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preocupacion de fopea por la denuncia de un periodista del canal 9 de santa cruz
18-FEB/2026
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
manifiesta su preocupación por la denuncia pública que realizó Julio
Agustín Seguí, periodista de LU85 TV Canal 9 Santa Cruz (señal del
Estado Provincial).
El colega relató que
el 27 de enero se emitió una cobertura de un acto de asunción de
ministros con imágenes y audios no oficiales. Tras ese informe, Seguí
contó al aire que les había resultado imposible estar presentes en el
lugar para brindar una mejor cobertura porque el canal no había sido
invitado. En su descargo señaló: “Antes de continuar, me gustaría hacer
una consideración. Somos la televisión pública santacruceña, el único
medio que de manera gratuita llega a todos los hogares de la provincia.
Nos hubiera gustado poder haber estado en ese acto en el día de hoy,
como en muchos otros, para mostrarlo con mayor calidad y nitidez en las
imágenes, y que se pudiera escuchar de la mejor manera posible”.
Si bien la
transmisión cerró sin inconvenientes, afirmó que el director del Canal,
Marcelo Zaccaría, le informó días después que dejaría de estar al frente
del noticiero central tras lo ocurrido. De manera oficial, la decisión
fue comunicada como la necesidad de “un impasse en pantalla”, medida
que, según Seguí, habría sido solicitada desde el ámbito de la
Secretaría de la Gobernación, encabezada por la ministra Soledad Boggio.
Consultado por este
Monitoreo, Zaccaría aseguró que no hubo ningún acto de censura en contra
de Seguí ni tampoco sanciones, y agregó que el colega continúa
cumpliendo con su trabajo como cronista de exteriores.
EQUIPO DEL CANAL 3 DE ROSARIO, AGREDIDO DURANTE CONFLICTO POLICIAL
14-FEB/2026
FOPEA reclama la derogación de una ordenanza en Tanti que restringe la cobertura periodística de sesiones públicas
31-DIC/2025
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), a
través de su Monitoreo de Libertad de Expresión, manifiesta su más
enérgico rechazo a la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de
la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, por considerar que limita
gravemente el libre ejercicio del periodismo y vulnera el derecho de
acceso a la información pública de la ciudadanía.
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La Ordenanza N.º
1542/25, titulada “Políticas de filmación en sesiones públicas”, cuya
autora es la edil Rosario Álvarez, establece restricciones a la
filmación, registro y difusión de las sesiones públicas del Concejo
Deliberante, imponiendo condiciones incompatibles con los estándares
constitucionales y democráticos que rigen la libertad de expresión
permitiendo la difusión de ideas y opiniones sin autorización previa del
Estado.
La ordenanza de
Tanti, en particular, interviene de manera directa en la tarea
periodística, al impedir que periodistas y medios puedan determinar de
manera autónoma el hecho noticioso, seleccionar fragmentos relevantes,
contextualizar la información y ejercer su rol crítico frente a los
actos de gobierno.
FOPEA advierte que
este hecho reviste extrema gravedad institucional, ya que no se trata de
una controversia aislada ni de un conflicto entre partes privadas, sino
de una decisión política adoptada desde el propio poder legislativo
local con el objetivo de controlar qué se puede filmar, cómo se puede
difundir y bajo qué condiciones se puede informar sobre sesiones que,
por definición, son públicas y pertenecen a la ciudadanía.
La ordenanza no solo
afecta a periodistas y medios de comunicación, sino que alcanza a
cualquier ciudadano que desee registrar imágenes o videos de las
sesiones del Concejo Deliberante. De este modo, la censura previa se
extiende al conjunto de la comunidad.
La gravedad del caso
se profundiza por el uso intimidatorio de la norma, cuando la concejal
autora de la ordenanza recurrió a ella para enviar una carta documento a
la periodista Cristina Coudray, responsable del medio local Aprendamos a
Sumar, amenazándola con acciones penales y civiles por haber difundido
fragmentos de una sesión legislativa. Este accionar constituye un
mecanismo de amedrentamiento que no solo afecta a la periodista
involucrada, sino que envía un mensaje disciplinador al conjunto del
periodismo local.
FOPEA recuerda que
la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución
Nacional y por los tratados internacionales de Derechos Humanos con
jerarquía constitucional. Las sesiones legislativas son públicas porque
la ciudadanía tiene derecho a conocer, observar y analizar cómo actúan
sus representantes. Ningún órgano de gobierno puede arrogarse la
facultad de decidir cómo deben ser narrados sus propios actos.
Cuando un órgano
legislativo regula la cobertura de sus propios actos y amenaza
judicialmente a periodistas, se aparta de su rol republicano y exhibe
una deriva autoritaria a escala local.
FOPEA insta a las autoridades del Concejo
Deliberante de Tanti a derogar la ordenanza y a adecuar su accionar a
los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión,
el derecho a la información y el pleno ejercicio del periodismo en una
sociedad democrática.
chaco: polemica por el cierre de una fm en presidencia de la plaza
25-NOV/2025
Tandil: Repudio a la salvaje agresión física de Diego Puissant al periodista Bernardo Paredes
20-NOV/2025
El Sindicato de
Prensa de Tandil, Azul y Olavarría expresa su enérgico repudio a la
salvaje agresión física perpetrada por el dirigente ligado al Club
Santamarina, Diego Puissant, al periodista del Multimedios La Voz de
Tandil, Bernardo Paredes.
En un acto patoteril
y cobarde, Puissant irrumpió en la Redacción de La Voz de Tandil sin
autorización alguna, pasando dos ingresos para exigir respuestas sobre
una nota periodística, lo que demuestra que la posterior agresión
responde a la cobertura mediática en cuestión, hecho que compromete aún
más la situación del imputado.
Puissant, ademas de
cometer un delito penal, la agresión física sobre el compañero Bernardo
Paredes, incurrió en un ataque feroz a la libertad de prensa, derecho
constitucional insoslayable en la Argentina democrática.
El sindicato de
Prensa expresa su solidaridad y nítido respaldo al trabajo periodístico
de Bernardo Paredes, y exige a la Justicia que investigue a fondo el
ataque perpetrado por Puissant, para que caiga sobre el responsable todo
el peso de la ley.
Además el gremio
convoca a todos los sindicatos colegas, compañeros trabajadores de
prensa de todo el país, y las fuerzas políticas de la ciudad, a
acompañar el reclamo de justicia para que el accionar de Puissant no
quede impune, y que se garantice la libertad de prensa.
Fuente: Fatpren
Justicia de Tucumán impone un bozal legal a productores, periodistas y conductores
10-NOV/2025
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza y manifiesta su preocupación por la decisión de la Justicia de Tucumán que impone un bozal legal al director de una empresa de televisión por cable, así como a los productores, periodistas y conductores de esa firma, en todo lo relacionado con el trabajo de fiscales, funcionarios y magistrados locales.La medida cautelar fue dictada por el juez subrogante Lucas Taboada a partir de una denuncia penal iniciada por el titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Edmundo Jiménez. El jefe de los fiscales impulsó una investigación en contra del director de la Compañía de Circuitos Cerrados (CCC), Gustavo Olarte, por supuestos entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional.
La cautelar del juez no sólo alcanza a Olarte, sino que se amplía los productores, periodistas y conductores de la empresa, y ordena el cese inmediato de la difusión -por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales- de “todo contenido, programa o publicación que, directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de los fiscales, de sus funcionarios o de los magistrados intervinientes, y su abstención futura de realizar actos comunicacionales de igual naturaleza, bajo apercibimiento de desobediencia judicial”. Además, establece una duración de seis meses.
Vale recordar un caso reciente del alto impacto social y político, como fue la prohibición de difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. En ese momento, el juez interviniente intentó censurar toda difusión de contenido considerado injurioso en su contra, pero un tribunal civil falló de manera contundente en favor de la libertad de expresión. Si bien los magistrados reconocieron que los panfletos contenían acusaciones severas, advirtieron que no correspondía restringir su difusión, en tanto los funcionarios públicos y magistrados se encuentran sujetos al escrutinio social, protegido por la libertad de expresión.
«Cuando lo publicado se relaciona con funcionarios públicos, las pretensiones como las que se encuentran sujetas a tratamiento, ceden ante los demás derechos antes aludidos. Si bien las manifestaciones vertidas resultarían acusaciones severas, no pueden prohibirse ese tipo de difusión como la exposición de los funcionarios públicos y los magistrados sujeta al escrutinio público», remarcaron los jueces.
FOPEA advierte que la medida de la Justicia tucumana afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía y que su aplicación pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa. La jurisprudencia nacional e internacional indica que el honor, la intimidad y otros derechos de un individuo no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios. Mucho más cuando se trata de información vinculada a funcionarios públicos. Por ese motivo, el Foro exige la inmediata restitución de los derechos constitucionales a la libertad de prensa y de expresión claramente vulnerados con esta decisión judicial.