con el tenor de la propia intimación notificada el 11/05/2020 por la Municipalidad de las Lomitas que ordena el desmantelamiento de la antena.

La Ordenanza Municipal Nº 607/2017, del 7 de diciembre de 2017, aprobó el Régimen Especial Regulatorio de la ocupación del suelo, subsuelo y/o espacio aéreo para el tendido dentro del ejido de las Lomitas, y a través de la Nº 608/2017 de la misma fecha se aprobó el Régimen de Instalación de antenas dentro del ejido de dicha localidad.

La Municipalidad de las Lomitas notificó a Madoery el 11 de mayo de este año “que se ha verificado mediante inspección desde los Departamentos de Comercio, Bromatología e Higiene y Obras Públicas y Privadas de esta Municipalidad, la instalación de una antena de radio, ubicada en la Ruta Nacional 81 Oeste 410, sin contar con la correspondiente habilitación…por lo expuesto, queda intimado a que en un plazo de 48 hs. hábiles administrativas, contadas a partir de la recepción de la presente, a la inmediata presentación de la documentación ante las dependencias de este municipio, a los fines de regularizar el funcionamiento de antenas, y abonar las tasas estipuladas en las mencionadas ordenanzas municipales, bajo apercibimiento de proceder al retiro y desarme de toda la instalación realizada. Queda Ud. debida y legalmente notificado e intimado.”

Sin embargo, el radiodifusor señaló que la Municipalidad de las Lomitas ya había inspeccionado la estructura de la antena en 2015 otorgando a la radioemisora la habilitación correspondiente para su funcionamiento y la volvió a inspeccionar recientemente -conforme Acta labrada el 19/11/2019- encontrándose vigentes las Ordenanzas Nros. 607/2017 y 608/2017 -sin hacer constar objeción alguna-. Estos hechos no fueron considerados en la resolución que rechazó la medida cautelar en primera instancia.

La Cámara Federal de Resistencia resaltó la jurisdicción nacional en la regulación de los sistemas de telecomunicaciones y que en el caso de Radio Uno su equipamiento técnico ya había sido aprobado por la Autoridad nacional.

En lo que atañe al requisito de “peligro en la demora” los camaristas entendieron que está configurado, "ya que el perjuicio económico que se causaría sería altísimo si no se concediera la cautelar, habida cuenta las intimaciones cursadas por el municipio y el vencimiento del plazo otorgado para proceder al desmantelamiento de la antena existente, con las erogaciones que ello implica".

 

 

 

 

 

tomas mendez: otro fallo confirmo condena por difamacion y exasesor involucrado en estafa millonaria

03-AGO/2020

 

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la condena impuesta por la Cámara Civil y Comercial de 2ª Nominación en diciembre de 2018 contra el periodista Tomás Méndez, quien conduce en la actualidad un programa en C5N.

El fallo del máximo tribunal cordobés es del 21 de julio y se refiere a la demanda que le entabló al periodista el empresario entrerriano Horacio Fritzler por las menciones que hizo en el programa televisivo ADN que produjo, condujo y salía al aire por Canal 10 de Córdoba, de los SRT.

En una de las emisiones se refirió a títulos inmobiliarios de tierras ‘truchos’ que habría adquirido el empresario en La Rinconada, departamento Río Seco. Para sostener sus dichos realizó entrevistas de pobladores y presuntos damnificados que no quisieron mostrarse en cámara para evitar ser reconocidos. La demanda también señalaba que Méndez generó sospechas sobre actividades de narcotráfico al mencionar la existencia de una pista de aterrizaje en un campo propiedad de Fritzler. “No creo que llegue soja en avioneta”, indicó en su programa.

La Cámara Civil analizó estos elementos y le impuso una condena que consiste en el resarcimiento de $50.000 más intereses desde 2011 y la retractación en algún espacio comunicacional que posea en la actualidad, atento a que ADN no se emite más por la señal local.

La defensa de Méndez cuestionó los fundamentos del tribunal y recurrió ante el TSJ que ahora rechazó la casación y, de ese modo, confirmó lo resuelto por la Cámara.

El TSJ rechazó los argumentos presentados advirtiendo que los jueces inferiores habían analizado la situación de las usurpaciones a las que se refirió el programa y que consideró como un conflicto entre privados la diferencia entre información y opinión.

El TSJ subrayó que la Cámara también examinó las entrevistas realizadas por el periodista rechazando el reproche de no haberlas analizado.

Doctrina Campillay. “Igual suerte adversa corresponde asignar a las objeciones que critican la improcedencia de la estrategia defensiva enancada en la doctrina ‘Campillay’”, sostuvo el TSJ al analizar la doctrina de la real malicia que aplicó la Corte Suprema.

Y continuó: “Repárese que (la Cámara Civil) fue tratando uno a uno tales presupuestos y concluyó que ninguno aparecía cumplido; lo cual implica que, de haberse verificado al menos uno de ellos, la solución habría sido diferente”. “Tampoco pueden prosperar las críticas que denuncian que el Tribunal de Grado habría confundido los conceptos ‘opinión’ e ‘información’ (…) la construcción de esas frases tiene carácter asertivo, y que contienen lisa y llanamente la afirmación de hechos delictivos, atribuidos a Fritzler, que no encuentran soporte en las entrevistas sino que provienen directamente del periodista”.

El abogado de Méndez, Gustavo Liebau, analizan si presentarán un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema analice el caso.

Fuente: Diario Perfil

Estafa millonaria a Apross: el jefe de la banda era asesor del exconcejal Tomás Méndez

La investigación por la "mafia de los medicamentos" comenzó a mediados de 2019. Está a cargo del fiscal José Mana, luego de una denuncia realizada por la Administración Provincial de Seguro Social (Apross), y en los últimos días se conocieron más detalles de las estafas millonarias.

De acuerdo a las pruebas recabadas, la aseguradora sufrió pérdidas de 30 millones de pesos mensuales y, a la fecha, la cifra llega a 500 millones de pesos en total. Por este hecho, hay cinco detenidos imputados por los delitos de estafa y falsedad ideológica en concurso real.

Quiénes son los detenidos

Luego de varios allanamientos en viviendas de barrio Sargento Cabral y Observatorio, y farmacias de la ciudad de Córdoba, cinco personas fueron arrestadas.

Entre ellos, cayó el jefe de la banda. Se trata de Guillermo Antonio Notararigo (47), el asesor del bloque Vamos que lideraba el exconcejal Tomás Méndez, actual conductor de un programa periodístico en C5N. Luego fue empleado de Apross.

Su hijo, Federico Notararigo (20) también quedó tras las rejas. Al momento de los allanamientos en su casa, aseguró tener coronavirus. Un amplio operativo se activó para evitar contagios. Sin embargo, era mentira.

El modus operandi

La banda de estafadores se presentaba en las farmacias con recetas truchas y retiraba medicamentos antes de que los reciba el beneficiario, es decir, que estaban listos para ser entregados. Eran remedios costosos para tratar enfermedades crónicas, como drogas oncológicas, insulina y tiras reactivas, inmunogamaglobulina, entre otros.

Debido a que el verdadero afiliado con la dolencia no recibía el medicamento, Apross debía pagarlos dos veces. Luego, los delincuentes vendían esos insumos al mercado negro.

Fuente: El Doce

 

 

 

 

la importancia del blureado para no vulnerar derechos, destaca fallo

18-JUL/2020

En los autos "E. N. E. y ot. c/ TV Mar del Plata S.A. s/ daños y perjuicios", la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata condenó a un programa de teve por publicar una foto de un hombre internado sin su consentimiento.

El canal publicó la imagen del hombre, actualmente fallecido, internado en condiciones deplorables con la intención de mostrar la realidad que vivían los pacientes en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende. La familia lo reconoció, ya que no se utilizó ninguna técnica para difuminar el rostro, y decidió promover una demanda.

Los jueces entendieron que la fotografía fue publicada con el "indisimulable propósito de generar curiosidad y estupor en el público, pues en definitiva retrata a una persona -esposo de la actora- en condiciones deplorables de higiene y comodidad que son incompatibles con las que debieran hallarse en un hospital"; así, la conjunción de ambos factores no luce casual y constituye una práctica habitual en publicaciones periodísticas destinadas a circular por redes sociales.

Además, "el medio periodístico anticipa parcialmente el contenido de la nota y brinda -o muchas veces exagera- elementos lo suficientemente atractivos como para generar en el lector una curiosidad que solo podrá satisfacerse si se ingresa -o sea, si se hace clic- en el enlace y se accede al contenido principal alojado en el sitio web de la empresa", explicaron los magistrados.

Los camaristas rechazaron el argumento de la empresa que alegó un uso razonable y medido de la fotografía y su vinculación con el modo de producir el contenido periodístico, ya que era el elemento protagonista de la publicación: a ella apuntaba el título y en ella reposaba toda la estrategia de captación de atención de los potenciales lectores.

Al respecto, añadieron que se debe ponderar "la naturaleza de la fotografía, la calidad y cantidad de información que brinda sobre las cualidades y particularidades físicas de la persona y, por último, a la razonable probabilidad de que esa información pueda llevar a que alguien vinculado a su entorno familiar o social lo reconozca".

Por todo lo expuesto, la justicia resolvió indemnizar por daño moral a la esposa del hombre fallecido, pero rechazó la pretensión indemnizatoria de sus hijos en carácter de sucesores, por carecer de legitimación activa al no haber iniciado el causante la acción mientras vivía.

El caso resultó prácticamente idéntico que trató la Corte Suprema al fallo “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida”, de 1984, donde el Máximo Tribunal sostuvo “la publicación de la fotografía de un hombre público tomada subrepticiamente la víspera de su muerte en la sala de terapia intensiva del sanatorio donde se hallaba internado (…) excede el límite legítimo y regular del derecho a la información”, y que la presencia “no autorizada ni consentida de un fotógrafo en una situación límite de carácter privado que furtivamente toma una fotografía con la finalidad de ser nota de tapa, no admite justificación y su publicación resulta violatoria del derecho a la intimidad”. Este fallo también también fue citado en la sentencia a favor de Sergio "Kun" Aguero y Karina "La Princesita", por publicaciones de la misma índole.

Fuente: Diario Judicial
 

 

 

 

fallo de camara obliga a cablevision a incluir en la grilla a ciudad tv de resistencia

25-JUN/2020

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó una apelación de Cablevisión SA y confirmó una medida cautelar dictada en primera instancia que había ordenado incluir en su grilla de canales a la señal de noticias Ciudad TV que se emite desde la capital chaqueña, y que pertenece al Grupo Ciudad que completan Radio Ciudad y el Portal de Noticias Chaco Día Por Día.

La resolución fue dictada el pasado jueves 18 de junio y lleva las firmas de las camaristas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá. Al rechazar la apelación de la empresa del grupo Clarín, se ratifica el fallo del Juzgado Federal de Resistencia que data de febrero de 2018 y que, hasta el momento, la poderosa empresa mediática se rehusó a acatar. Por ese motivo, el 15 de noviembre de 2019 el Juzgado Federal decidió fijar astreintes a la empresa Cablevisión SA para conminarla al cumplimiento de la manda judicial.

El derecho de Ciudad TV

En marzo 2017, una resolución del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) reconoció expresamente el derecho de Ciudad Televisión a ser incluida en la grilla de programación de los cableoperadores que prestan servicio en la provincia del Chaco, entre otros, Cablevisión. Sin embargo, la empresa del Grupo Clarín objetó la legalidad de la medida dictada por el órgano de aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522) y se negó a acatar la resolución.

En ese contexto, como titular de la Licencia Única Argentina Digital, el director del Grupo Ciudad, Pedro Cáceres, decidió impulsar una medida cautelar ante la justicia federal de Resistencia para que Cablevisión cumpla con la disposición del ENACOM y garantice el derecho de la señal de noticias a contar con una plataforma de difusión de sus contenidos que cumplen con todas las exigencias de la ley nacional y que es una de las dos señales de noticias del interior del país con cobertura provincial.

Fuente: Chaco día por día

 

 

 

CONDUCTOR NO ES LO MISMO QUE PERIODISTA, DETERMINO UNA SENTENCIA DEL FUERO LABORAL

20-JUN/2020

En la causa “TORTONESE, HUMBERTO c/ RADIODIFUSORA BUENOS AIRES S.A. s/ DESPIDO”, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con votos de los jueces Luis Catardo y Víctor Pesino, revocó un fallo de primera instancia que había admitido la demanda deducida por el actor y humorista Humberto Tortonese contra Radio Con Vos.

En julio de 2018, la demandada decidió dar por terminada la participación de Tortonese en el programa Black&Toc, que conducía junto a Elizabeth “La Negra” Vernaci , quien en un acto de solidaridad hacia su compañero también abandonó el ciclo, emitido con éxito desde 2014.

Tortonese demandó a la radiodifusora por despido, y el juez de primera instancia concluyó que existió el contrato laboral apuntado al demandar y que resultan aplicables al caso las normativas del Estatuto del Periodista, pues las tareas realizadas por el actor deben encuadrarse en el art. 2do. Primer párrafo de la ley 12.908. Contra la decisión, la empresa demandada apeló la sentencia.

Elevado el recurso, la Sala VIII revocó la sentencia de grado, evaluando que “hay que descartar de plano que el accionante fuera “periodista” sino que era “conductor” y tal categoría no encuadra dentro del Estatuto del Periodista ya que los programas en que participó no eran periodísticos”.

Para la aplicación del Estatuto del Periodista se requiere a aquellas personas comprendidas en el Art. 2, la inscripción en la matrícula nacional de periodista y que es obligatoria y se acordará sin restricción alguna a las personas comprendidas en el Art. 2 salvo las excepciones señaladas en la mencionada ley. Tampoco demostró que la demandada sea una empresa periodística.

Tampoco logró demostrar el actor hubiese sido contratado por la demandada, aun cuando la misma le hubiese pagado por sus servicios, advirtieron los jueces.

“Al respecto y sin perjuicio de que lo declarado por Medrani no está corroborado por otro medio de prueba, observo que, en la demanda, el actor reconoció que desde un comienzo participó de los programas de la señora Vernaci, con la cual el formaba un “dúo que funcionaba”, según relató Zimmermann, cuyo testimonio sobre este tema es valioso porque lo conoce desde 1986 y, evidentemente, sabe la relación que tenía y tiene con la señora Vernaci. Es por ello, que no me quedan dudas en cuanto a que su presencia en los programas fue producto de una decisión de esta última o negociada entre ambos.” sostuvo el tribunal.

“No obsta a esta conclusión que el actor facturase sus intervenciones directamente a la demandada. En efecto, a fs. 217 y siguientes el actor adjuntó un contrato celebrado con la demandada el 31 de enero de 2007 que, si bien es el único obrante en el expediente, sirve como guía para entender la relación que los uniera. Solo al pasar destaco que, contrariamente a lo sostenido al acompañarlo, no existen pruebas de que hubiese sido obligado a firmarlo. De dicho acuerdo se desprende que, los horarios de prestación de servicios del actor sería consensuados (cláusula primera), lo que descarta cualquier imposición de la accionada y demuestra que Tortonese tenía también poder de decisión al respecto” apuntó la Sala VIII.

En definitiva, para el tribunal la circunstancia de que sus ingresos los hubiese solventado la radio "no permite concluir que entre las partes existió un contrato de trabajo, porque la dependencia económica no lo define. Lo determinante es la subordinación jurídica que, en esta relación era inexistente, porque Tortonese no estaba sujeto a directiva alguna de parte de la radio, sino a los filtros de los programas, que definía la señora Vernaci, ni tampoco a algún poder disciplinario".

"Por ende, en ningún momento el actor se incorporó o formó parte de una empresa total o parcialmente ajena, sino de un programa radial en el que sus intervenciones generaban su propia responsabilidad, con una obligación de indemnidad hacia la demandada, lo que descarta la existencia de un vínculo dependiente con la demandada", sintetizó la Cámara.

Fuente: Diario Judicial
 

 

 

PERIMETRAL PARA LOS AGRESORES DE PERIODISTA DE RADIO DE LA PLATA

16-MAR/2020

El Juzgado de Garantías 6 de La Plata a cargo del juez Agustín Crispo ordenó una reestricción perimetral que afecta a los imputados por la agresión sufrida por el periodista de la Red 92, Juan Pablo Ferrari y ordenó custodia para él y su familia debido a amenazas de muerte que recibe, según señaló el afectado en su red social.

"Debido al premeditado y artero ataque que sufrí a finales de febrero, la Justicia Platense resolvió hoy en un fallo que procura brindar garantías de los trabajadores de prensa, una restricción perimetral y custodia para mí y mi familia. La medida recae sobre los agresores, todos empleados de Soeme, y llega del atinado trabajo profesional del Juzgado de Garantías 6 de La Plata que encabeza el juez Agustín Crispo. Estoy amenazado, pero no pierdo la convicción y la fuerza", posteó Ferrari.

A mediados del mes pasado Ferrari estaba cubriendo para la emisora Red92 un operativo en la sede de 1 entre 55 y 56 del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educacion (SOEME) cuando dos personas comenzaron a agredirlo y le robaron el celular con el que tomaba imagenes, por lo que personal policial destacado en 1 y 55, advertido por testigos, intervino de inmediato y detuvo a Dario Cournet (de 48 años) y a Mario Soto (44) quienes se identificaron como empleados de SOEME.

El celular de Ferrari fue encontrado en la vereda de enfrente, lo que corrobora que el objeto de la agersión no fue un robo sino impedir la cobertura periodística y todo quedó registrado en cámaras de seguridad del estadio del club Estudiantes de La Plata, filmaciones que ya obran en poder de la fiscal Medina.

Ferrari destacó que tanto el personal policial como la seguridad de Club Estudiantes actuaron con suma eficiencia y descartó el robo como móvil del accionar de los dos detenidos.

Fuente: Diariofull

 

 

sabbatella fue condenado a 6 meses de prision por su desempeño en la afsca

04-MAR/2020

El juez Ariel Lijo condenó a 6 meses de prisión a Martín Sabbatella por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La resolución incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. Sabbatella se convirtió ahora en el primer funcionario del nuevo gobierno nacional que es condenado por un hecho de su gestión anterior.

Sabbatella, que actualmente encabeza la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), fue juzgado por hechos ocurridos cuando estuvo al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) y se resolvió readecuar de oficio al grupo Clarín según lo que disponía la Ley de Medios. Al resto de los acusados, que cumplían funciones en esa repartición y también llegaron procesados al debate, los absolvieron.

Durante la lectura del veredicto, el magistrado resaltó el valor del juicio oral en donde las partes tienen la obligación de probar la acusación que realizan. “De lo que se trata es de garantizar la vigencia del Estado de derecho y su alcance, y de cómo el Estado debe actuar respecto de un particular se trate de quien se trate”, aseguró Lijo, quien rechazó los planteos de nulidad realizados durante el debate y anticipó que el jueves se conocerán los fundamentos de la decisión.

En el proceso se investigaron las conductas que tuvo el funcionario con el Grupo Clarín. El juicio comenzó en noviembre del año pasado y el fiscal federal Eduardo Taiano dio por probada la acusación y había solicitado que Sabbatella fuera condenado a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad.

Según la imputación del fiscal Taiano, el directorio de la AFSCA convocó a una reunión para tratar de manera urgente unos informes sobre la adecuación, que fue aprobada en octubre de 2014. La Fiscalía también señaló que la actuación de la AFSCA ocurrió mientras había una disputa entre el por entonces gobierno de Cristina Kirchner y ese grupo de medios. Sabbatella llegó a juicio bajo la acusación de haber actuado “abusando del cargo público que ocupaba como presidente del Directorio del AFSCA y ordenó y avaló el trámite diferencial y arbitrario".

El resto de los acusados son Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo. Para ellos la Fiscalía y la querella pidieron penas que van del año y medio a los ocho meses de cárcel. Por su parte, las defensas de los imputados rechazaron las acusaciones y pidieron las absoluciones de cada uno de los ex directivos.

Hoy, minutos después de las 10, Lijo ingresó a la Sala B, ubicada en la planta baja del edificio para iniciar la última jornada de debate. Estaba colmada de personas. Habló de la importancia de la oralidad de los debates e invitó al acusado que quisiera pasar para decir lo que quisiera. Algunos optaron por el silencio. “Miren que esta es su oportunidad de decir lo que quieran, yo lo estoy escuchando”, les dijo Lijo, y uno de los imputados que no tenía pesando hablar pasó al micrófono.

En sus exposiciones, Saavedra acusó al fallecido juez Claudio Bonadio, mientras Lorena Di Filippo planteó que la sospecha en su contra fue por haber dado celeridad a un trámite cumpliendo con su función. “Espero que haya justicia”, añadió.

Antes de la lectura de la sentencia, Sabbatella tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras e insistió en el escenario de “lawfare” del que ya habló Cristina Kirchner. “Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegemónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte del poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se buscó una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley”, afirmó.

Y añadió: “Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todas y todos, de ser un militante político, es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso”.

Hubo un receso hasta las 12:30 donde todos volvieron a concentrarse en el recinto. Lijo anunció allí el rechazo de los planteos de nulidad en el debate y su veredicto: la condena de seis meses de prisión e inhabilitación por un año para Sabbatella, por el cargo de abuso de autoridad; y la absolución de los otros implicados.

“La ratificación me parece un disparate. Probamos con claridad la inexistencia del delito y es evidente que acá necesitaban tener algo, aunque sea, para mostrar el disciplinamiento –dijo Sabbatella consultado por Infobae–. Me alegro por la absolución de todo el conjunto. Yo asumo la responsabilidad total y absoluta de lo que se hizo, cumpliendo con la ley. Soy de los que creen que la ley es para todos y todas y vamos a apelar, obviamente”.

Mientras hablaba, abogados, familiares y amigos armaron un círculo alrededor de Sabbatella y comenzaron a aplaudirlo en el hall, a la salida del recinto. El funcionario salió caminando acompañado, por las escalinatas de Comodoro Py.
 

Fuente: Infobae

 

 

 

 

MULTA A TELECENTRO POR NO ENVIAR LAS FACTURAS A UN CLIENTE

10-FEB/2020

La empresa Telecentro deberá pagar una multa por no enviarle las facturas en soporte papel a un cliente. La firma no le habría garantizado el acceso al detalle mensual de los servicios que le facturara.

La Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la disposición administrativa que impuso a la empresa Telecentro SA una multa de 60 mil pesos por infracción a los artículos 4 y 19 de la ley de Defensa del Consumidor (24.240). El fallo reconoció, además, la suma de 10 mil pesos en concepto de daño directo.

Las actuaciones fueron iniciadas por un cliente, quien denunció a la firma Telecentro ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC). En su presentación, manifestó que contrató los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija, pero la empresa no le envió las facturas, debido a que pueden consultarse en línea o descargar desde la sucursal virtual.

El hombre realizó reclamos por la factura, como también por diversos problemas que causaron la interrupción del servicio. Sin embargo, la firma esgrimió que las facturas fueron emitidas en tiempo y forma bajo el sistema “bajo puerta” y que también pueden "visualizarse desde la página web en forma online".

La DGDYPC imputó a Telecentro S.A. por la presunta violación a la ley 24.240, en tanto “(…) no le habría garantizado al denunciante durante el año 2015 el acceso al detalle mensual de los servicios que le facturara en dicho periodo, omitiendo el envío de facturas en soporte papel o facilitándole el acceso a las mismas por algún otro medio” y no le habría prestado “los servicios comprometidos en forma óptima, continuada y regular”

En este escenario, los jueces del Tribunal de Alzada señalaron que no obra en autos constancia respecto a que la parte actora “haya efectivamente contestado los diversos reclamos efectuados por el denunciante”.

“Nótese, en tal sentido, que la empresa se limitó a acompañar una serie de impresiones de pantalla de las que surgiría la respuesta que le fue dada al cliente frente a cada llamado”, añadió el fallo de la Sala I y concluyó: “Tal situación –que no da cuenta porqué la empresa dejó de enviar la factura de los servicios junto con la revista– conlleva, sin más, una palmaria afectación a la obligación legal que recae sobre la empresa de suministrar información cierta y suficiente, en el marco de una relación de consumo”.

Fuente: Diariojudicial

 

 

La Justicia se pronunció contra el cobro compulsivo de tributos a Crónica TV

09-DIC/2019

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que prohibió a la AFIP iniciar el cobro compulsivo de obligaciones tributarias contra la empresa de televisión por cable Estrella Satelital S.A., dueña de Crónica TV, según se informó en Tribunales

Al ratificar la resolución provisoria dictada en primera instancia, la Sala V de la Cámara evaluó que Estrella Satelital es un "medio de comunicación que produce servicios audiovisuales", actividad que, en el marco de las leyes 25.750 y 26.522, fue "declarada de interés público".

La AFIP había apelado la cautelar argumentado que el juez obvió "la realidad de los hechos y el interés público", en la medida que le impedía recaudar un impuesto destinado a sufragar gastos generales de la Nación, además de general una "clara vulneración" al principio de división de poderes.

Según constancias de la causa, en marzo de 2016 la empresa solicitó la adhesión al régimen de regularización de deuda impositiva, previsional y/o aduanera previsto por los decretos 2379/2015 y 345/2016.

Del balance general acompañado al 31 de diciembre de 2015 surgía que la contribuyente atravesaba una situación económica-financiera "delicada" ya que había incurrido en pérdidas netas de 208.687.336,25 durante ese ejercicio fiscal.

El organismo recaudador, mediante resolución 033/009/2017, resolvió rechazar el pedido y, al mantener su postura, marcó la imposibilidad de otorgar el beneficio fiscal, ya que la contribuyente había suscripto un contrato con la empresa Alta Densidad SRL a la cual designaba como su administradora.

"De lo estipulado en el referido contrato, los ingresos que genera Estrellas Satelital S.A. por su actividad solo se ven reflejados en la contabilidad de la gerenciadora, que es un sujeto ajeno a la beneficiaria del canje, lo que lleva a concluir la inviabilidad de la solicitud presentada", expuso la AFIP.

La Sala V de la Cámara ponderó que la actividad que desarrolla la demandante "debe ser preservada por su importancia vital para la democracia, el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional, el acervo cultural y la libertad de expresión".

Además de la afectación a la "libertad de prensa" que busca salvaguardar la medida cautelar, el tribunal destacó "el derecho de la sociedad de recibir y buscar información, de modo que la tributación no puede llevar a privar de contenido a esos derechos".

Para los camaristas Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treacy, la resolución de la AFIP "constituye un acto de gobierno indirecto que vulnera el ejercicio de la libertad de prensa, ya que por conducto de la aplicación de normas tributarias ejerce presión sobre la contribuyente".

Fuente: Crónica

 

la corte suprema eximio de responsabilidad a un medio por publicar una difamacion

06-DIC/2019

La Corte Suprema revocó la condena a un medio de prensa y a sus editores por la publicación de un artículo cuya autoría corresponde a un columnista

Con motivo de la nota periodística publicada por el diario “La Arena” —que hacía referencia a la donación “trucha” de un predio para la construcción del edificio donde iba a funcionar un nuevo centro de contención de menores en las afueras de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa— Stella Marys García y la Fundación Nuestros Pibes demandaron a su autor, a la propietaria del diario y a los editores por afectación al honor y al prestigio institucional de la referida fundación.

El Superior Tribunal de la Pampa —luego de puntualizar que la responsabilidad adjudicada al autor de la nota quedó firme porque el recurso extraordinario provincial había sido declarado extemporáneo— confirmó la sentencia que condenó a aquellos por el daño moral causado a las actoras.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario planteado por los demandados y revocó la condena respecto del diario y de los editores.

Los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco sostuvieron que resultaba aplicable al caso la doctrina del precedente “Campillay” según la cual, en determinadas condiciones, la reproducción de los dichos de otro no trae aparejada responsabilidad civil ni penal para quien los difunde en tanto se haya atribuido el contenido de la información a la fuente pertinente y se haya efectuado, además, una transcripción sustancialmente fiel a lo manifestado por aquella.

Consideraron demostrado que el artículo cuestionado había sido escrito y firmado por un columnista que no tenía relación de dependencia con la empresa propietaria del diario. En tales condiciones, juzgaron que la fuente de la noticia había quedado plenamente identificada y que era contra ella que debían dirigirse los reclamos.

Señalaron que el hecho de que el periodista fuera un colaborador habitual del diario no autorizaba a concluir que el medio había compartido o había hecho suyas las opiniones o el contenido del artículo en cuestión.

Destacaron que la aplicación de la doctrina “Campillay” está destinada a establecer un ámbito suficientemente generoso para el ejercicio de la libertad de expresión y que su fundamento principal radica en que, “en temas de relevancia pública, parece prioritario que todas las voces sean escuchadas, para que se acreciente y se robustezca el debate propio de un sistema democrático. Si el informador pudiera ser responsabilizado por el mero hecho de la reproducción del decir ajeno es claro que se convertiría en un temeroso filtrador y sopesador de la información, más que su canal desinhibido. Ello restringiría la información recibida por la gente y, al mismo tiempo, emplazaría al que informa en un impropio papel de censor”.

Resaltaron que cuando se individualiza la fuente, quien difunde la noticia no se hace cargo de su veracidad, no la hace propia, ni le agrega fuerza de convicción. Una posición contraria implicaría que la prensa debiese constatar —de modo previo y en forma fehaciente— la verdad de las manifestaciones de terceros que publica, en violación al mencionado derecho de libertad de expresión garantizado en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

Asimismo, entendieron que la utilización de la palabra “trucha” en uno de los títulos no había importado que el medio hubiese hecho suyo el contenido de la referida nota. Con sustento en un precedente análogo afirmaron que el recurso periodístico del titulado solo apuntaba a traslucir el contenido de las publicaciones y no daba base alguna para considerarlo como un producto intelectual autónomo o para atribuir a los dueños de los diarios (o sus editores) una suerte de coautoría del texto publicado. Agregaron que, eventualmente, podría atribuirse responsabilidad en el caso de que se presentara una total discordancia entre el título y el contenido de la nota, supuesto que aquí no se advertía.

Los jueces Maqueda y Lorenzetti, por su voto, consideraron, en primer lugar, que en la causa había quedado acreditado que la publicación cuestionada había sido escrita y firmada por un periodista que, aun cuando no tenía una relación de dependencia formal con el diario, era su columnista habitual en materia económica. En ese contexto, entendieron que resultaban razonables los argumentos del superior tribunal respecto de que no podía considerarse a dicho periodista firmante como la “fuente identificable” de la información que eximiese de responsabilidad al diario.

No se trata de un tercero ajeno al medio gráfico sino de un periodista que colabora asiduamente con el periódico y, para el público lector, plenamente identificado con aquél. Considerarlo la “fuente identificable” que requiere la doctrina “Campillay” resulta un argumento de riesgo, dado que tendría como posible efecto el incentivo de la autocensura, actitud que justamente se pretende evitar cuando de libertad de prensa y expresión se trata.

En segundo lugar, al examinar si existía responsabilidad derivada de la publicación del artículo periodístico, consideraron que la nota no tenía carácter difamatorio por reflejar lo que en los hechos había ocurrido. Por ello no correspondía examinar el caso a la luz de las doctrinas de esta Corte “Campillay” y de la "real malicia".

Por último, entendieron que tampoco existía responsabilidad derivada de las opiniones y juicios de valor efectuados en la nota acerca de un tema de indudable interés público −la vinculación económica entre una fundación y el gobierno provincial−, pues no se advertían insultos o locuciones que no guardasen relación con el sentido crítico del discurso.

El juez Rosatti, en su voto, juzgó aplicable al caso la referida doctrina “Campillay”. Añadió que la “frecuencia/asiduidad” de la participación de un columnista en un determinado medio no puede erigirse en un elemento que determine la identificación de ambos y, en consecuencia, autorice la extensión de la responsabilidad por los daños derivados de la publicación.

Explicó que “la columna, en tanto género periodístico, analiza, interpreta y orienta al público sobre un determinado suceso con una asiduidad, extensión y ubicación concretas en un medio determinado; constituye un comentario analítico y valorativo con una finalidad similar a la del editorial: crear opinión a partir de la propia. No puede considerarse que la frecuencia con que el columnista participa en el medio de prensa (semanal, quincenal, mensual, etc.) configure, sin más, un elemento que inexorablemente conlleve a afirmar la existencia de vinculación ideológica entre éste y el periódico, y en consecuencia a extender a este último la responsabilidad que pudiere derivarse de la publicación elaborada por aquel”.

Además, destacó que la circunstancia de que la publicación lleve la rúbrica del columnista adquiere una importancia particular, desde que al permitir conocer “al que habla” genera con los lectores un ‘pacto de lectura’ que, en ocasiones, va más allá de la relación que pueda entablarse con el medio de prensa que constituye el soporte de la nota y podría, inclusive, perdurar a pesar de éste, subsistiendo aunque el columnista cambie de medio.

Finalmente, el juez Rosatti concluyó en la imposibilidad de responsabilizar al medio de prensa y a sus editores por el contenido de la nota con sustento en que los términos utilizados en el título que la encabezaba no importaban una suerte de coautoría del texto publicado.

Fuente: CIJ

 

 

 

 

el 12 de noviembre comienza el juicio contra sabbatella y otros por supuesto abuso de poder

16-OCT/2019

El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (Afsca) durante el gobierno kirchnerista, Martín Sabbatella, será juzgado desde el 12 de noviembre próximo por el presunto delito de "abuso de autoridad" en el marco de una denuncia por supuestas irregularidades en las exigencias de readecuación al grupo Clarín en base a la Ley de Medios.

El debate oral estará a cargo del juez federal Ariel Lijo, ya que se trata de un juicio con tribunal unipersonal por tratarse de un delito que prevé una pena no mayor a tres años de prisión, informaron fuentes judiciales.

Lijo fijó el inicio del debate para el martes 12 de noviembre, a las 10, en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

Además de Sabbatella serán juzgados Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo.

Se trata de una investigación que estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a todos los acusados, en un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña, y por eso el caso ahora llegó a juicio.

El 26 de mayo de 2017 Bonadio procesó a Sabbatella y a quienes lo acompañaron en el directorio de la Afsca por presunto "abuso de autoridad" en base a una denuncia presentada por el grupo Clarín.

Según la denuncia, el entonces funcionario habría dado un "trámite diferencial" a ese grupo por sobre otros en los expedientes de adecuación voluntaria a la Ley de Medios con mayores exigencias, lo que derivó finalmente en el rechazo y en la aplicación de una "adecuación de oficio".

Bonadio procesó a Sabbatella porque dio por probado que "abusando del cargo público que ocupaba como Presidente del Directorio del Afsca ordenó y avaló el trámite diferencial y artibrario" del expediente del Grupo Clarín SA de adecuación voluntaria.

Además firmó la resolución donde se rechazó el plan y se impuso una adecuación de oficio.

Bonadio comparó el trámite con otros similares de grupos como DirecTV, Prisa, Nemesio, Supercanal, Telecentro, Telefe e Indalo para determinar que hubo supuesta "arbitrariedad" con Clarín en 2012.

Fuente: Telam

 

 

szpolski, procesado y embargado por no depositar los aportes jubilitarios de los empleados de lr9 radio america

18-JUL/2019

El empresario Sergio Szpolski fue procesado por apropiación indebida de aportes de la seguridad social de trabajadores de Radio América en períodos que van desde el 2012 al 2016, mientras que fue embargado en 2 millones de pesos.

Así lo resolvió el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, quien también procesó a Oscar Flores, quien estaba al frente de la firma DESUP S.A y trabajaba bajo las órdenes de Szpolski.

Fueron los propios trabajadores de la Radio América quienes hicieron la denuncia y aseguraron que la toma de decisiones en la empresa y en cuanto a las cuestiones salariales estaba bajo la tutela de Szpolski, allá a partir del 2009.

Tanto periodistas como técnicos de la radio declararon como testigos ante el juez y aseguraron que era el propio Szpolski quien tomaba las decisiones en el grupo, y hasta se había comprometido ante aquellos a regularizar el pago de aportes hasta que finalmente en 2016 se la vendió supuestamente al empresario Mariano Martínez Rojas.

El 11 de junio de 2016 Martínez Rojas entro con un grupo de personas a la emisora Radio América, en la planta situada en Pergamino 4055. Allí, según los testigos, irrumpió alegando ser el nuevo dueño de la empresa Deluxe S.A. -supuestamente titular de la emisora- y ordenó la interrupción de la grilla de emisión e hizo cesar la transmisión, hecho penado por los artículos 194 y 197 del Código Penal. Por esto, el empresario está procesado.

En su descargo, Szpolski dijo que si bien ha sido el responsable editorial en algunos medios, jamás ha tenido injerencia, conocimiento o decisión en relación a las cuestiones impositivas de los mismos, que eran tareas fuera de su alcance.

Pero el juez concluyó que de acuerdo a la prueba acumulada, era él quien “se habría encargado, entre diversas cuestiones, de la toma de decisiones relativas al pago a los empleados en relación de dependencia y del destino de las sumas retenidas a aquéllos que debían haber sido ingresadas al Fisco dentro del término legal para hacerlo”.

Por ello lo procesó por apropiación indebida de aportes de los trabajadores de Radio América y le trabó un embargo de 2 millones de pesos.

Fuente: NA

 

la corte suprema definio que la regulacion de las antenas es de competencia federal

10-JUL/2019

En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia admitió un planteo de empresas de telefonía celular y declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de General Guemes, Salta que ordenaba la reubicación de antenas de telefonía celular por fuera del ejido urbano.

De esa forma, hizo lugar a una queja entablada por Telefónica Móviles y dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Salta que, al ratificar lo decidido en primera instancia, rechazo una acción declarativa promovida contra la ordenanza que disponía la erradicación en un plazo de 60 días de estructuras y antenas de la zona urbana.

Los cuestionamientos de Telefónica fueron en torno a que la comuna se “arrogó lisa y llanamente potestades ambientales vinculadas con materias interjurisdiccionales de competencia federal que se encuentran bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comunicaciones”.

La mayoría de la Corte, integrada esta vez por los supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti coincidieron con ese planteo, asegurando que se trataba de “una intromisión en aspectos regulatorios que son propios de la competencia de las autoridades federales en la materia”.

En contrapartida, los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti entendieron que la ordenanza se encuentra amparada constitucionalmente “por ser consecuencia del legítimo ejercicio del poder de policía municipal”.

El voto que terció la cuestión apuntó a que “la autonomía municipal ahora constitucionalizada no puede ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales”, y en ese contexto, al ordenarse la remoción de antenas ya instaladas y alterar por esa vía el diseño de la red de telefonía celular, existía una intromisión a un aspecto regulatorio de “competencia nacional exclusiva”.

“La Municipalidad, al sancionar la Ordenanza, ha invadido indebidamente facultades que fueron delegadas por las provincias a la Nación (artículo 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional). Por ello, el artículo 17 de la Ordenanza en la medida en que ordena el traslado dentro del plazo de 60 días de las antenas de las actoras ya instaladas en zonas restringidas, es decir, a una distancia menor a los 500 metros del ejido urbano (conf. surge del artículo 6°) resulta inconstitucional”, resumieron los supremos.

La disidencia, en cambio, se inclinó por darle primacía a la autonomía municipal y a su poder de policía en materia de sanidad y medio ambiente. Maqueda y Rosatti sostuvieron que la ordenanza 299/10 no entra en conflicto con la regulación federal” porque no tiene por objeto regular aspectos técnicos que se vinculen con el núcleo del servicio de telecomunicaciones”.

Fuente: Diario Judicial

 

 

procesaron a cuatro personas por operar un sistema de tv paga ilegal en corrientes

23-ABR/2019

El Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes dictó el procesamiento con prisión preventiva para los cuatro acusados en una causa que se inició por denuncias de retransmisión ilegal de señales que realizó DirecTV contra Itatí Cable Color y Caá Catí Cablevisión.

“En los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual que cableoperadores utilicen -en forma no autorizada- decodificadores de empresas de TV paga satelital, contratados para uso domiciliario, con el fin de retransmitir en forma ilegal algunas señales de TV que estas ofrecen a sus abonados”, manifestaron desde la citada firma querellante.

En este contexto, también destacó que “enfoca sus esfuerzos en combatir la piratería de contenido audiovisual y, en este caso, la retransmisión ilegal de señales”.

Por último, indicaron que “por este tipo de piratería, desde el año 2012 a la fecha, se han realizado más de 39 allanamientos en todo el país”.

Fuente: El Litoral

 

 

Procesan y embargan en $ 93 millones a Sergio Szpolski por evasión tributaria en medios K

22-FEB/2019

El ex empresario de medios K Sergio Szpolski sumó dos nuevos procesamientos y embargos por $ 93 millones. El juez en lo Penal Económico Juan Galván Greenway lo procesó por evasión de aportes laborales en el canal de noticias CN23 y el diario gratuito El Argentino. Con estas maniobras Szpolski perjudicó a cientos de periodistas y otros empleados a los que no les hizo los aportes jubilatorios.

El juez también procesó a otros siete directivos de esos medios K, por "apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social", y los embargó por un total de $ 400 millones, según revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Estas medidas judiciales contra Szpolski se suman a las que también tomó Galván Greenway durante el año pasado, cuando lo procesó en cuatro causas y lo embargó en $ 13,5 millones; mientras que a sus testaferros y ex directivos les trabó embargos por otros $ 63 millones, incluyendo $600.000 contra la secretaria de Szpolski, Patricia Prinos, que figura como directiva de la empresa Milione (asesoramiento de medios).

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Galván Greenway resolvió que todos los procesamientos sean, por ahora, "sin prisión efectiva". El delito que se les imputa contempla penas de 2 a 6 años de cárcel; aunque si Szpolski fuera condenado como jefe de una asociación ilícita, podría elevarse la pena a entre 5 y 10 años de prisión.

Estas son seis de las 18 causas judiciales en que se dividió la denuncia original contra el disuelto Grupo Veintitrés, que realizó el ex titular de la AFIP, Alberto Abad, en julio de 2016. El organismo reclama 163 millones de pesos, que evadió Szpolski en aportes de la seguridad social de más de 800 empleados, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés (Tiempo Argentino, Miradas al Sur, CN23 y Poligráfica del Plata, entre otros).

Esas denuncias las continúa impulsando el actual titular del organismo recaudador Leandro Cuccioli.

La evasión de aportes, que perjudicó a gran parte de los empleados del ya disuelto grupo de medios K, tuvo dos metodologías: por un lado, las empresas presentaban la declaración jurada de sus empleados en relación de dependencia y retenían los aportes previsionales, pero luego no los depositaban. La segunda variante era que las sumas eran "ingresadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello", según la denuncia de la AFIP.

En las últimas dos medidas judiciales, además de Szpolski, el juez Galván Greenway procesó a siete personas del canal CN23 y el disuelto diario gratuito El Argentino: Roberto Flores, Daniel Saraceni y José Angerossa, con embargos por $ 93 millones (iguales a los de Szpolski); mientras que Alejandro Conde tuvo un embargo de $ 28,8 millones, María Isabel Miralles $ 28,7 millones y José D'Amario $ 2,8 millones.

En su declaración ante la Justicia, Szpolski sostuvo que todas las deudas impositivas y previsionales, cuando estaba a cargo del Grupo Veintitrés, fueron "canjeadas por publicidad oficial", en base a decretos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Szpolski deslindó responsabilidades en cuanto a su implementación, ya que aseguró que esos canjes estaban en manos del área contable y administrativa de cada una de esas empresas, en las cuales Szpolski dijo que "no tenía participación".

Según fuentes con acceso a las causas judiciales, esa fue la parte más endeble de su defensa, ya que Szpolski tomaba "todas las decisiones" en su grupo de medios, "más allá de que había puesto a testaferros como supuestos responsables de cada una de sus empresas", dijeron fuentes judiciales.

Entre los años 2012 y 2013, Clarín publicó las primeras notas sobre esta metodología impulsada por Szpolski, que perjudicaba a sus empleados. Pero en lugar de castigarlo , la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le destinaba a sus medios de comunicación cientos de millones de pesos en publicidad oficial durante la gestión kirchnerista.

Por ejemplo, durante el año 2015, la ANSeS le puso avisos por $ 105 millones a los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América, FM Rock & Pop y CN23, entre otros medios del Grupo Veintitrés; mientras que la Secretaría de Comunicación Pública le adjudicó otros $ 307 millones, convirtiéndose en el grupo que más publicidad oficial recibió en 2015, año en que Szpolski fue candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria.

Fuente: Clarin

 

CONDENA EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA LANATA, WIÑAZKI Y EL GRUPO CLARIN POR UNA FALSA INFORMACION

22-FEB/2019

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46, a cargo del juez Fernando Pablo Christello, admitió parcialmente la demanda por daños y perjuicios deducida por el ex ministro Norberto Yauhar contra Jorge Lanata, Nicolás Winazki, Arte Televisivo Argentino S.A. y Radio Mitre S.A. La condena asciende los 600 mil pesos.

El ex titular de la cartera de Agricultura de la Nación acudió a la Justicia Civil e interpuso una demanda por resarcimiento de daños y perjuicios por la difusión de un informe periodístico, que data de 2013.

Afirmó, entre otras cuestiones, que los periodistas promocionaron y pusieron al aire una investigación en el programa televisivo “Periodismo para todos”, donde le atribuyeron vínculos con el narcotráfico, en el marco de un informe relativo al hallazgo de cocaína en un cargamento de langostinos.

El demandante negó todas las acusaciones y aseveró que la información brindada era “falaz, injuriosa y descalificante”. En este escenario, el juez de grado repasó las grabaciones y archivos donde se afirmó que el accionante “está en el negocio de la droga”, “tiene contacto con los narcos”, “está relacionado con el tema narco” y “en algún momento va a ir preso, por narco”.

De este modo, el magistrado explicó “se aludió expresa, efectiva e indubitablemente a hechos”, pero que de los antecedentes aportados “no surge elemento alguno que vincule de manera alguna a Norberto Gustavo Yauhar con el narcotráfico”.

"Existió un ejercicio imprudente del derecho de informar, extremo que responsabiliza a los periodistas por el daño causado, toda vez que un enfoque acorde a la seriedad que debe primar en la misión de difundir noticias que pueden rozar la reputación de las personas, impone necesariamente responder a posteriori por los perjuicios que se provoquen", señaló el magistrado.

El sentenciante concluyó que los periodistas demandados "han difundido noticias falsas, relativas al vínculo del accionante con los narcos, su involucramiento en el negocio del tráfico de drogas y su futura captura y condena por esas actividades, en virtud de los cual deberán responder por los daños resultantes de su ilícito obrar".

Fuente: Diario Judicial

 

 

EL GRUPO OLMOS LE GANO UN JUICIO A CLARIN POR EL REGISTRO DE UNA MARCA

16-ENE/2019

Un fallo que calificó de infundada la oposición al registro de una marca, que lleva la denominación Next, porque se podría confundir con el suplemento de tecnología digital de Clarin. Se entendió que “la semejanza” por la coparticipación de las voces Next “se diluye” ante la partícula Clarín.

La Cámara Civil y Comercial confirmó una sentencia a favor de la actora en la causa “NEX TV SA c/ Arte Gráfico Editorial Argentino SA s/ cese de oposición al registro de marca” (NdR: Nex TV S.A. es una sociedad del Grupo Olmos dedicada a la explotación de medios audiovisuales) y, por ello, consideró que la oposición de la demandada al registro de la marca mixta Next tu mundo de entretenimiento era “infundada”.

La oposición al registro para el nomenclador de un servicio de teledifusión por cable, fue porque se generaría una confusión con Next el suplemento de tecnología digital Clarin, y next Suplemento de Tecnología e Informática de Clarín. La empresa actora aseguró que Next “es de uso común en varias clases del nomenclador y que el signo de su mandante es mixto mientras que el de la oponente es denominativo”.

El fallo de primera instancia, luego apelado por la demandada, consideró que Next “conforma un elemento débil el cual no puede ser monopolizado debido a que se encuentra en numerosos registros de la clase involucrada”, y que “los signos contrapuestos son inconfundibles habida cuenta que presentan diferencias notorias en los tres planos del cotejo”.

La Alzada, compuesta por los jueces Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo, sostuvo, al confirmar la resolución recurrida, que “en materia de marcas de productos y servicios el principio rector es que las denominaciones deben ser cotejadas como han sido solicitados, sin artificiales desmembraciones”.

La Alzada recordó que resolvió en otras oportunidades que, cuando el conjunto “tiene un determinado aspecto de particular peso distintivo es adecuado centrar la atención en ese elemento de superior poder individualizante”, esa postura no resultaba aplicable al caso “pues quien conforma su marca con un ingrediente de 'uso común' como lo es la palabra Next en la clase 38 está obligado a tolerar que otros también la empleen ya que nadie puede reivindicarla como propia”.

Además, el fallo destaca la “fuerza diferenciadora del aditamento” Clarín, que aleja de la asociación a los demás registros. “Rsulta claro que la semejanza que poseen los conjuntos por la coparticipación de las voces Next se diluye ante la diferencia generada por la presencia sobretodo de la partícula CLARIN en la denominación opuesta, dado que está dotada de suficiente poder distintivo para absorber, en la totalidad del signo, el parecido que impone el elemento coparticipado”, resume la sentencia.

Fuente: Diario Judicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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