El pasado 3 de enero este portal se hizo eco de una denuncia sobre la modalidad que "vendedores" contratados por Direc TV llevan a cabo en distintas localidades del país, que consiste en instalar una antena que comparten 3 o 4 hogares, los que a su vez poseen individualmente un decodificador adosado a su propio televisor para seleccionar las señales que se les plazca, lo que constituye competencia desleal, clandestinidad y evasión tributaria. (ver nota completa)

Por cierto, esta modalidad fue denunciada por pocos medios de prensa desde el año 2001, cuando se conocieron los primeros casos.

Hasta el día de hoy se mantiene el silencio de radio entre los distintos protagonistas. La empresa Galaxy Entertaiment Argentina S.A., licenciataria de la marca Direc TV, no ha sancionado con contundencia el "pícaro" comportamiento de algunos de sus "vendedores", como tampoco ha instaurado mecanismo alguno para desactivar a los "clientes" colectivos. Así es que, Alejandro Zunda Cornell, Gerente de Programación y Marketing, aseguró que la empresa "oficialmente no apaña ni contribuye la instalación de antenas colectivas", pues no sólo "es una práctica ilegal" sino perjudicial económicamente.

Por su parte, en un escrito presentado al COMFER, Galaxy Entertaiment Argentina reconoció que se han "verificado anomalías en determinadas zonas y de manera aislada", pero que a su criterio "no existiría competencia desleal, pues se trataría de una actividad enmarcada dentro de los términos de la licencia para operar el servicio de televisión directa al hogar".

Respecto a esto último, el portal bloggers media, uno de los pocos medios que denunció este accionar, se preguntó en su edición del 26 de octubre al 1º de noviembre de 2004 si "¿Es ilegal o no?. Y si no lo es, ¿Por qué no ofrecer oficialmente el servicio, que es mucho mas barato que el Cable?".

Mas allá de las ambigüedades de los responsables de Direc TV en el país, lo cierto es que esta modalidad constituye una ilegalidad en los términos de la Ley de Radiodifusión. En consecuencia es desleal según el artículo 1º de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.

La incompetencia de Defensa de la Competencia

El 9 de enero de 2002 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recibió la denuncia presentada por Sistema Satelital, operadora de un servicio de televisión por cable en Libertador San Martín, Entre Ríos, como real perjudicada de la instalación de "antenas colectivas" de Direc TV entre sus vecinos, lo que le ha provocado una considerable fuga de clientes.

El 5 de julio de ese año la Comisión resuelve ordenar el archivo de las actuaciones "hasta tanto se expida el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)". Según los funcionarios de la CNDC "para que tal conducta configure una violación a la Ley 25.156, el artículo 1º, segundo párrafo exige que la infracción en cuestión haya sido declarada por acto administrativo o sentencia firme", ya que las autoridades tomaron en cuenta la existencia del trámite administrativo presentado al COMFER por Sistema Satelital en septiembre de 2001.

Cabría preguntarse cual hubiere sido la respuesta de la CNDC si en el escrito interpuesto por esta última empresa no se hubiese hecho mención alguna de la denuncia realizada por ante el organismo regulador de la radiodifusión.

La pelota en campo del COMFER

La CNDC no fue el único organismo nacional que se lavó las manos en este asunto. Ante una presentación de Sistema Satelital, la Defensoría del Pueblo de la Nación le comunicó el 21 de marzo de 2002 que había dispuesto concluir el trámite en razón de que el COMFER "ha manifestado que ha dado curso al reclamo interpuesto por esa empresa, el que se encuentra tramitando por Expediente Nº 1107-COMFER/01 donde se están evaluando los descargos producidos con vistas a iniciar los sumarios de rigor".

En efecto, en el mencionado expediente consta la denuncia efectuada por Sistema Satelital cuya carátula es: "Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable (ACORCA) denuncia Servicio de TV Directa al Hogar. Distribución domiciliaria".

Demás está decir que los cableoperadores cordobeses también fueron y son víctimas de la conducta ilegal de los "vendedores" de Direc TV y los "clientes" que aceptan esta modalidad.

Pero lo cierto es que a mas de tres años de iniciadas las actuaciones, hasta el día de hoy el expediente se encuentra administrativamente "muerto", a pesar de los insistentes pedidos de Pronto Despacho.

Desde que se presentaron las denuncias ya transcurrieron tres gobiernos nacionales, ninguno de los cuales ha tomado el asunto en serio y aplicado las sanciones correspondientes.

La Justicia tampoco ha hecho nada al respecto. A pesar de las solicitadas y notas aparecidas en los pocos medios que se hicieron eco del tema, ningún funcionario de dicho Poder ha iniciado una actuación de oficio a los fines de determinar la existencia de delito alguno o no.