Inicio

Archivo de Notas Base de Datos Marco Normativo Contacto

 

dos fiscales piden investigar a sabbatella por presunta corrupcion

26-SEP/2013

*Recomendar esta nota


Los fiscales Germán Moldes y Guillermo Marijuan pidieron a los jueces de la Cámara Federal de la Capital que reabran la causa contra el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, por recaudar dinero para su partido, Nuevo Encuentro, con el descuento que realiza del 8% del sueldo bruto a 80 empleados del organismo oficial, que ingresaron durante su gestión.

No hay antecedentes de otros empleados de AFSCA que donen parte de su sueldo a otros partidos políticos.

El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, afirma que “los hechos detallados presentarían ribetes criminales y que constituirían actos de corrupción de una gravedad advertida en diversos acuerdos internacionales de los que la Argentina es parte signataria”, como las convenciones Americana y de Naciones Unidas contra la Corrupción, según el escrito que presentó el 2 de septiembre.

Los fiscales Moldes y Guillermo Marijuan sostienen que el juez federal Sebastián Casanello cerró en forma errónea la causa, porque se basó en el dictamen del fiscal subrogante Federal N° 2 de Mar del Plata, Pablo Larriera -de Justicia Legítima- quien pidió desestimar la denuncia, pese a que el juez de esa ciudad no le hizo una consulta a dicho fiscal sobre el fondo de la causa, sino por “la competencia” territorial, que luego envió a Capital, donde le tocó al juez Casanello -que investiga también a Lázaro Báez por lavado de dinero-.

El fiscal que trabaja con Casanello, Marijuan, coincidió con Moldes en que Larriera opinó sobre una “cuestión que le resultaba ajena”. Y pidió realizar “diligencias” para comprobar si le están descontando el 8% del sueldo a los empleados de AFSCA y “acreditar si efectivamente existió por parte del imputado, cómplices o encubridores, alguna maniobra constitutiva de un delito de acción pública”.

La denuncia originaria la inició el fiscal general del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, a partir de una nota publicada por este cronista en Clarín. Pettigiani sostuvo que la actitud de Sabbatella “resulta repugnante” al ordenamiento penal y a “todas las aristas legales que regulan la administración pública, su acceso y desempeño”. En las 17 páginas de esa denuncia, el fiscal Pettigiani aseguró que hay una “expresa prohibición de la financiación de partidos políticos por medio del salario de los empleados de entes gubernamentales, que aporten a los partidos dirigidos por sus superiores en el organismo”.

Luego de un racconto sobre la imposibilidad de los empleados de rechazar ese aporte “voluntario”, Pettigiani dijo que “la gravedad de la situación radica” en que se convierte a organismos estatales en fuente de financiación de agrupaciones políticas” y que “el propio Estado, a través de sus funcionarios, somete extorsivamente a quienes acceden al empleo o necesitan de él para sustentarse”.

Al apoderado de Nuevo Encuentro, Damián Toppino le llamó la atención “que un fiscal se haga eco de una publicación periodística aparecida en el diario Clarín”; pero ratificó que los “aportes voluntarios” de los empleados de AFSCA, se concretan “por medio de descuentos que ellos solicitan en sus sueldos”. Y dijo que “es una forma legítima y transparente de financiamiento” político, que también la tienen otros partidos.

La decisión de revocar el fallo del juez Casanello e investigar a Sabbatella, a partir de lo solicitado por los fiscales Marijuan y Moldes, está en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

Fuente: Clarín


 

ZAFO SABBATELLA EN LA CAUSA DEL DIEZMO DE LOS EMPLEADOS-MILITANTES DE LA AFSCA

27-JUN/2016

La sala I de la Cámara Federal ratificó un fallo de Casanello. Entendió que no hubo delito en los aportes partidarios realizados por los ex trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro. La denuncia la había presentado un fiscal cercano al PRO.



 

“Inexistencia de delito”. Esa fue la conclusión a la que llegó la sala I de la Cámara Federal ante la denuncia de un fiscal de Mar del Plata armada en base a una nota del diario Clarín. El tribunal de segunda instancia ratificó así la decisión del juez Sebastian Casanello, quien había considerado que no había nada irregular en el aporte partidario que realizaban los trabajadores de la Afsca afiliados a Nuevo Encuentro, la fuerza que conduce Martín Sabbatella. “Aportamos porque queremos, aportamos porque tenemos un compromiso con la fuerza política en la militamos y aportamos porque creemos en los partidos políticos y en la política”, aseguró tras conocerse el fallo el ex director de Asuntos Legales de la Afsca, Sergio Zurano, integrante de la mesa nacional de NE.

La causa judicial se inició a raíz de una nota de 2013 de Alejandro Alfie, titulada “Denuncian que Sabbatella hace caja en la AFSCA para su partido político”. A partir de esa publicación en el diario propiedad de Héctor Magnetto, donde no se identificó a ninguno de los presuntos “denunciantes”, el fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia en la Justicia local, que se declaró incompetente y giró el expediente al fuero federal porteño. Por sorteo, la investigación recayó en Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, el mismo que hoy investiga el caso Báez. En junio de 2014, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (PRO), había declarado su cercanía con el impulsor de la denuncia contra Sabbatella: “Me interesaría muchísimo que Juan Manuel Pettigiani sea el candidato a intendente de Macri en el 2015 en Mar del Plata”, dijo el entonces armador político del macrismo.

A pedido de Marijuán se tomaron medidas de prueba para determinar si había algún incumplimiento a la ley de financiamiento de los partidos políticos y si los trabajadores del Afsca habían sido obligados a aportar el 8 por ciento de su sueldo a la agrupación. Se citó al azar al 10 por ciento de los empleados que realizaban los aportes, quienes ratificaron en declaración testimonial que habían consentido voluntariamente el descuento en sus recibos de sueldo. Los abogados defensores de Nuevo Encuentro remitieron a la justicia la Carta Orgánica de la agrupación donde se establecen este tipo de aportes, igual que en muchos partidos políticos, incluído el GEN, el ARI e incluso el PRO. De hecho, la Carta Orgánica del partido que lidera Macri dice en su artículo 38 que su patrimonio se compondrá, entre otras cosas, por “el aporte del 10 por ciento de las remuneraciones de quienes ocupen cargos rentados en el orden municipal, provincial o nacional, sean electivos o designaciones hechas a propuesta de las autoridades del partido”. El ex director de la Afsca por la oposición, Gerardo Millman, entonces integrante del GEN y devenido funcionario macrista, también realizaba un aporte en su recibo de sueldo, a pedido de Margarita Stolbizer.

Ante la apelación del fallo de Casanello, la Cámara entendió que era necesario tomar más medidas de prueba antes de descartar la denuncia. Se adjuntó entonces una nota ante escribano público de todos los empleados de la Afsca que aportaban a Nuevo Encuentro, en donde manifestaron: “No hay coacción alguna hacia nosotros porque estamos convencidos de la trascendencia de los partidos políticos para el sistema democrático de este país y, por consiguiente, de la necesidad de contribuir a su funcionamiento transparente.”

Además, al desestimar la denuncia, la Cámara remarcó que solo 135 empleados sobre 457 que tenía el Afsca realizaron los aportes. Según el voto del camarista Jorge Ballesteros esto ayudó a “fortalecer lo sostenido por los propios agentes en cuanto a la libertad que han tenido para elegir contribuir patrimonialmente al partido al que adherían”. Eduardo Freiler coincidió con el voto de Ballesteros, mientras que el tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, consideró que pese al escrito ante escribano debió haberse citado a declarar como testigos a todos los empleados.

Fuente: Página 12

Revocan fallo que ordenaba reincorporar a contratados de la ex-Afsca en Córdoba

15-AGO/2016

Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones. Los trabajadores interpusieron un amparo solicitando que se declare la nulidad de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo, invocando "conductas discriminatorias y persecutorias".

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió hoy (11 de agosto) revocar la medida cautelar que ordenaba reincorporar a los trabajadores contratados de la delegación local de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), hoy Ente Nacional de Comunicación (Enacom).

La Sala A de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Avalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela Montesi, resolvió "revocar" la medida cautelar dictada el 14 de abril de 2016 por el juez federal N° 3 de Córdoba, "debiendo el juez inferior tramitar con la celeridad del caso la presente acción de amparo a fin de llegar a una sentencia que resuelva el fondo de la pretensión de los amparistas".

Los trabajadores contratados interpusieron un amparo contra de la ex Afsca Córdoba solicitando se declare la nulidad de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo, invocando "conductas discriminatorias y persecutorias asumidas por las autoridades de la intervención" del ente dispuesta por el actual gobierno nacional.

Precisa la cámara que con fecha 14 de abril de 2016 "el señor juez titular del Juzgado Federal N° 3 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los accionantes, disponiendo que -previa fianza de cinco letrados de la matrícula-, se ordene la reinstalación laboral provisoria de los demandantes".

Esto motivó que Enacom interpusiera un recurso de apelación en contra de ese fallo, que la cámara resolvió hoy revocando la medida cautelar.

Fuente: Telam

por supuestos abusos contra el grupo clarin, indagaran a sabbatella y otros 7 exfuncionarios k

22-FEB/2017

El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) será indagado por los supuestos abusos cometidos contra el Grupo Clarín en la aplicación de la llamada Ley de Medios. El juez federal Claudio Bonadio lo citó para el próximo 4 de abril. Antes, deberán comparecer en Comodoro Py otros siete ex funcionarios del desaparecido organismo. Todos están acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, según consignó Clarín en su edición web.

Los otros indagados serán la ex directora de Adecuación y Transferencias, Lorena Di Filippo (que abrirá la secuencia el 22 de marzo), el ex director de Asuntos Jurídicos Sergio Zurano, y los ex directores Alberto Schiffer, Eugenio Saavedra, Néstor Avalle, Eugenio Rinesi y Guillermo Pérez Vacchini.

El antecedente de la causa penal que lleva Bonadio es otra causa en el fuero contencioso administrativo que en su momento sustanció el juez Pablo Cayssials.

En diciembre de 2014, ese magistrado hizo lugar a una acción de amparo y declaró la nulidad de la Resolución AFSCA Nº 1121/14, que había ordenado iniciar la adecuación de oficio de Clarín, pese a que el Grupo había presentado en tiempo y forma su propuesta de adecuación voluntaria a la ley de medios impulsada por el kirchnerismo.

Entonces, el juez consideró que esa resolución “constituyó un medio indirecto para restringir la libertad de expresión no sólo de las citadas firmas [por Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., Radio Mitre S.A. y Cablevisión S.A.], sino también de los periodistas accionantes]”; y que “les asiste razón a los peticionantes (en cuento a la falta de independencia del organismo), en tanto es de público y notorio conocimiento el vínculo que existía entre el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual –señor Martín Sabbatella- y las autoridades del Gobierno, circunstancia que se encuentra plasmada no sólo en los manifestado por las partes y en los informes periodísticos aportados como prueba, sino también en el hecho de que integró la fórmula del frente para la Victoria como candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires… situación que manifiestamente demuestra la incompatibilidad señalada”.

En síntesis, mediante dicha resolución la justicia en lo contencioso administrativo federal encontró acreditada la falta de imparcialidad e independencia en el accionar de los funcionarios que intervinieron en la aprobación de la Resolución Nº 1121-AFSCA/14, procedimiento en el marco del cual –motivado en tal falta de independencia- tuvieron lugar los incumplimientos de los deberes de funcionario público que dieron lugar a la causa penal que ahora tramita Bonadio.
 


Volver

        Se autoriza la reproducción del material periodístico si se menciona la fuente RADIODIFUSIONdata