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GUATEMALA: ASESINAN A PERIODISTA DE TV Y A SU ESPOSA

23-NOV/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Hamilton Hernández Vásquez en Guatemala, e insta a las autoridades guatemaltecas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.




 

El 6 de noviembre el cuerpo del periodista Hamilton Hernández Vásquez y el de su esposa Ermelina Gónzalez fueron encontrados sin vida por las autoridades en la carretera entre los municipios de Coatepeque y Flores Costa Cuca en el departamento de Quetzaltenanago, Guatemala. El periodista era presentador del programa Punto Rojo de Canal 5 un canal de cable local; los hechos habrían ocurrido después de que Hernández fuera a cubrir un evento la noche del 5 de noviembre y posteriormente se encontraría con su esposa. De acuerdo a la información disponible ni la familia del periodista ni sus compañeros tenían conocimiento de amenazas en su contra.

El Estado informó a la Relatoría Especial que las autoridades abrieron investigaciones en este caso, pero aún no se conoce si el crimen tiene una conexión con el trabajo que desempeñaba Hamilton Hernández como periodista. La Relatoría Especial ha recibido información sobre el asesinato de otros siete periodistas en Guatemala en lo corrido del 2016, el Estado también informo que en dichos casos se está investigando si estos asesinatos tenían relación con el trabajo que las víctimas desarrollaban como periodistas y comunicadores sociales.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado guatemalteco investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad guatemalteca, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores. En este sentido, es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, de acuerdo con la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría insta al Estado de Guatemala a seguir trabajando en el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país. En este sentido, reitera la conveniencia de contar con el acompañamiento internacional en el diseño y funcionamiento del mecanismo, y la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil en este proceso.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

RELATORES DE LA ONU Y LA OEA PIDEN QUE LA LEY DE COMUNICACION DE ECUADOR SE AJUSTE A ESTANDARES INTERNACIONALES

07-NOV/2016

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertaron hoy sobre los graves efectos que tiene la Ley Orgánica de Comunicaciones y su aplicación en la libertad de expresión en Ecuador e instaron a las autoridades a adecuar la normativa a los estándares internacionales en la materia.

Desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, los Relatores han advertido sobre la falta de adecuación de varios aspectos de la ley a estándares internacionales y han observado con preocupación que "su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno".

En particular, señalaron, "resulta preocupante que ciertas obligaciones contempladas en la Ley carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas para su incumplimiento, inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".

Los Relatores han constatado la constante aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación con base en figuras jurídicamente vagas y ambiguas por parte de la Superintendencia de Comunicaciones, un organismo sin suficiente independencia de la rama Ejecutiva, lo cual "tiene un efecto paralizante e inhibitorio en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación en Ecuador".

En ese sentido, los Relatores recordaron que "toda restricción legal al derecho a la libertad de expresión debe ser lo suficientemente clara y precisa para evitar su aplicación discrecional y arbitraria".

"Cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar expresamente fijada por la ley y aunque persiga objetivos legítimos- asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas-, y ser proporcional, y necesaria en una sociedad democrática", recalcaron.

Preocupa de manera especial a los Relatores la aplicación de disposiciones de la Ley que pretenden proteger el honor y reputación de los funcionarios públicos, así como la referida al derecho de rectificación y respuesta.
"La norma a estudio y su interpretación por parte de las autoridades administrativas tienen el efecto de privilegiar el buen nombre, la reputación y los intereses de los funcionarios frente al debate público de ideas y la circulación de información como una forma de escrutinio social del ejercicio del poder," dijeron.

"Eso parece estar pasando en numerosos casos, como los que hemos consultado al Estado en relación con los periódicos El Universo y La Hora, que han sufrido imposición de información y sanciones económicas desproporcionadas," indicaron.

De otro lado, los Relatores manifestaron su preocupación por la información recibida en el marco del concurso para el otorgamiento y renovación masiva de frecuencias que actualmente se realiza en Ecuador, en el sentido de que este proceso podría llevarse a cabo sin las suficientes garantías de transparencia en un contexto pre electoral, con el consiguiente efecto inhibitorio de la libertad de expresión.

Los dos Relatores enviaron una carta conjunta al Gobierno ecuatoriano expresando estas preocupaciones. En la misma, solicitan información sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicaciones en los casos de los cuales se ha recibido información, así como sobre los detalles del concurso de frecuencias.

Los expertos ahora esperan que la respuesta a su solicitud permita abrir un diálogo sobre estos y otros temas relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión OEA

 

CHILE. RELATORIA DE LA CIDH CRITICA CONCENTRACION DE MEDIOS Y PIDE REFORZAR LA RADIO COMUNITARIA

22-JUL/2016

Un análisis al panorama de la libertad de expresión en Chile realizó el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), Edison Lanza, quien visitó nuestro país desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio.

Lanza realizó un resumen de su visita a través de observaciones preliminares, a la espera de la redacción del informe final que sería publicado a fines de este año, según informó el CIDH.

En las observaciones se destaca los “notables” avances en el país en cuanto a otorgar garantías para la libertad de expresión, aunque lamentó la existencia de “algunas normas y prácticas que siguen impactando negativamente” este derecho.

Entre otros aspectos, el documento repara en el impulso de “medidas legales y acciones judiciales que tendrían como resultado criminalizar el ejercicio del periodismo y la deliberación pública” de casos de corrupción, recordando la denominada “ley mordaza” que buscaba castigar las filtraciones de casos desde la Fiscalía. En el debate destacó el “discurso negativo hacia la prensa”, desconociendo “el rol central que ésta tiene en el sistema democrático.

Se consigna también la citación a declarar por parte de la Fiscalía Militar a los periodistas de The Clinic para revelar sus fuentes del caso “Milicogate”, pese a que la reserva de éstas se encuentra consagrada como derecho de los comunicadores sociales.

También se subraya la preocupación por la penalización de la injuria y calumnia, consignando como ejemplo la querella de la presidenta Michelle Bachelet contra los periodistas de la revista Qué Pasa.

La Relatoría Especial establece que que las acciones y omisiones de un Estado o sus funcionarios están sujetos a un escrutinio mayor por la prensa y la opinión pública, por lo que “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión.

Se valora además el rol del Consejo Para la Transparencia como “una de las instituciones de mayor importancia para la defensa del derecho de acceso a la información”.

Entre otros aspectos, se señala que aún falta por cambiar el escenario de concentración excesiva de medios de comunicación, así como también reforzar la radiodifusión comunitaria y la necesidad de eliminar algunas de las restricciones para el funcionamiento de estos medios.

En cuanto a movilizaciones y marchas, se ahonda en que no debería exigirse autorización para éstas y advirtió que Carabineros debe actuar con “el máximo nivel de profesionalismo” ante las numerosas críticas hacia su actuar.

Si bien la Relatoría Especial reparó en los desmanes producidos en manifestaciones, criticó que éstos sean aprovechados “por diversos actores” para descalificar la movilización.

Fuente: Radio Bio Bio

 

OEA MANIFIESTA PREOCUPACION POR EL ASESINATO DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES EN GUATEMALA

04-JUL/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del director radial Álvaro Alfredo Aceituno López, ocurrido el pasado domingo en Guatemala, e insta al Estado a investigar este crimen con la debida diligencia.

El domingo 26 de junio desconocidos le dispararon en la cabeza al periodista Aceituno López, que falleció en un hospital de la localidad de Coatepeque a causa de la gravedad de las heridas. Aceituno era director de Radio Ilusión del municipio de Coatepeque y conductor de un programa de noticias llamado Acontecer Coatepecano.

Asimismo, la Relatoría expresa su preocupación por el asesinato de otros 4 periodistas en diversos hechos ocurridos durante este año en Guatemala. De acuerdo a la información disponible a través de medios de comunicación y organismos de la sociedad civil del país, el 17 de marzo de este año fue asesinado el periodista y director de Radio Estéreo Azúcar, Mario Roberto Salazar Barahona. El 8 de abril fue muerto a tiros el locutor de la estación de radio La Jefa de la cabecera departamental de Escuintla, Winston Leonardo Túnchez Cano. El tercer hecho fue el 30 de abril, cuando tres sujetos armados habrían interceptado y baleado la motocicleta de Diego Salomón Esteban Gaspar, locutor de dos programas en la Radio Sembrador. El 7 de junio fue ultimado a balazos el comunicador y médico, Víctor Hugo Valdés Cardona.

Las autoridades habrían abierto investigaciones en estos casos, pero aún no se conoce si estos crímenes tienen una conexión con el trabajo que estas personas desempeñaban como periodistas y comunicadores sociales. Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado guatemalteco investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad guatemalteca y esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. En este sentido, es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría insta al Estado de Guatemala a seguir trabajando en el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país. En este sentido, reitera la conveniencia de contar con el acompañamiento internacional en el diseño y funcionamiento del mecanismo, y la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil en este proceso.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión

 

COMUNICADO DE LA CIDH TRAS LA AUDIENCIA ENTRE EL KIRCHNERISMO Y EL GOBIERNO POR LA LEY DE S.C.A.

19-ABR/2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 157º Período ordinario de Sesiones del 2 al 15 de abril de 2016. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 49 audiencias públicas, 34 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región.

Respecto a la audiencia sobre la Ley 26.522 y sus modificatorias el comunicado dice lo siguiente:

La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso.

La audiencia completa pueda verse en este enlace:

VIDEO CON LA AUDIENCIA COMPLETA EN LA CIDH POR LA LEY DE MEDIOS DE ARGENTINA

ASESINARON AL PERIODISTA DE RADIO SALVADOREÑO NICOLAS GARCIA

26-MAR/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Nicolás Humberto García, ocurrido el 10 de marzo en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, El Salvador, e insta a las autoridades a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

De acuerdo a la información disponible, García trabajaba en la radio comunitaria Expresa "Voces al aire" y presuntamente fue atacado por pandilleros debido a su negativa a pertenecer a ese grupo y a permitir que utilizaran su espacio en la radio para comunicar mensajes de estos grupos criminales. El periodista tenía un programa dedicado a la prevención de la violencia y daba lugar en su programa a la Policía Comunitaria.

Este es el sexto asesinato de un comunicador en lo que va de 2016 en el continente americano, señala la Relatoría. Por lo cual reitera que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación y proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial por el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

RELATORIA DE LA OEA CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN BRASIL E INSTA A ADECUAR EL MECANISMO DE PROTECCION

22-MAR/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del locutor João Valdecir de Borba, ocurrido el 10 de marzo en el municipio de São Jorge do Oeste, estado de Paraná, Brasil. La Relatoría Especial expresa su preocupación e insta a las autoridades brasileñas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la información disponible, Borba se encontraba en Rádio Difusora 1490 AM con su programa al aire cuando salió a la puerta y dos hombres le dispararon en el abdomen. Borba fue llevado a un hospital, donde falleció. Colegas relataron que había dejado la cobertura de noticias policiales a pedido suyo hace cinco meses y se había dedicado a programas musicales, aunque no había especificado públicamente la razón.

Durante 2015, según datos recopilados por la Relatoría, en Brasil hubo otros once asesinatos, lo que dejó a 2015 como uno de los peores años de la última década para el ejercicio del periodismo en ese país, en el que la violencia y el asesinato de periodistas se volvieron frecuentes en algunas regiones.

En agosto del año pasado, el periodista Gleydson Carvalho también fue asesinado cuando estaba al aire en Rádio Liberdade FM 90.3 de la localidad de Camocim, estado de Ceará. Carvalho tenía un programa en el que denunciaba corrupción política local y habría recibido amenazas de muerte previamente.

La Relatoría ha reiterado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Esta obligación resulta particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.

El Estado de Brasil cuenta con un "Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos" desde 2004 y en 2012 lo extendió a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Sin embargo, este mecanismo no ha sido adecuado a las necesidades de los periodistas ni fue suficientemente difundido entre los trabajadores de los medios de comunicación, lo que le ha restado efectividad para ofrecer garantías a quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. La Relatoría Especial insta al Estado a que fortalezca los mecanismos de protección para los comunicadores de todas las regiones de Brasil y que provea presupuesto para su funcionamiento.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado analice la hipótesis que establece que la causa de este crimen está vinculada al ejercicio de su libertad de expresión, y por consiguiente, que identifique, procese y sancione a los responsables, además de adoptar medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.


 

RELATORIA DE LA OEA CONDENA ASESINATO DEL PERIODISTA VENEZOLANO RICARDO DURAN

29-ENE/2016

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Ricardo Durán, ocurrido el 19 de enero en Caracas. La Relatoría Especial expresa su preocupación e insta a las autoridades venezolanas a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables.

 

De acuerdo con la información disponible, Durán fue asesinado presuntamente por tres hombres en la noche del 19 de enero cuando salía de un edificio en la zona de Caricuao. Los responsables del crimen huyeron sin llevarse el coche del periodista ni alguna de sus pertenencias. Durán era jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital y anteriormente había sido periodista del canal público VTV.

El Ministerio Público informó que designó al fiscal Miguel Hernández para investigar este delito. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su "repudio por el asesinato" e indicó que dio instrucciones para capturar a los responsables.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente: Relatoría Libertad Expresión

RELATOR DE LA OEA, PREOCUPADO POR LAS MODIFICACIONES EN LA LEGISLACION ARGENTINA

18-ENE/2016

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió hoy (viernes 15) que los Estados "deben adoptar medidas para que no existan oligopolios o monopolios en la comunicación" y mostró su "preocupación" por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

"Cuando se borran todos los controles y los límites regulatorios en los medios de comunicación, se puede dar un contexto de hiperconcentración", advirtió el especialista al señalar que la CIDH se pronunció en contra de los DNU cuando sostuvo que "las trasformaciones tienen que hacerse a través de leyes, sobre todo cuando una ley es convalidada por la Suprema Corte de Justicia, como es la ley 26.522".

En declaraciones a radio del Plata, Lanza señaló que la CIDH recibió "decenas de denuncias de parte de organizaciones de la sociedad civil y de distintos estamentos de la sociedad" y que en esa instancia, el organismo se encuentra "siguiendo las transformaciones con mucha atención".

Explicó que la intervención directa de la CIDH surge "cuando se agotan los recursos judiciales disponibles", como las medidas cautelares que actualmente se presentan en la justicia argentina, y que por lo tanto, la actitud es de "observación".

Días atrás, el representante de la CIDH recibió el pedido de audiencia presentado por la Defensoría del Público de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como consecuencia de los reclamos recibidos por sectores de la sociedad civil en contra de la intervención a la Afsca.

El pedido fue avalado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), el Sindicato de Prensa de Rosario, programas universitarios, carreras de comunicación, centros de estudio y entidades especializadas en comunicación, entre otros.

"Una democracia requiere diversidad y pluralismo y que los estados adopten medidas positivas para que no se constituyan oligopolios o monopolios en la comunicación porque afecta a la circulación de ideas, al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos", alertó Lanza.

Fuente: Telam

 

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