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el
gobierno estudia modificar la ley de medios para poder desarmar al grupo
clarin
05-MAY/2014
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El Gobierno está
ante una encrucijada. Luego de que trascendiera en PERFIL el
plan secreto de Clarín de dividir su imperio en empresas que
podrían ser heredadas a hijos de los dueños actuales, ahora el
kirchnerismo busca la forma de no perder públicamente la pelea
de fondo sobre la implementación de la Ley de Medios.
En las últimas
semanas, una versión empezó a cobrar fuerza entre los
principales empresarios de medios y fue confirmada por
funcionarios del gobierno nacional: el oficialismo podría
avanzar con una modificación en la propia Ley de Medios –o con
una nueva norma accesoria– para permitir que las empresas de
telefonía, históricas enemigas de Clarín, puedan ingresar en el
negocio de la televisión hogareña, hoy prohibido taxativamente
por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La propuesta es apoyada por el empresario mexicano cercano al
Gobierno David Martínez, que habría mantenido nuevas reuniones
con funcionarios de la Casa Rosada para evaluar los pasos a
seguir en la estrategia para impedir que el multimedios se
divida en seis empresas distintas que quedarían en manos de los
herederos de los cuatro principales accionistas del Grupo
Clarín.
“Desde que quiere que le aprueben los trámites para comprar
Telecom, David Martínez está muy interesado en que las empresas
de telefonía puedan ofrecer triple play”, confirma un
funcionario del gobierno nacional. Se refiere a la posibilidad
de que un mismo servicio o cable hogareño ofrezca conexión a
internet, llamadas telefónicas y, la novedad, televisión.
Una ley así reconvertiría parte de la matriz del negocio de las
telefónicas, sobre todo de Telecom. Además, significaría la
llegada de un competidor gigante para el negocio de Cablevisión,
que representa el 70% de los ingresos del Grupo Clarín.
A fines de 2013, “Deivid” –así lo llaman los funcionarios–
compró poco más del 22% de Telecom por unos US$ 960 millones. La
empresa, si pudiera ofrecer triple play, revalorizaría la
proyección de su negocio exponencialmente. Pero también tendría
que hacer una importante inyección de capital en sus redes, que
hoy no están listas para ofrecer televisión.
Y por eso, si el Gobierno “ayuda” a Martínez a desregular la
participación de las empresas de telefonía en el negocio
audiovisual, él los ayudará a evitar que Clarín se divida entre
hijos de sus accionistas, una posibilidad que enfurece a la
cúpula del Gobierno.
El problema es que Martínez primero necesita “ordenar” la
situación de Cablevisión, de la que posee el 40%.
Los empresarios con los que habló en las últimas semanas
aseguran que su intención era vender ese porcentaje a
Fontinalis, un fondo que pertenece al empresario Ralph Booth,
dueño del 9% del Grupo Cablevisión. Pero con la intención de
Clarín de no vender ninguno de sus activos, todo podría cambiar.
Hay que recordar que la idea inicial de Cristina Kirchner, antes
de 2009, era que las telefónicas pudieran ofrecer televisión; de
hecho, las empresas estaban incluidas en la regulación de la Ley
de Medios. Pero tras las quejas de la oposición, y para
aprobarla con el consentimiento de diversas fuerzas políticas,
las empresas fueron excluidas de la Ley.
Gerardo Milman, uno de los directores opositores de la Afsca –la
entidad que implementa la Ley de Medios–, confirma que es un
tema central a tratar: “Estamos dispuestos a modificar la Ley
porque tiene que haber garantías de que sea competitiva, y el
mundo va a la convergencia. Se necesita un upgrade, porque
atrasa”, resume. Su opinión es similar a la de otros directores
de la Afsca.
La realidad es que el Gobierno también tiene que decidir qué
hacer con Telefónica, que presentó hace más de un año su plan
para ajustarse a la Ley y todavía la Afsca no lo resolvió. Una
lentitud sospechosa.
Y es cierto que el Gobierno espera ver qué pasos dará Clarín
para tomar una decisión sobre Telefónica. Si mantiene todo como
está –es decir, si no la obliga a desprenderse de su canal
insignia, Telefe–, los abogados del multimedios judicializarán
todo el proceso una vez más.
Otra cosa sería obligar a Telefónica a cumplir la ley como
todos, pero abrirle la posibilidad de ofrecer televisión en sus
redes de telefonía. Algo que desde hace años viene reclamando.
Fuente: Diario Perfil
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