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FUERTE RECHAZO INTERNACIONAL A LA LEY CONTRA EL ODIO DE VENEZUELA

20-NOV/2017

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupación por la aprobación en Venezuela de la "Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" a través de un trámite expedito en la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas disposiciones, en nombre de "la paz, la tranquilidad pública y la nación", establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.




 

La "Ley contra el Odio" fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 8 de noviembre y sancionada sin intervención de la Asamblea Nacional. Aunque la ley en su parte general esgrime el objetivo legítimo de promover la diversidad, la tolerancia y erradicar toda forma de odio, discriminación y violencia por motivos discriminatorios y preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación, el Presidente Nicolás Maduro declaró antes de su aprobación que el objetivo era "contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida por los sectores extremistas de la oposición"[1].

De acuerdo al texto aprobado, al instrumentar estos principios la ley desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. A través de un elenco de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas el Estado podrá castigar –a través del derecho penal- expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en Internet y revocar las licencias de los medios de comunicación audiovisuales. El gobierno también tiene, según mencionada ley, la posibilidad de utilizar en forma gratuita los espacios de radio o televisión para imponer un mensaje oficial.

En su artículo 20, la ley prevé sanciones "de diez a veinte años" de prisión para "[q]uien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio". Además, establece que estos delitos serán imprescriptibles, lo que violenta los principios del derecho penal mínimo.

En su artículo 22, la normativa también prevé la revocación de la concesión de prestadores de servicio de radio o televisión que "[d]ifunda[n] mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturalez[a]". El mismo apartado considera una multa de 50 mil a 100 mil unidades tributarias a la persona jurídica responsable de las redes sociales y los medios electrónicos que no retiren mensajes de dicha índole dentro de las seis horas siguientes a su publicación, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles.

En su artículo 23, la ley establece sanciones pecuniarias de tres hasta cuatro por ciento de los ingresos brutos a los prestadores de servicios de radio o televisión que "incumpla[n] la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intoleranci[a]".

A juicio de la Relatoría Especial, tales restricciones podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. En un primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos.

Respecto a la creación de figuras penales para sancionar la "promoción o incitación al odio", hay que subrayar que el artículo 20 de esta norma sanciona con "prisión de diez a veinte años" a quien "promueva o incite" al odio, la discriminación o la violencia. A pesar de que, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones, en el derecho internacional estas limitaciones sólo pueden establecerse hasta donde sea necesario para garantizar ciertos intereses públicos o los derechos de otras personas. De acuerdo al derecho internacional, lo que incluye a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el sistema de restricciones ulteriores establecido en el artículo 13 de la Convención Americana, las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa; las limitaciones deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por el propio derecho internacional; y las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persiguen, estrictamente proporcionales a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr dicho objetivo.

En consonancia con el artículo 13.5 de la Convención Americana, la CIDH y su Relatoría Especial han sostenido que es legítimo prohibir el discurso que constituya incitación a la violencia por motivos discriminatorios. En tanto, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, para que una expresión constituya "delito de odio" está debe ser interpretada de conformidad con los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) a fin de garantizar, entre otros, el respeto a los derechos de las demás personas o el orden público. En ese sentido, los Estados pueden "prohibir" o sancionar ese tipo de expresión, pero sólo cuando constituya "incitación" a la discriminación, hostilidad o violencia, de conformidad con el artículo 20.2 del PIDCP.

A vía de ejemplo, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe sobre Violencia contra personas LGBTI consideraron que, a la luz de los principios generales de la interpretación de los tratados, la "apología del odio" dirigida contra las personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal, es sancionable penalmente cuando constituya incitación a la violencia o a "cualquier otra acción ilegal" semejante.

De lo expuesto se deduce que fórmulas como las utilizadas en la "Ley Contra el Odio" en Venezuela, que establecen figuras vagas y abiertas como la "promoción o fomento" de toda clase de "discriminación", tienen la capacidad de prohibir una amplia gama de expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional. Resulta, además, particularmente preocupante, que figuras tan amplias y ambiguas sean sancionables con penas de prisión exorbitantes (de diez a veinte años de prisión), lo cual producirá un efecto intimidatorio sistémico en el espacio público y en las redes sociales de Venezuela.

Por otra parte, la "Ley contra el Odio" impone a todos los medios de comunicación –impresos, de radio, televisión, por suscripción, así como a los medios cuyos contenidos pueden ser generados o replicados a través de Internet– una serie de limitaciones en nombre de "la paz, la tranquilidad pública y la nación" y le otorga al Estado facultades exorbitantes.

La Relatoría Especial desea poner de presente la falta de precisión y claridad en el régimen de obligaciones sobre los medios de comunicación y las plataformas de Internet. De acuerdo al texto, la ley les impone a través de normas ambiguas y amplias que penalizan la mera difusión de contenidos, obligaciones de filtrar lo que pueden emitir o, incluso decidir si mantienen o censuran la expresión de un tercero, lo que tiene el potencial de crear un efecto intimidatorio e inhibitorio incompatible con una sociedad democrática. Es fundamental que el marco legal provea seguridad jurídica a los medios de comunicación y determine, en los términos más claros y precisos posibles, las condiciones de operación de los medios de comunicación.

La Relatoría Especial considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada y desarrollen una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia por razones discriminatorias o aquellas expresiones que inciten a la violencia, a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos y rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

 

ASESINATO DE PERIODISTA HONDUREÑO: OEA EXIGE RAPIDA INVESTIGACION

21-SEP/2017

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Carlos William Flores, de Canal 22, ocurrido en Honduras e insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.

De acuerdo a la información disponible, el 13 de septiembre el comunicador habría sufrido múltiples disparos de arma de fuego por parte de individuos a bordo de un vehículo en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, causando su fallecimiento en un centro de salud momentos después. Junto al periodista estaba una compañera de trabajo quien resultó herida, pero que se encontraría fuera de peligro.

Como comunicador social, Flores era director del programa 'Sin pelos en la lengua' en el Canal 22 de la comunidad de Tegucigalpita, propiedad de la Asociación de Cableros de Omoa (ACO), donde pagaba por el espacio de su emisión. El periodista sostenía una posición crítica frente la industria extractiva en la región de Cuyamelito, Cuyamel y Rio Motagua.

La Relatoría Especial llama al Estado hondureño a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

RELATORIA DE LA OEA CONDENA EL CIERRE SIN GARANTIAS DE MAS DE 50 MEDIOS EN VENEZUELA

07-SEP/2017

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel ingresaron a las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática. El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV implicó “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

 

la cidh pide por el esclarecimiento del asesinato del periodista de tv mexicano luciano rivera

18-AGO/2017

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y reportero de CNR TV, en México e insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.

De acuerdo a la información disponible, el periodista Rivera fue asesinado en la madrugada del 1 de agosto en el municipio de Playas de Rosarito, estado de Baja California. Cinco individuos habrían entrado en el bar donde se encontraba y uno de ellos disparó al periodista. Según información suministrada por el Estado, ese mismo día la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró oficio al agente del ministerio público de Playas el Rosarito con el fin de solicitar copias cotejadas de la carpeta de investigación e inició una investigación. Las autoridades locales informaron que uno de los presuntos involucrados fue detenido. Según información disponible, el arma utilizada en el crimen está relacionada con al menos tres otros asesinatos. El 1 de agosto la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, habría declarado a la prensa local que no hay indicios de que el asesinato de Rivera tenga relación con su labor periodística.

Según la información disponible, los autores materiales del asesinato huyeron utilizándose del mismo taxi en que habían llegado a la escena del crimen. Asimismo, en su trabajo periodístico Rivera había estado publicando denuncias contra la policía local, investigaciones sobre hechos de violencia eventualmente relacionados con el crimen organizado y casos relacionados a la seguridad pública de Playa de Rosarito.

La Relatoría Especial llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.

La Relatoría Especial recuerda al Estado que, sobre la impunidad de los crímenes relacionados a la libertad de expresión, es fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

 

GUATEMALA: ASESINAN A PERIODISTA DE TV Y A SU ESPOSA

23-NOV/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Hamilton Hernández Vásquez en Guatemala, e insta a las autoridades guatemaltecas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

El 6 de noviembre el cuerpo del periodista Hamilton Hernández Vásquez y el de su esposa Ermelina Gónzalez fueron encontrados sin vida por las autoridades en la carretera entre los municipios de Coatepeque y Flores Costa Cuca en el departamento de Quetzaltenanago, Guatemala. El periodista era presentador del programa Punto Rojo de Canal 5 un canal de cable local; los hechos habrían ocurrido después de que Hernández fuera a cubrir un evento la noche del 5 de noviembre y posteriormente se encontraría con su esposa. De acuerdo a la información disponible ni la familia del periodista ni sus compañeros tenían conocimiento de amenazas en su contra.

El Estado informó a la Relatoría Especial que las autoridades abrieron investigaciones en este caso, pero aún no se conoce si el crimen tiene una conexión con el trabajo que desempeñaba Hamilton Hernández como periodista. La Relatoría Especial ha recibido información sobre el asesinato de otros siete periodistas en Guatemala en lo corrido del 2016, el Estado también informo que en dichos casos se está investigando si estos asesinatos tenían relación con el trabajo que las víctimas desarrollaban como periodistas y comunicadores sociales.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado guatemalteco investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad guatemalteca, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores. En este sentido, es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, de acuerdo con la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría insta al Estado de Guatemala a seguir trabajando en el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país. En este sentido, reitera la conveniencia de contar con el acompañamiento internacional en el diseño y funcionamiento del mecanismo, y la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil en este proceso.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

RELATORES DE LA ONU Y LA OEA PIDEN QUE LA LEY DE COMUNICACION DE ECUADOR SE AJUSTE A ESTANDARES INTERNACIONALES

07-NOV/2016

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertaron hoy sobre los graves efectos que tiene la Ley Orgánica de Comunicaciones y su aplicación en la libertad de expresión en Ecuador e instaron a las autoridades a adecuar la normativa a los estándares internacionales en la materia.

Desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, los Relatores han advertido sobre la falta de adecuación de varios aspectos de la ley a estándares internacionales y han observado con preocupación que "su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno".

En particular, señalaron, "resulta preocupante que ciertas obligaciones contempladas en la Ley carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas para su incumplimiento, inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".

Los Relatores han constatado la constante aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación con base en figuras jurídicamente vagas y ambiguas por parte de la Superintendencia de Comunicaciones, un organismo sin suficiente independencia de la rama Ejecutiva, lo cual "tiene un efecto paralizante e inhibitorio en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación en Ecuador".

En ese sentido, los Relatores recordaron que "toda restricción legal al derecho a la libertad de expresión debe ser lo suficientemente clara y precisa para evitar su aplicación discrecional y arbitraria".

"Cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar expresamente fijada por la ley y aunque persiga objetivos legítimos- asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas-, y ser proporcional, y necesaria en una sociedad democrática", recalcaron.

Preocupa de manera especial a los Relatores la aplicación de disposiciones de la Ley que pretenden proteger el honor y reputación de los funcionarios públicos, así como la referida al derecho de rectificación y respuesta.
"La norma a estudio y su interpretación por parte de las autoridades administrativas tienen el efecto de privilegiar el buen nombre, la reputación y los intereses de los funcionarios frente al debate público de ideas y la circulación de información como una forma de escrutinio social del ejercicio del poder," dijeron.

"Eso parece estar pasando en numerosos casos, como los que hemos consultado al Estado en relación con los periódicos El Universo y La Hora, que han sufrido imposición de información y sanciones económicas desproporcionadas," indicaron.

De otro lado, los Relatores manifestaron su preocupación por la información recibida en el marco del concurso para el otorgamiento y renovación masiva de frecuencias que actualmente se realiza en Ecuador, en el sentido de que este proceso podría llevarse a cabo sin las suficientes garantías de transparencia en un contexto pre electoral, con el consiguiente efecto inhibitorio de la libertad de expresión.

Los dos Relatores enviaron una carta conjunta al Gobierno ecuatoriano expresando estas preocupaciones. En la misma, solicitan información sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicaciones en los casos de los cuales se ha recibido información, así como sobre los detalles del concurso de frecuencias.

Los expertos ahora esperan que la respuesta a su solicitud permita abrir un diálogo sobre estos y otros temas relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

 

CHILE. RELATORIA DE LA CIDH CRITICA CONCENTRACION DE MEDIOS Y PIDE REFORZAR LA RADIO COMUNITARIA

22-JUL/2016

Un análisis al panorama de la libertad de expresión en Chile realizó el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), Edison Lanza, quien visitó nuestro país desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio.

Lanza realizó un resumen de su visita a través de observaciones preliminares, a la espera de la redacción del informe final que sería publicado a fines de este año, según informó el CIDH.

En las observaciones se destaca los “notables” avances en el país en cuanto a otorgar garantías para la libertad de expresión, aunque lamentó la existencia de “algunas normas y prácticas que siguen impactando negativamente” este derecho.

Entre otros aspectos, el documento repara en el impulso de “medidas legales y acciones judiciales que tendrían como resultado criminalizar el ejercicio del periodismo y la deliberación pública” de casos de corrupción, recordando la denominada “ley mordaza” que buscaba castigar las filtraciones de casos desde la Fiscalía. En el debate destacó el “discurso negativo hacia la prensa”, desconociendo “el rol central que ésta tiene en el sistema democrático.

Se consigna también la citación a declarar por parte de la Fiscalía Militar a los periodistas de The Clinic para revelar sus fuentes del caso “Milicogate”, pese a que la reserva de éstas se encuentra consagrada como derecho de los comunicadores sociales.

También se subraya la preocupación por la penalización de la injuria y calumnia, consignando como ejemplo la querella de la presidenta Michelle Bachelet contra los periodistas de la revista Qué Pasa.

La Relatoría Especial establece que que las acciones y omisiones de un Estado o sus funcionarios están sujetos a un escrutinio mayor por la prensa y la opinión pública, por lo que “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión.

Se valora además el rol del Consejo Para la Transparencia como “una de las instituciones de mayor importancia para la defensa del derecho de acceso a la información”.

Entre otros aspectos, se señala que aún falta por cambiar el escenario de concentración excesiva de medios de comunicación, así como también reforzar la radiodifusión comunitaria y la necesidad de eliminar algunas de las restricciones para el funcionamiento de estos medios.

En cuanto a movilizaciones y marchas, se ahonda en que no debería exigirse autorización para éstas y advirtió que Carabineros debe actuar con “el máximo nivel de profesionalismo” ante las numerosas críticas hacia su actuar.

Si bien la Relatoría Especial reparó en los desmanes producidos en manifestaciones, criticó que éstos sean aprovechados “por diversos actores” para descalificar la movilización.

Fuente: Radio Bio Bio

OEA MANIFIESTA PREOCUPACION POR EL ASESINATO DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES EN GUATEMALA

04-JUL/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del director radial Álvaro Alfredo Aceituno López, ocurrido el pasado domingo en Guatemala, e insta al Estado a investigar este crimen con la debida diligencia.

El domingo 26 de junio desconocidos le dispararon en la cabeza al periodista Aceituno López, que falleció en un hospital de la localidad de Coatepeque a causa de la gravedad de las heridas. Aceituno era director de Radio Ilusión del municipio de Coatepeque y conductor de un programa de noticias llamado Acontecer Coatepecano.

Asimismo, la Relatoría expresa su preocupación por el asesinato de otros 4 periodistas en diversos hechos ocurridos durante este año en Guatemala. De acuerdo a la información disponible a través de medios de comunicación y organismos de la sociedad civil del país, el 17 de marzo de este año fue asesinado el periodista y director de Radio Estéreo Azúcar, Mario Roberto Salazar Barahona. El 8 de abril fue muerto a tiros el locutor de la estación de radio La Jefa de la cabecera departamental de Escuintla, Winston Leonardo Túnchez Cano. El tercer hecho fue el 30 de abril, cuando tres sujetos armados habrían interceptado y baleado la motocicleta de Diego Salomón Esteban Gaspar, locutor de dos programas en la Radio Sembrador. El 7 de junio fue ultimado a balazos el comunicador y médico, Víctor Hugo Valdés Cardona.

Las autoridades habrían abierto investigaciones en estos casos, pero aún no se conoce si estos crímenes tienen una conexión con el trabajo que estas personas desempeñaban como periodistas y comunicadores sociales. Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado guatemalteco investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad guatemalteca y esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. En este sentido, es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría insta al Estado de Guatemala a seguir trabajando en el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país. En este sentido, reitera la conveniencia de contar con el acompañamiento internacional en el diseño y funcionamiento del mecanismo, y la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil en este proceso.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión

 

COMUNICADO DE LA CIDH TRAS LA AUDIENCIA ENTRE EL KIRCHNERISMO Y EL GOBIERNO POR LA LEY DE S.C.A.

19-ABR/2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 157º Período ordinario de Sesiones del 2 al 15 de abril de 2016. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 49 audiencias públicas, 34 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región.

Respecto a la audiencia sobre la Ley 26.522 y sus modificatorias el comunicado dice lo siguiente:

La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso.

La audiencia completa pueda verse en este enlace:

VIDEO CON LA AUDIENCIA COMPLETA EN LA CIDH POR LA LEY DE MEDIOS DE ARGENTINA

ASESINARON AL PERIODISTA DE RADIO SALVADOREÑO NICOLAS GARCIA

26-MAR/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Nicolás Humberto García, ocurrido el 10 de marzo en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, El Salvador, e insta a las autoridades a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

De acuerdo a la información disponible, García trabajaba en la radio comunitaria Expresa "Voces al aire" y presuntamente fue atacado por pandilleros debido a su negativa a pertenecer a ese grupo y a permitir que utilizaran su espacio en la radio para comunicar mensajes de estos grupos criminales. El periodista tenía un programa dedicado a la prevención de la violencia y daba lugar en su programa a la Policía Comunitaria.

Este es el sexto asesinato de un comunicador en lo que va de 2016 en el continente americano, señala la Relatoría. Por lo cual reitera que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación y proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial por el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

RELATORIA DE LA OEA CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN BRASIL E INSTA A ADECUAR EL MECANISMO DE PROTECCION

22-MAR/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del locutor João Valdecir de Borba, ocurrido el 10 de marzo en el municipio de São Jorge do Oeste, estado de Paraná, Brasil. La Relatoría Especial expresa su preocupación e insta a las autoridades brasileñas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la información disponible, Borba se encontraba en Rádio Difusora 1490 AM con su programa al aire cuando salió a la puerta y dos hombres le dispararon en el abdomen. Borba fue llevado a un hospital, donde falleció. Colegas relataron que había dejado la cobertura de noticias policiales a pedido suyo hace cinco meses y se había dedicado a programas musicales, aunque no había especificado públicamente la razón.

Durante 2015, según datos recopilados por la Relatoría, en Brasil hubo otros once asesinatos, lo que dejó a 2015 como uno de los peores años de la última década para el ejercicio del periodismo en ese país, en el que la violencia y el asesinato de periodistas se volvieron frecuentes en algunas regiones.

En agosto del año pasado, el periodista Gleydson Carvalho también fue asesinado cuando estaba al aire en Rádio Liberdade FM 90.3 de la localidad de Camocim, estado de Ceará. Carvalho tenía un programa en el que denunciaba corrupción política local y habría recibido amenazas de muerte previamente.

La Relatoría ha reiterado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Esta obligación resulta particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.

El Estado de Brasil cuenta con un "Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos" desde 2004 y en 2012 lo extendió a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Sin embargo, este mecanismo no ha sido adecuado a las necesidades de los periodistas ni fue suficientemente difundido entre los trabajadores de los medios de comunicación, lo que le ha restado efectividad para ofrecer garantías a quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. La Relatoría Especial insta al Estado a que fortalezca los mecanismos de protección para los comunicadores de todas las regiones de Brasil y que provea presupuesto para su funcionamiento.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado analice la hipótesis que establece que la causa de este crimen está vinculada al ejercicio de su libertad de expresión, y por consiguiente, que identifique, procese y sancione a los responsables, además de adoptar medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.


 

RELATORIA DE LA OEA CONDENA ASESINATO DEL PERIODISTA VENEZOLANO RICARDO DURAN

29-ENE/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Ricardo Durán, ocurrido el 19 de enero en Caracas. La Relatoría Especial expresa su preocupación e insta a las autoridades venezolanas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la información disponible, Durán fue asesinado presuntamente por tres hombres en la noche del 19 de enero cuando salía de un edificio en la zona de Caricuao. Los responsables del crimen huyeron sin llevarse el coche del periodista ni alguna de sus pertenencias. Durán era jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital y anteriormente había sido periodista del canal público VTV.

El Ministerio Público informó que designó al fiscal Miguel Hernández para investigar este delito. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su "repudio por el asesinato" e indicó que dio instrucciones para capturar a los responsables.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión

RELATOR DE LA OEA, PREOCUPADO POR LAS MODIFICACIONES EN LA LEGISLACION ARGENTINA

18-ENE/2016

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió hoy (viernes 15) que los Estados "deben adoptar medidas para que no existan oligopolios o monopolios en la comunicación" y mostró su "preocupación" por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

"Cuando se borran todos los controles y los límites regulatorios en los medios de comunicación, se puede dar un contexto de hiperconcentración", advirtió el especialista al señalar que la CIDH se pronunció en contra de los DNU cuando sostuvo que "las trasformaciones tienen que hacerse a través de leyes, sobre todo cuando una ley es convalidada por la Suprema Corte de Justicia, como es la ley 26.522".

En declaraciones a radio del Plata, Lanza señaló que la CIDH recibió "decenas de denuncias de parte de organizaciones de la sociedad civil y de distintos estamentos de la sociedad" y que en esa instancia, el organismo se encuentra "siguiendo las transformaciones con mucha atención".

Explicó que la intervención directa de la CIDH surge "cuando se agotan los recursos judiciales disponibles", como las medidas cautelares que actualmente se presentan en la justicia argentina, y que por lo tanto, la actitud es de "observación".

Días atrás, el representante de la CIDH recibió el pedido de audiencia presentado por la Defensoría del Público de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como consecuencia de los reclamos recibidos por sectores de la sociedad civil en contra de la intervención a la Afsca.

El pedido fue avalado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), el Sindicato de Prensa de Rosario, programas universitarios, carreras de comunicación, centros de estudio y entidades especializadas en comunicación, entre otros.

"Una democracia requiere diversidad y pluralismo y que los estados adopten medidas positivas para que no se constituyan oligopolios o monopolios en la comunicación porque afecta a la circulación de ideas, al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos", alertó Lanza.

Fuente: Telam

 

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