PROCESAN
A FUNCIONARIOS MENEMISTAS POR CONTRATACIONES EN LA AGENCIA TELAM
23-ENE/2006
La
Sala Uno de la Cámara Federal confirmó los procesamientos contra
tres ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem que trabajaban
en el área de comunicaciones y en la agencia estatal de noticias
Télam, por el presunto delito de "negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública".
Según
determinaron los camaristas Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani y
Eduardo Freiler en un fallo que se conoció hoy (11 de enero), los tres ex
funcionarios estuvieron involucrados en una supuesta maniobra
mediante la cual habrían efectuado contrataciones con Télam.
La medida alcanza
al ex presidente de Télam Amílcar Antognoni, el ex gerente
general Víctor Tabeada y el ex asesor presidencial en el Area de
Telecomunicaciones Oscar Felipe Marvaso.
Según el fallo,
Marvaso habría intervenido "actuando como proveedor de
bienes y servicios, simulando su participación a través de la
utilización de facturas de un tercero".
De esa manera, se
habría concretado la provisión de detalles analíticos de
emisoras de FM y televisión comunitarias y la compra de una
valija para comunicación satelital, en ambos casos "violando
la formativa establecida en el Manual de Procedimientos-Tema
Contrataciones" del organismo.
Así, al menos, lo
determinó un informe de la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN).
"Ambos
contratos se celebraron contrariando la señalada normativa,
corroborándose en ellos numerosas irregularidades, las que no
pudieron de manera alguna ser ajenas a los encartados, en orden a
la posición que dentro de la empresa detentaban", dijeron
los camaristas.
En el caso de
Antognoni, la Cámara Federal sostuvo que "aparece asumiendo
funciones que, conforme el manual de procedimientos, correspondían
a otras áreas, por ejemplo la firma de memorandos internos señalando
la necesidad de la contratación del servicio ofrecido por
Marvaso".
Antonioni y
Taboada fueron procesados como partícipes necesarios, en tanto
que Marvaso lo fue como "autor". Los tres sufrieron
embargos del orden de los 35 mil pesos.
La confirmación
del procesamiento, dictado en primera instancia por el juez
federal Jorge Ballestero, pone a los tres a las puertas del juicio
oral y público, por un delito que, según el artículo 265 del Código
Penal, contempla penas de uno a seis años de cárcel e
inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.
Fuente:
DyN
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