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ORGANISMO REGULADOR SALVADOREÑO REVOCA CAMBIO DE CANAL 37 AL 11

28-AGO/2014

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La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) revocó la resolución emitida por Ástor Escalante, anterior titular de dicha institución, que concedía el paso del canal 37 al canal 11.

Blanca Coto, actual titular de la SIGET, dijo que la decisión fue tomada por la junta de directores de la SIGET, integrada por un representante de la empresa privada a través de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), un director de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un director del sector no gubernamental en representación del sector gremial profesional y un director suplente nombrado por la CSJ.

“En reunión del lunes 25 de agosto del presente año, por mayoría de votos, entre otros, resolvió: revóquese la resolución apelada número T-0315-2014, dictada a las diez horas y treinta minutos del día 10 de abril de 2014 por el superintendente de esa época”, dijo Coto, refiriéndose a Escalante.

A partir del 10 de octubre de este año, el canal 37 pasaría a ser el 11 por una resolución que se dio seis días después de que Escalante asumió la presidencia de la SIGET. Ante esto, los ejecutivos de los canales 4, 6, 12 y 21 catalogaron la reasignación de frecuencia de “ilegal”, pues consideraron que el proceso atenta en contra de la Ley de Telecomunicaciones.

Los representantes de dichos medios apelaron la resolución bajo el argumento de afectaciones técnicas y de que violentaba el Estado de Derecho.

El paso de la transmisión del canal sería un cambio significativo ya que las frecuencias VHF, que van del 1 al 13, tienen más valor por su calidad de imagen y facilidad de transmisión. Algunas organizaciones aseguran que esto es ilegal porque se le otorga una frecuencia de mayor calidad a alguien que pagó por una de menor calidad.

En tanto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ estableció, como medida cautelar, dejar sin efecto los artículos 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Telecomunicaciones, paralizando de esa forma toda subasta del espectro radioeléctrico, en los que se incluye radio, televisión y telefonía celular.

“Por lo tanto, siempre en el uso de mis facultades legales y constitucionales, hago del conocimiento público que he sido informada de la resolución T-0642-2014, emitida por la junta de directores, para dar a conocer en apelación, por lo que me doy por enterada”, indicó Coto.

La titular de la SIGET dijo que la institución “estudiará y analizará el contenido del expediente y la correspondiente resolución, tomando en consideración que sobre el espectro radioeléctrico existen procesos abiertos en la CSJ y en la Fiscalía General de la República”. Recientemente, la FGR solicitó documentación de las subastas del espectro radioeléctrico en busca de anomalías en el proceso.

“Esta superintendencia tiene total disposición de colaborar con el ministerio público. Quiero hacer del conocimiento de la población que se han entregado los primeros requerimientos en su totalidad, y todo lo que la fiscalía ha solicitado”, dijo Coto en su momento. La titular de la SIGET aseguró que informará a la presidencia sobre la resolución tomada por la junta de directores para su estudio. “Informaré de inmediato al excelentísimo señor presidente, Salvador Sánchez Cerén, de dicha resolución por ser un tema de interés nacional”, concluyó.

Fuente: La Prensa Gráfica

NdR: La Universidad Francisco Gavidia era la titular del canal 37 hasta que decidió venderlo a una sociedad comercial (TVRED) en manos de testaferros del empresario mexicano Remigio Angel González, apodado "El Fantasma", que posee estaciones de radio y TV en la mayoría de los países del continente. En la Argentina controla LS83 TV canal 9 y FM Aspen.

El comunicado completo de la SIGET está disponible en este enlace.


http://www.siget.gob.sv/index.php/component/k2/item/1736-comunicado-de-prensa

radiodifusores salvadoreños exponen amenazas a la libertad de expresion en la oea

19-DIC/2014

Una comisión de la Asociación Nacional de Radiodifusores (ASDER) se reunió ayer con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estado Americanos (OEA), Edison Lanza, con quien abordaron el tema de la situación de la libertad de expresión en el país.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por ASDER, el presidente de la gremial, José Luis Saca, así como Ana María de Lara, directora ejecutiva, presentaron un informe a Lanza en el que se detalla que en el país los medios de comunicación han sufrido una serie de amenazas en los últimos meses.

En total son cinco las amenazas que detalla el informe, según el comunicado: iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa relativas a formatos de radios con vinculación al Estado, proyecto de medios públicos que pretende cambiar el modelo de recepción libre y gratuito por uno donde el Estado transfiere dinero de los contribuyentes a las estaciones para ejercer control de contenidos.

La tercera amenaza que expusieron es la iniciativa de ley que colocarían restricciones discrecionales a la libertad de la expresión publicitaria y en cuarto lugar denunciaron irregularidades de parte del ente rector estatal de las telecomunicaciones en la asignación viciada de una frecuencia a un canal de televisión y, finalmente, el reciente estudio que ha iniciado la Superintendencia de Competencia (SC) sobre la televisión abierta en la cual la entidad estatal de competencia, según ASDER, ya adelantó criterio sobre la legitimidad de concesiones legalmente establecidas.

Saca y Lara también expusieron la situación en relación con el espectro de las radios.

“(En el país hay) frecuentes ataques injustificados que demandan ‘democratización’ del dial, cuando el dial salvadoreño es uno de los que tienen más radios per cápita en Latinoamérica y uno de los pocos países donde no existen radios ilegales. El espectro en El Salvador es uno de los más abiertos”, dice parte del comunicado de ASDER.

Ante esto, los representantes de ASDER aseguraron: “En el país el 34 % de las estaciones de radio en El Salvador ya son operadas por asociaciones sin fines de lucro, ONG, iglesias y otras entidades”.

Fuente: La Prensa Gráfica

corte suprema de el salvador le pide a organismo regulador informe  sobre distribucion de frecuencias

12-ENE/2015

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) que le rinda un informe completo sobre la distribución que tienen las actuales estaciones de radio y televisión en el espectro radioeléctrico.

Este mandato responde a una demanda de inconstitucionalidad que tiene en estudio el Tribunal Constitucional para revisar si existen monopolios en la concesión del espectro radioeléctrico.

En la resolución, la Sala de lo Constitucional solicita a la Siget "qué porcentaje de la totalidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, relativas a los servicios de radiodifusión, en AM y FM y de Televisión, se encuentran asignadas en la actualidad y qué porcentaje de las mismas están disponibles para su concesión".

Además, "le requiere la identificación de los concesionarios de las frecuencias en comento que existen en la actualidad y el porcentaje de canales de radio en AM y FM y de televisión que cada uno de ellos tienen asignados".

"En consideración de los motivos alegados por los demandantes en este proceso, relativos a la presunta inconstitucionalidad de los artículos 81, inciso final, 82,83,84,85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones, por vulneración a los artículos 101 y 110 incs. 1° y 2° de la Constitución-contravención a los principios de justicia social que informan el orden económico y a la prohibición de prácticas monopolísticas, este tribunal estima pertinente solicitar informe a la Siget...", subraya el documento.

Fuentes de la Sala de lo Constitucional detallaron que la petición de la información es parte del proceso por una de las tres demandas relacionadas a la Ley de Telecomunicaciones que se encuentra en estudio final. Sin embargo, los magistrados constitucionalistas valoran si acumulan los procesos para emitir un solo fallo. La Sala no le dio tiempo a la Siget para que responda a la petición del informe. Hasta ayer, la supervisora de las telecomunicaciones no había respondido la solicitud.

En los alegatos de los demandantes se precisó que "existe monopolio en la distribución de radios y canales de televisión".

Pero "la Sala está pidiendo una explicación para saber cómo está distribuido el espectro de radio y televisión por qué en una demanda establecen que en el país hay monopolio (un sólo dueño). Ese es un dato que solo se va a determinar teniendo un documento que nos diga cómo están las frecuencias. Queremos saber cuántos propietarios hay para determinar si hay o no monopolio, cuáles son las comunitarias, del Estado, comerciales", expresó la fuente.

Agregó que de acuerdo con el referido informe, se pretende saber cuáles canales de televisión están disponibles en el espectro, ya que en otras demandas también se ha pedido que la Sala revise las formas de asignación de nuevas radios o canales de televisión.

"La Sala considera que el razonamiento correcto es pedir un informe a la institución que supervisa el espectro. No se puede partir de una sola presunción, decir que hay monopolio si quien tiene el dato exacto es la Siget. La Sala no está dilatando el proceso. Es el trámite adecuado y legal", indicó la fuente judicial.

Piden cambio para adjudicar radios y TV

En uno de los procesos, el motivo central de los demandantes es que se elimine la subasta como el único mecanismo para asignar una radio o un canal de televisión, ya que alegan que se violenta la libertad de expresión "porque sólo se le permite a las personas con mucho recursos económicos que puedan ser propietarios".

En otra de las demandas se habla de la renovación de las frecuencias y ahí se podría discutir la situación de los procesos de "renovación, los derechos adquiridos, requisitos y nuevos procedimientos para adquirir frecuencias".

"En las demandas se va a determinar si las personas a quiénes se les asignen las radios y canales de televisión tienen la capacidad de hacer funcionarlas y en cuánto tiempo. También si las canales están siendo utilizados con el fin que se solicitó", aclaró la fuente.

De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), en el espectro radioeléctrico existen 65 estaciones en la frecuencia de AM, de estas, el 57 por ciento son libres e independientes. El 43 por ciento pertenece a organizaciones.

Mientras que en la frecuencia de FM hay 250 radios, 34 por ciento son de organizaciones, el 64 pertenecen a medios libres o independientes, y un dos por ciento al sector público. Asder agrega que el 68 frecuencias están disponibles.

Asignación de frecuencias sigue detenida

La Sala de lo Constitucional suspendió las concesiones de licencias para la explotación del espectro radioeléctrico en mayo de 2014, tras admitir una de las demandas.

El Tribunal Constitucional congeló las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y del reglamento respectivo que regulan el trámite de solicitudes y otorgamiento de concesiones.

La Sala ordenó a la Siget de "abstenerse" de tramitar las solicitudes de cualquier interesado en obtener una concesión, incluidas las ya presentadas, así como de otorgar cualquier tipo de concesión solicitada para la explotación del espectro radioeléctrico en cualquier estado en que se encuentre el procedimiento, ya sea que haya oposición o no.

Además, le prohibió hacer efectivo cualquier procedimiento de subasta pública, relativo a la explotación del espectro de radio y televisión, recibir el pago de los interesados correspondiente a cualquier concesión previamente autorizada y de adjudicar las concesiones.

En este sentido, la Siget debe abstenerse de realizar la transferencia o fragmentación del derecho de explotación derivado de las concesiones otorgadas, así como efectuar cambios de calificación de los espectros de uso libre, de uso oficial y de uso regulado, ya sea que necesiten concesión o no.

Para los demandantes, el espectro radioeléctrico debe garantizar que la libertad de expresión "sea accesible a todos y no otorgarse a quien posea mayor recurso o capacidad económica que el resto de interesados". Además, alegan que "el manejo del espectro radioeléctrico debe ser compatible con formas democráticas del ejercicio del poder".

Por su parte, la Sala justificó que decidió congelar la subasta porque, "de continuar los procedimientos respectivos, en la Siget se pueden generar expectativas o crear situaciones jurídicas en los derechos subjetivos de los interesados con base en disposiciones legales cuya constitucionalidad se cuestiona".

Esto significa que existe el riesgo de que se otorguen las frecuencias y derechos sobre ellas, por un plazo de 20 años, aunque el proceso judicial esté a medio caminar.

Dicha resolución fue firmada por unanimidad de los magistrados Florentín Meléndez (presidente en funciones), Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz.

 

Fuente: El Diario de Hoy

el salvador. presentan informe sobre distribucion de frecuencias

17-MAR/2015

La Sala de lo Constitucional emitió una resolución el 10 de diciembre de 2014 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) en la cual solicitaba un informe sobre qué porcentaje de la totalidad de frecuencias del espectro radioeléctrico relativas a los servicios de radiodifusión en AM y FM, y televisión se encuentran asignadas en la actualidad y cuáles de las mismas están disponibles para su concesión.

Además pedía la identificación de quiénes eran los concesionarios de las frecuencias y el porcentaje de canales de radio AM y FM y de televisión que cada uno tiene asignado en la actualidad.

En relación al porcentaje destinado en televisión el informe señala que solo el 52.24% de todo el espectro radioeléctrico está concesionado, y de ese mismo la mayor parte (94.36%) es de uso regulado y está concesionado a entes privados.

El resto (5.64%) de frecuencias son de uso oficial que requieren autorización.

De estas cifras se infiere que, dado el reconocimiento jurídico que establece la actual Ley de Telecomunicaciones sobre quiénes pueden ser concesionarios de frecuencias para televisión, el informe de la SIGET no reconoce la participación en el espectro de ningún canal de TV comunitario.

También se puede determinar que el 47.76% del espectro para frecuencias de televisión está disponible para concesionarse o autorizarse.

En cuanto a la asignación de las radios en frecuencia AM (amplitud modulada) y FM (frecuencia modulada) la SIGET ratifica que está otorgado el 100% de frecuencias radiales para cobertura en territorio nacional y solo hay disponibilidad para concesionar algunas a nivel local. De éstás, el 94% están en manos privadas. Contrario a la publicidad de una campaña de los Medios Unidos (MEUNO) y de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) que sostienen que el espectro tiene un 34% de asignación de frecuencias para radios comunitarias.

En el informe presentado a la CSJ se desmiente y contradice esa postura, ya que solo se reconoce como “radios comunitarias” a dos frecuencias, incluidas en el grupo de concesionarios privados, y estas son la 90.5 Mhz (clasificada como local y compartida por tres radios comunitarias) y la 92.1 Mhz (clasificada como nacional y compartida por 19 radios comunitarias), sin embargo, esta misma se utiliza en diferentes lugares geográficos y es la que ocupan las radios comunitarias agremiadas en la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS).

Según Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, Telecorporación Salvadoreña, Megavisión, Grupo Samix, Corporación FM, Corporación KL y Grupo Radio Stereo, son los grupos mediáticos que acaparan casi la totalidad del espectro radioeléctrico del país. El Estado solo tiene tres frecuencias y las radios comunitarias dos.

Otra dato que arroja el informe entregado por la SIGET a la CSJ es que la distribución de las frecuencias no es equitativa entre los tres tipos de medios (privados, públicos y comunitarios) existentes (aunque no reconocidos legalmente los últimos dos), sino que revela la concentración en un solo sector.

El hecho que el 95% de las frecuencias estén concentradas en los medios privado-comerciales, en detrimento de los públicos y comunitarios que ni siquiera están reconocidos en la legislación, es una clara señal que la distribución y reconocimiento de otros medios cuyo fin no sea el usufructo del recurso deja en entredicho la democratización y la diversidad del espectro electromagnético.

El director de ARPAS considera necesario transparentar y democratizar la asignación, distribución y uso de las frecuencias radioeléctricas. “Para instaurar una cultura de transparencia e integridad no solo se requiere que las instituciones del Estado permitan el acceso a la información y rindan cuentas a la ciudadanía, sino que también los diversos actores de la sociedad sean transparentes y probos: empresas privadas, partidos políticos, iglesias, ONGs y –especialmente– los medios de comunicación social”, sostiene Herrera.

Añade que “la transparencia mediática es doblemente importante: por un lado, porque los medios recopilan, procesan y difunden información pública y de interés público; y por otro, porque utilizan (los medios audiovisuales) frecuencias y canales del espectro radioeléctrico que son bienes públicos”.

Un segundo elemento que devela este informe y que deja mal parada la postura de los medios radiales y de televisión privados es el uso ineficiente del espectro electromagnético en El Salvador, información que ampliaremos en nuestra próxima entrega.

Fuente: Transparencia Activa

 

TRIBUNAL SUPREMO DE EL SALVADOR DECLARO ILEGAL SUBASTA DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TV

31-JUL/2015

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal que las frecuencias de radio y televisión se concedan solo por subasta y que sigan siendo otorgadas automáticamente cuando se vence el plazo de su conseción.

Dicha Sala declaró inconstitucional la omisión de la Ley de Telecomunicaciones de regular mecanismos alternos a la subasta, para la adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico.

En el fallo, la Sala también declaró inconstitucionales las prórrogas automáticas de las concesiones otorgadas para la explotación de frecuencias para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión de libre recepción por la violación a los artículos 102 y 110 de la Constitución.

Los magistrados de la Sala basaron su fallo en la demanda interpuesta por la violación al artículo 81 inciso final, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones, en donde se vulnera la igualdad de oportunidades para participar en la asignación del espectro radioeléctrico; además, los arts.115 inc 2° y 126 inc. 2° de la misma ley que regulaban prórrogas automáticas de las concesiones otorgadas para la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión de libre recepción, contradecían la prohibición de monopolios y prácticas monopolísticas establecida en el artículos 110 incisos 1° y 2° de la Constitución.

En el fallo, la Sala ordena a la Asamblea Legislativa, que a más tardar el 31 de diciembre de este año emita una normativa en la que se regule de manera clara, precisa, organizada y sistemática, los mecanismos alternativos para la adjudicación de las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico que operarán de forma adicional al de la subasta pública y también le ordena desarrollar la normativa respecto de las condiciones en que se llevarán a cabo las prórrogas sobre dichos servicios, regulación que deberá contener al menos, la obligación estatal de evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas, la gestión de los bienes y recursos involucrados y la responsabilidad de los concesionarios.

Indicaron los magistrados que el fallo no abarcará las concesiones para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión de libre recepción que pudieran haber sido otorgadas previo a la emisión de este fallo, deberán mantenerse conforme a la legislación vigente antes del presente fallo, es decir, conservarán el beneficio de la prórroga del plazo concedido por la ley. Esto debido a que tales operadores han realizado inversiones significativas para la adquisición de bienes necesarios que les permiten desplegar una red de transmisión destinada a retransmitir su señal, programación y contenidos.

Finalmente, la Sala manda a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), a abstenerse de tramitar las solicitudes de cualquier interesado en obtener una concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, tanto de radiodifusión sonora como de televisión, incluidas las ya presentadas o en cualquier estado en que se encuentre el procedimiento.

Fuente: El Salvador.com

Notas relacionadas

EL SALVADOR. DENUNCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONCESION DE FRECUENCIAS DE TV

19-FEB/2016

La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentó este miércoles a la Fiscalía General de la República, un aviso en el que le piden investigar presuntas irregularidades en la concesión de siete canales de televisión que funcionaban en cable y que habrían sido trasladados de forma irregular a señal abierta, en el año 2009 al final de la administración de Fernando Argüello Téllez como titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Leonel Herrera, representante de la ReDCo, reveló que con esa decisión se habría violado el mecanismo que la Ley de Telecomunicaciones establece para la asignación de nuevas concesiones.

“Lo que hubo fue un fraudulento proceso de adecuación de los canales con el fin de evadir el procedimiento que establece la ley y eso tiene serias implicaciones desde el punto de vista legal, de la competencia y de la libertad de expresión”, señaló Herrera.

En el escrito presentado, la ReDCo pide a la Fiscalía que se compruebe la ilegalidad de la adjudicación de las frecuencias, declare la nulidad de las mismas y se abra el proceso para otorgarlas a otros actores interesados.

“Que vayan a otro proceso de adjudicación donde otros operadores privados, públicos, comunitarios, puedan participar y tengan la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico en estos canales que ahora están siendo, de manera indebida, concentrados por Telecorporación Salvadoreña (TCS)”, exigió Herrera.

Herrera sospecha que los canales 41, 43, 45, 47, 49 y 51, se mantienen “ociosos” para evitar que entren nuevos competidores.

“Algunas investigaciones periodísticas indican que el propietario real (de los canales) es un reconocido grupo televisivo, TCS, que pudo haberlos acaparado para evitar el ingreso de otros operadores”, apuntó.

Asimismo, citó un estudio de la Superintendencia de Competencia que revela que ese grupo televisivo controla el 80% de la publicidad y agregó que Luis Francisco Pinto García, quien habría sido el primero en obtener los canales, al fallecer los dejó en manos de Gustavo Lacayo Carrillo, ambos, según Herrera- citando investigaciones periodísticas-, son identificados como “personeros” de TCS.

Decisión “lesiva” para el Estado

La ReDCo pide a la Fiscalía que identifique y persiga, por la vía penal, a funcionarios vinculados al hecho, cuya responsabilidad no haya prescrito, pues se trataría de una decisión “lesiva a los intereses del Estado”.

Este es el segundo aviso que recibe la FGR sobre irregularidades en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico. El primero fue presentado en 2014 pero el ex Fiscal General, Luis Martínez lo desestimó.

La ReDCo espera que el nuevo Fiscal, Douglas Meléndez, retome la petición y la resuelva con prontitud.

“Le llevamos esta demanda como una oportunidad de demostrar que va a aplicar la ley a quien sea y que de verdad va a ser un fiscal que vela por los intereses del pueblo, del Estado y de la sociedad”, concluyó Herrera.

Fuente: Arpas

Radios comunitarias salvadoreñas exigen igualdad de derechos

29-FEB/2016

La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas) cumple hoy 22 años de existencia como una red de emisoras comunitarias que tiene en su quehacer una agenda pública más incluyente.


 

Arpas, que enfoca su trabajo además en la promoción de un modelo de medios más diverso, plural y democrático, nació el 26 de febrero de 1994 cuando varias emisoras, surgidas en el contexto del final de la guerra interna y la firma de los Acuerdos de Paz, se organizaron para dar la batalla por la "democratización de la palabra".

Esto pasaba por el reconocimiento legal y el acceso a frecuencias radioeléctricas, sin embargo, el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con Armando Calderón en la presidencia (1994-1999) y Juan José Domenec al frente de la exAdministración Nacional de Telecomunicaciones, las rechazó y las persiguió, refirió Arpas.

En diciembre de 1995, en un operativo policial simultáneo, una docena de radios comunitarias fueron cerradas y requisados sus equipos, y luego en 1997, en marco del apogeo privatizador de la reforma neoliberal, se aprobó la Ley de Telecomunicaciones que institucionalizó el cierre de las emisoras comunitarias.

Así el mandato de Arena las excluyó al tiempo que estableció la sabasta al mayor postor como prodecimiento para otorgar las frecuencias, a través del cual difícilmente comunidades y organizaciones sociales sin poder económico tendrían acceso al espectro.

Fue hasta julio del año pasado que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la subasta como único mecanismo de asignación de frecuencias y ordenó a la Asamblea Legislativa hacer una reforma de ley que establezca mecanismos alternos la cual debe realizarse antes del 31 de marzo próximo.

Alrededor de 20 emisoras comunitarias ubicadas en distintos puntos del país comparten una sola frecuencia (92.1 FM), mientras que grupos empresariales (Corporación FM, Grupo Samix, Corporación KL, Grupo Radio Estereo) acaparan varias frecuencias cada uno, denunció Arpas este día en un editorial.

Recordó que en 2013 Arpas presentó un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria y el Ejecutivo promovió otro de medios públicos, pero la discusión en el parlamento se suspendió por presiones de la Asociación de la Empresa Privada y la Fundación La Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social.

"Sin embargo, esa postura es insostenible", enfatizó la agrupación que mantiene una incansable batalla junto a diversas organizaciones sociales por el derecho a la comunicaión.

Fuente: Prensa Latina


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