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conatel ordena el cierre de emisora de fm en maracaibo

23-ENE/2020

 

 

 

 

mas de medio centenar de radios comunitarias fueron censuradas en bolivia

23-ENE/2020

Con la orden de cerrar la radio Kausachun Coca, de Santa Cruz, ya suman 53 las emisoras censuradas en Bolivia desde el sangriento golpe de estado contra el Gobierno de Evo Morales, en noviembre 2019.

La mayoría de las denuncias las realizan las propias emisoras a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que a la censura y los ataques contra medios de prensa y comunicadores que denuncian la violencia contra el pueblo o contra los partidarios y seguidores del Gobierno derrocado, se suma que sacaron del aire –sin dar explicaciones- las señales de RT en Español y el canal Telesur.

Asimismo, fueron varios los periodistas y comunicadores sociales que debieron alojarse en las embajadas de sus respectivos países, ante la amenaza del gobierno de facto de apresarlos por el delito de sedición.

Fuente: Utpba



RKC tuvo 3 repetidoras y firmó contratos con 12 entes estatales

La directora general de Medios Estatales, Claudia Paredes, reveló ayer que la Radio Kawsachun Coca (RKC) figura como una emisora “comunitaria”, pero que irregularmente tuvo a disposición tres repetidoras. La autoridad presentó un documento en el que se establece que al menos 12 entidades estatales firmaron contratos de publicidad con la estación.

“La radio Kawsachun Coca es una radio comunitaria con una potencia de transmisión de tres kilos (Kw) cuando las radios comunitarias deberían tener no más de un kilo (Kw) porque sólo cubren la zona (…).Hay una discrepancia con la ley, se vulnera totalmente la normativa vigente, se hace un abuso de poder y se instalan tres repetidoras”, señaló Paredes.

La autoridad -en una entrevista en AM de Fides Tv- indicó que se identificó que las repetidoras fueron instaladas en los municipios de Buena Vista y Montero, en Santa Cruz, y en San Ignacio de Moxos, en Beni. El Ministerio de Comunicación retiró un transmisor de esta última región el 7 de enero. La acción fue calificada por la emisora del Chapare como un “atropello” a la libertad de expresión.

La directora de Medios Estatales informó que las repetidoras de RKC funcionaban dentro de las antenas de Entel y que fueron entregadas entre 2017 y 2018, en el marco del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social del Ministerio de Obras Públicas.

Entre otras revelaciones, Paredes dijo que RKC obtuvo ingresos por publicidad estatal y presentó una lista de 26 contrataciones, que figuran en el Sicoes. El monto por los servicios de RKC a 12 entidades estatales suma 2.041.896 bolivianos, desde la gestión 2011.

Las entidades del Estado que firmaron contratos de publicidad con RKC fueron: el Ministerio de Comunicación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Fondo Nacional de Desarrollo Integral, la Vicepresidencia, Pro Bolivia, BOA, Servicio de Impuestos Nacionales, el Ministerio de Desarrollo Rural, el Viceministerio de Coca, el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo y la Alcaldía de Shinahota.

YPFB y el Viceministerio de Coca son las entidades que firmaron contratos con RKC por hasta 300 mil bolivianos. Aunque fue el Ministerio de Comunicación con seis contrataciones que canceló 539.073 bolivianos a la emisora, según los datos que dio Paredes.

Página Siete intentó comunicarse con el dirigente del trópico Andrónico Rodríguez para tener su versión al respecto, pero no se tuvo éxito.

Sobre RKC

Inicio Radio Kawsachun Coca nació tres meses después de que Evo Morales asumiera el poder, en enero de 2006.
Ampliación El 31 de octubre de 2015, la Agencia Boliviana de Información reportó que el entonces presidente Morales inauguró “la sede ampliada de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y las emisiones amplificadas de Radio Kawsachun Coca”, en busca de que su señal llegue hasta el oriente de Bolivia.

Fuente: Página Siete

 

 

 

CHILE. TRABAJADORES DE TVN INTERRUMPEN LA PRGRAMACION PARA PROTESTAR

21-ENE/2020

 

 

 

 

 

venezuela. radio de cojedes fue objeto del robo del cableado electrico de su transmisor

17-ENE/2020

 

 

 

 

 

 

Locutor radial desaparecido desde noviembre fue hallado muerto en el estado de Guerrero, México

13-ENE/2020

 

 

 

 

 

 

mexico: organizacion religiosa fue multada por operar sin permiso una estacion de fm

09-ENE/2020

Una asociación religiosa fue sancionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con la imposición de una multa económica de 73,040 pesos y el aseguramiento de los equipos de transmisión por explotar indebidamente una frecuencia de radio FM en Tabasco, con alcance de señal hasta en treinta kilómetros de territorio desde el punto origen de la transmisión.





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Se trata de la Iglesia Filadelfia Pentecostés —ante la Secretaría de Gobernación con folio de registro SGAR/2664/04—, que utilizó la frecuencia de los 96.7 MHz de Macuspana para divulgar su fe religiosa, sin contar con la concesión de espectro y la concesión única para telecomunicaciones y radiodifusión necesarias para enviar señales de radio FM al aire.

El caso data de investigaciones del regulador iniciadas en 2016 y con resolución del 5 de julio de 2017, pero con inscripción formal al registro del IFT el 21 de noviembre de 2019, una vez que se corroboró definitivamente el cumplimiento de la sanción.

Este caso es el único registrado hasta hoy para los años 2018 y 2019 en las anotaciones del IFT respecto a sanciones a alguna asociación religiosa que explotan de manera ilegal una señal radioeléctrica, pero que demuestra el trabajo de ese órgano regulador en la vigilancia del espectro radioeléctrico en momentos en que desde la industria se le acusa de estar ausente en la verificación de quién y para qué se usan las frecuencias de espectro, o de que el IFT ha entregado concesiones a ministros de culto sin los análisis adecuados caso por caso.

La autoridad sancionó a la asociación religiosa con base, principalmente, en el artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que toca el tema de las concesiones únicas, debido a que por ser un regulador sectorial careció entonces de facultades para imponer algún otro de sanción a aquella entidad, en caso de que Iglesia Filadelfia Pentecostés hubiese vulnerado la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pública por su acción.

En su defensa, la asociación religiosa dijo desconocer la existencia y necesidad de contar con un título habilitante para transmitir señales de radio, además de que no incurría en actos de lucro por divulgar un pensamiento religioso y por el contrario, cumplía con una función social. Tampoco esclareció cómo financiaba las transmisiones de su estación.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, según el documento que da cuenta de esta anécdota, no cuestionó el mensaje o la personalidad jurídica o social de la entidad religiosa, sólo determinó que utilizaba ilegalmente la señal del 96.7 de FM en Macuspana y por ello procedió a la sanción correspondiente.

La Iglesia Filadelfia Pentecostés había colocado una especie de cabina improvisada de transmisión en el mismo templo donde divulgaba su pensamiento religioso a sus fieles, aunque en un predio a pocos metros de ese lugar se había colocado la antena general de transmisión.

Las personas que se encontraban en ese lugar desconocieron a quién pertenecía el equipo o quién había concebido el plan de tomar la señal para transmitir ideas religiosas. Las transmisiones de esa estación también pudieron haber impactado la señal al aire de la frecuencia comercial de los 96.5 FM con origen en Villahermosa, pero con cobertura en Macuspana.

El regulador concedió un plazo en días hábiles para que la asociación religiosa presentara los elementos necesarios para salvarse de la sanción y aunque su representante legal se presentó a destiempo, se le concedió audiencia. En esa oportunidad, el representante de la asociación sostuvo no contar con recursos por ser éste un grupo social; sin embargo, el IFT consideró que percibe ingresos a través de diezmos o donaciones y fue de esta manera como estableció un mecanismo para establecer la multa económica de los 73,040 pesos.

Aunque la resolución para acabar con esta historia ocurrió el 5 de julio de 2017, el mismo día que el IFT aprobó una recuperación de frecuencias en la banda de los 2.5 GHz, todo el asunto quedó finiquitado el 21 de noviembre de 2019.

Fuente: El Economista

 

 

 

 

peru: gobierno asegura que el año pasado incauto 1072 equipos usados por radios ilegales

07-ENE/2020

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dejó inoperativas doscientas (200) radiodifusoras que funcionaban a nivel nacional con frecuencias no autorizadas durante el 2019.

Producto de este trabajo, a nivel nacional se incautaron 1072 equipos de transmisión, antenas, consolas, entre otros dispositivos de telecomunicaciones, que eran usados por estas radios ‘piratas’.

Del total de estaciones intervenidas, 149 están ubicadas en Lima; 15 en San Martín; 13 en Cajamarca; siete en Puno; cuatro en Huánuco y La Libertad; tres en Lambayeque y Piura; y dos en el Callao. Así lo informó la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del MTC.

“Las estaciones operaban servicios de radio, televisión abierta, teleservicios privados o de radiodifusión por cable. Estas transmisiones afectan la calidad de servicio que prestan las empresas que sí cuentan con autorizaciones, ya que causan interferencias”, explicó la directora general de la DGFSC, Patricia Díaz.

Además, agregó que quienes operan al margen de la ley violan los derechos de autor, así como, los derechos de los usuarios que no son protegidos por las normas de protección al consumidor, entre otros.

Díaz añadió que “el MTC trabaja con tecnología de punta, que cuenta con la capacidad de localizar e identificar con precisión dónde se ubican los equipos de transmisión y los estudios de radiodifusoras”. Asimismo, indicó que se tiene planificado reforzar las herramientas tecnológicas del MTC para combatir esta ilegalidad.

Delito

Operar una estación de radiodifusión ‘pirata’ constituye el delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico y se sanciona con cárcel de hasta ocho años. Además, puede generar multas de hasta 210 000 soles. Quienes contraten anuncios en estas radios también pueden recibir multas de hasta 126 000 soles, según las normas vigentes.

El MTC recuerda se pueden hacer denuncias sobre radiodifusoras que operen sin autorización o estén interfiriendo a otras, al correo electrónico radiospiratas@mtc.gob.pe.

 

 

BOLIVIA: IMPLICAN A 18 PERSONAS, DUEÑAS DE MEDIOS A TRAVES DE EXTORSION

03-ENE/2020

Un total de 18 personas fueron identificadas como representantes legales de varias empresas que en 2008 aparecieron como dueñas de ATB, La Razón y El Extra y en 2012 del canal PAT. Estas operaciones se concretaron a través de la forzada transferencia de acciones donde aparecen como propietarios, abogados vinculados a la oficina jurídica “Salazar y Asociados”, según describe la denuncia formalizada por la senadora Carmen Eva Gonzales ante la Fiscalía de La Paz.

Esta acción amplia el caso N° LPZ1911521 abierto por la Fiscalía contra de Marcelo Hurtado Sandóval y pide investigar por legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal, debido a que se identificaron anómalas transferencias de medios de comunicación social, sin el libre consentimiento de los propietarios sobre los que se habría ejercido coacción y amenazas para obligarlas a ceder sus derechos y bienes.

Identifican al venezolano Carlos Gill Ramírez, Alejandro A. S., Marcelo Hurtado, Jaime Iturri Salmón, Carlos R. Gill M., Josefa G. de Gill, Nicolás S.P., Sergio S.M., Rodrigo J.C., Andrea B.D., Enrique T. Q., José Luis V. L., Nicolás A. A, Juan Carlos T.E., Alondra M.I., Waldo C.U., Wilfredo Ch. S y Luis Nolberto C. C.

Señala que el empresario Gill Rodríguez llegó a Bolivia con el respaldo de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para incursionar, entre otros proyectos, en medios de comunicación sin importar la rentabilidad, sino que estén al servicio del gobierno del MAS, a cambio de millonarias ganancias por publicidad estatal.

Dice el memorial que Gill precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa para tomar control de La Razón y El Extra, designando a su representante a Marcelo Hurtado. “ATB pasa por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros”, justifica la denuncia.

En agosto de 2008, la empresa fantasma Akaishi Investments S.L fue creada en España exclusivamente para la transferencia de La Razón y ATB, siendo su representante Marcelo Hurtado a quien acusan de ser “pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa, como también a un grupo de abogados que trabajaron en el Estudio Jurídico Salazar y Asociados”.

Luego la empresa Inversionistas L.G. S.A tenía el paquete accionario de La Razón que fue absorbido por Inversiones en Radiodifusión S.A. representada por Nicolás S. P. quien estaría vinculado con Hurtado a través del mismo estudio jurídico.

Indica que la compra venta de La Razón y ATB se realiza bajo complejas estrategias empresariales con la única finalidad de encubrir el origen de los fondos para la transferencia de acciones, pero más que todo para “ocultar la identidad de los verdaderos dueños de estos medios de comunicación ya que estos bienes provienen de hechos ilícitos”.

MAS DATOS

Aseguran que las empresas Illimani de Comunicación S.A; Inversiones en Radiodifusión S.A.; Akaishi Investments SL e Inversiones L.G.S.A. estarían a cargo de las operaciones comerciales de ATB; mientras que La Razón habría estado bajo responsabilidad de Comunicaciones El País S.A., Inversiones Grupo Prensa IGMC S.A.; Inversiones Radiodifusión S.A.; Informaciones Extra S.A, y Kimarkus SRL. Esta última de propiedad de Carlos Gill Rodríguez con 999 cuotas accionarias.

En el caso de Periodistas Asociados Televisión – PAT viene de la sociedad ITACA SRL y fue transferida el 28 de noviembre de 2006 a Abdallah Daher y Mauricio Daher Nazrala y luego el 17 de octubre de 2012 fue a parar a manos de la Comercializadora Multimedia del Sur SRL, donde José Luis Valencia figura como propietario del 90% y Nicolás L.A. del 10%, por presunto monto de $us 4.900.000 de dólares americanos.

Posteriormente dicha empresa pasó a manos de Juan Carlos T. E. y Alondra Janet M.I. por Bs 14.000.000, operación que – según la denunciante – causó sorpresa porque los nuevos dueños no eran conocidos en el ámbito empresarial, aunque aseguran la existencia de negociaciones forzadas que involucrarían al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Wilfredo Chávez. Ambas autoridades habrían coordinado “las tareas de extorsión con los operadores Marcelo Hurtado y Jaime Iturri Salmón, así como Luis Nolberto Clavijo, quien fue conocido como operador del gobierno del MAS en el denominado caso terrorismo I”.

Aseguran que se ha podido establecer el vínculo entre el presidente de PAT José Luis Valencia y Marcelo Hurtado porque ambos son miembros del consorcio de Abogados Salazar y Asociados. Indican que para transferencia forzaron la venta a personas que no tiene capacidad económica para adquirir un bien como un canal de televisión y que “solamente están obrando como testaferros o palos blancos”.

Fuente: El Diario

 

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