cablevision + multicanal: la corte declaro incompetente a un juez de san luis

19-JUN/2007

La Corte Suprema declaró que un juez de San Luis nunca fue competente para sustanciar una causa contra el ingreso del Grupo Clarín y de Fintech en Cablevisión y para trabar los negocios realizados con posterioridad por este cable. 

Las medidas que la Corte deja sin sustento habían sido adoptadas por un juez puntano en un expediente impulsado por personas del entorno del ex banquero menemista Raúl Moneta, quienes promovieron una demanda mediante la práctica de "forum-shopping", un mecanismo por medio del cual se busca un juez incompetente pero que, de antemano, el demandante sabe que le dará la razón. 

El trámite del caso fue considerado en ámbitos judiciales un verdadero escándalo, a tal punto que la Corte Suprema nacional invocó razones de "grave riesgo institucional" y decidió que el juez subrogante, Rubén Alonso, a cargo del Juzgado Comercial, de Minas y Laboral N° 3, de Concarán, San Luis, deberá desprenderse del expediente, el que seguirá tramitando en el Juzgado Contencioso Federal N° 2 de la Capital. La Corte estudia denunciar a Alonso ante el Superior Tribunal de San Luis. 

En 2001, Moneta pretendió ingresar en la sociedad Cablevisión. Para eso, a través de distintas maniobras y del respaldo que le dieron algunos magistrados porteños, intentó ejercer presión sobre los accionistas de aquella firma. No tuvo éxito: el juez Ismael Muratorio renunció para evitar la destitución y su colega Juan José Mahdjoubian, que se había prestado a una práctica de forum-shopping para manipular las causas, fue removido por el Consejo de la Magistratura. 

No conformes con ese desenlace adverso, se buscó otro distrito donde intentar la acción judicial contra el Grupo Clarín: el minúsculo pueblo de Concarán, una localidad de 6000 habitantes del noroeste puntano, pero cuya justicia tiene fluidos lazos con el gobierno provincial, a cargo de Alberto Rodríguez Saá. 

A fines de 2006, el Grupo Radio de Noticias dio el primer paso. Esa firma fue constituida en septiembre de 2006, tres meses antes de la demanda contra Cablevisión, y está impulsada por Alberto Villarruel, un hombre que el mercado vincula con Moneta -que a través del semanario Qué pasó realizó una campaña contra el ex juez Luis Leiva y el ex diputado Carlos Balter-. Esa firma solicitó al juez Alonso una medida cautelar contra Cablevisión y Multicanal y la cancelación de las licencias de radiodifusión de todo el grupo empresarial. 

Poco después, otro hombre vinculado con el ex banquero, Javier Vendramín, encargado de las relaciones públicas de Radio Belgrano, AM 950, se presentó, a través de la firma Moda SRL, a ampliar los fundamentos del pedido. Vendramín ya había actuado en sintonía con Moneta en otros expedientes ante la justicia criminal porteña, ante la justicia federal y ante la comercial. 

En este último fuero todavía pretende trabar el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de Cablevisión. El APE es un proceso de reestructuración de deuda al que recurrieron miles de empresas, entre ellas las más grandes del país, después del default y mediante el cual las empresas pueden arreglar sus pasivos si obtienen la aprobación de la mayoría de los acreedores. Cablevisión logró un exitoso acuerdo con el 99,9 por ciento de sus acreedores, excepto Vendramín. 

El fiscal Carlos Leloutre le había advertido al juez Alonso que era incompetente y que debía apartarse de la causa. Pero el juez Alonso igual ordenó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio y al Comité Federal de Radiodifusión que se abstuvieran de autorizar la fusión de Multicanal y Cablevisión. A Alonso extrañamente no le llamó la atención que el Grupo Radio Noticias hubiera invocado ser una FM de Merlo, aunque no tiene siquiera licencia de radiodifusión; además, no está en el mismo mercado que los cables, por lo que tampoco tendría interés en impulsar la demanda. 

Cuestión de familia 

El juez Alonso es hermano del fiscal general provincial, Mario Ernesto Alonso, y cuñado de la senadora nacional Liliana Negre de Alonso. La medida cautelar contra Cablevisión fue firmada también por el secretario del juzgado, Guillermo Salazar, que el 3 de marzo de 2007 se casó con Yennifer Pérez Corvalán, asesora de Villarruel y de Vendramín -los hombres de Moneta- en San Luis. 

A raíz de esas irregularidades, Cablevisión denunció ante la justicia penal a Alonso (y pidió su juicio político en el Consejo de la Magistratura provincial) y a los responsables de Moda SRL y Grupo Radio Noticias. En su denuncia sostuvo que todos ellos son parte esencial del "armado de una maniobra delictiva". 

El procurador general, Esteban Righi, dictaminó a favor de Cablevisión, y la Corte, presidida por Ricardo Lorenzetti, sin votos en disidencia, finalmente dejó sin efecto todo lo decidido por el juez Alonso. 

La Corte, al igual que lo había afirmado Righi, sostiene que el juzgado de San Luis incurrió en dos graves fallas: no era competente para resolver un problema de personas ajenas a la provincia y, además, la ley de radiodifusión es de carácter federal, por lo cual la causa debe ser discutida ante jueces federales. Asimismo, Cablevisión pidió ante la justicia provincial que se investigara a todo el gobierno puntano para descubrir quién está detrás de la maniobra. 

Fuente: La Nación

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