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CNC CONTRATO CLASES DE GIMNASIA
PARA EL HORARIO LABORAL
10-JUL/2013
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La Licitación
Privada N° 4/2013 de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
y cuyo expediente fue el 11281/2012, establecía un llamado a
contratar un “Servicio de Gimnasia Laboral” con el fin de
desarrollar “actividades posturales y de estiramiento que
contribuyan a mejorar la productividad, alcanzando mayores
niveles de concentración, capacidades físicas, disminuyendo los
malos hábitos corporales y los niveles de estrés personal”. La
idea, según se puede leer en el pliego de adjudicación, es
promocionar el trabajo en equipo.
En el pliego de
especificaciones técnicas de la CNC, además, se señalaba que los
módulos se dictarían en “horario laboral de 9 a 18 horas, según
las áreas o dependencias del Organismo que requieran la
actividad, estimando CUARENTA Y OCHO (48) clases semanales, de
las cuales TREINTA y SEIS (36) se dictarán en Perú N° 103 y DOCE
(12) en Perú N° 598”.
Las clases, de acuerdo con el escrito, serían dos por semana,
con una duración de 15 minutos cada una. El plazo de
contratación del proveedor fue estipulado en 12 meses, con una
opción de prorrogar el servicio a favor de la CNC de 12 meses
adicionales.
En concreto, la licitación fue adjudicada, con la firma del
interventor (Ceferino Namuncurá) y del sub-interventor (Nicolás
Karavaski), a la Asociación Cristiana de Jóvenes por $ 107.400,
es decir, a un costo de $8.950 mensuales.
La CNC, organismo controlado por La Cámpora, cuenta con 95
empleados que manejan un presupuesto de 1.200 millones de pesos.
Los sueldos que paga esta repartición pública, en sus niveles
medios y altos, permiten a los funcionarios llegar con cierta
holgura hasta fin de mes.
Por ejemplo, y de acuerdo con el decreto 683/2013, en el que se
homologaron los Convenios Colectivos de Trabajo de algunos
organismos de la Administración Pública Nacional, un gerente del
ente (en total son 3) cobrará desde el 1 de agosto de este año,
$ 32.484,79. Un subgerente alcanzará a partir de esa fecha los $
29.774,02, mientras que ocho “profesionales coordinadores”,
recibirán $ 21.654,76.
La Comisión Nacional de Comunicaciones tiene como misión el
control jurisdiccional y de normalización administrativa y
técnica de los servicios de telecomunicaciones, radioeléctrico y
postales de la Argentina. Entre sus funciones principales, según
sus estatutos, “está el velar por los derechos de los usuarios
de los servicios de comunicaciones, asesorando y atendiendo
reclamos originados por las deficiencias de los mismos y
actuando en defensa de éstos ante eventuales incumplimientos de
las prestatarias”.
Ya sabe. Si no lo atienden desde la CNC ante un reclamo porque
no le funciona bien el servicio de su compañía celular, es
probable que en ese momento los empleados estén haciendo
gimnasia.
Fuente: Eliminando Variables
PROCESAN A DOS FUNCIONARIOS KIRCHNERISTAS POR SUPUESTO
ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA CABLEVISION-FIBERTEL
01-JUN/2016
Se
le achacan las resoluciones vinculadas con la absorción
de la operadora de internet Fibertel S.A. por parte de
Cablevisión S.A.
La Justicia argentina dictó hoy (lunes 30 de mayo) el
procesamiento de Carlos Lisandro Salas, secretario de
Comunicaciones durante el Gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner (2007-2015), por el presunto delito de abuso
de autoridad, debido a hechos contra las empresas
Cablevisión y Fibertel, del Grupo Clarín.
Fuentes judiciales señalaron que a Salas se le achacan las resoluciones
vinculadas con la absorción de la operadora de internet Fibertel S.A. por
parte de Cablevisión S.A., la mayor empresa de televisión por cable del país
y que ya era propietaria de casi la totalidad de su paquete accionario.
También se procesó al exinterventor de la entonces Comisión Nacional de
Comunicaciones Ceferino Alberto Namuncura y el juez Luis Rodríguez, titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9, dispuso
además el inicio de los trámites necesarios para la elevación del caso a
juicio oral.
A los dos acusados, sobre los que se trabó embargo sobre bienes y/o dinero
por 10.000 pesos (unos 720 dólares), se les imputa haber realizado actos en
el ejercicio de sus funciones "con el consabido designio de perjudicar los
intereses y los derechos" de Fibertel y Cablevisión.
La causa se inició en 2009 por una querella de los abogados de esa última
empresa y cuenta con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita.
En 2010, el Gobierno de Fernández de Kirchner anunció la cancelación de la
licencia de la operadora de internet Fibertel por "incumplimientos" de
normativas del sector de telecomunicaciones.
La medida fue aplicada, según el Ejecutivo de entonces, porque Fibertel
traspasó "unilateralmente" y "sin la debida autorización previa" sus
servicios a Cablevisión, cuando se fusionaron ambas empresas controladas por
el grupo Clarín, cargos que este conglomerado rechazó.
Este no es el único enfrentamiento entre ambas partes.
En 2013, la Corte Suprema argentina zanjó una batalla legal de cuatro años
entre el Gobierno y Clarín, al declarar constitucional la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009.
La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del
35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en
televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una
de televisión por satélite.
Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, esta
repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con
intereses en el país.
Fuente: EFE
CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE DOS FUNCIONARIOS K POR
ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA CABLEVISION-FIBERTEL
22-AGO/2016
La Cámara Federal confirmó
el procesamiento de dos ex funcionarios kirchneristas del
sector de las Comunicaciones, por el delito de “abuso de autoridad” cometido
contra Cablevisión y Fibertel –del Grupo Clarín–, cuando le quitaron la
numeración para dar servicios de telefonía y ordenaron dejar de prestar el
servicio de Internet. Se trata del ex secretario de Comunicaciones,
Lisandro Salas, y el ex interventor de la Comisión Nacional de
Comunicaciones, Ceferino Namuncurá.
Ambos fueron procesados en primera instancia por el juez federal Luis
Rodríguez; y su sentencia fue confirmada esta semana por la Cámara Federal,
integrada por Eduardo Guillermo Farah, Martín Irurzun y Nicolás Antonio
Pacilio, quienes destacaron que, “con el grado de certeza requerido por la
presente etapa”, los ex funcionarios “incurrieron en abuso de autoridad”.
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A Salas y
Namuncurá se los imputó por la realización de actos en el
ejercicio de sus funciones con el objetivo de perjudicar los
intereses y los derechos de Cablevisión y Fibertel. A ambos ex
funcionarios, además, se les trabó un embargo sobre sus bienes
por $ 10.000.
El fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal destacó el
contexto de tensión contra el Grupo Clarín por parte del
Gobierno, cuando se dictaron los diversos actos administrativos
que perjudicaban a Cablevisión y Fibertel.
Los camaristas citaron en su fallo a Jorge Luis Villada, cuando
en su libro sobre Delitos contra la administración pública,
sostiene: “El abuso brutal y descarnado es fácilmente
controlable y punible, pero el que fina o perversamente se
ejerce –aprovechándose de la función y disfrazándolo de actos
legítimos–, es el más difícil de investigar y desentrañar y el
que mayor reproche merece en un Estado de derecho, porque socava
silenciosa y persistentemente las instituciones”.
Además, en otra causa, el juez Ariel Lijo procesó a otro ex
funcionario kirchnerista de la Inspección General de Justicia
(IGJ) y a un director del organismo, también por “abuso de
autoridad”, ya que trataron de impedir la realización de una
asamblea de accionistas de una de las empresas del Grupo Clarín,
pese a que esa era una facultad reservada a la Justicia. Los
procesados fueron el ex titular de la IGJ, Norberto Berner, y el
ex director de Sociedades Comerciales del organismo, Leandro
Pablo Larrañaga.
El juez Lijo sostuvo que “los dos imputados dividieron sus
funciones e intervinieron, en razón de los cargos que
detentaban, con el único fin de perjudicar a la compañía GC
Dominio S.A., perteneciente al Grupo Clarín”. Y agregó que,
ambos ex funcionarios asumieron “una facultad que no sólo no les
correspondía, sino que la ley brindaba a otro poder”.
En el caso de Berner, la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner lo premió, luego de cometer estos delitos y lo designó
como secretario de Comunicaciones, en reemplazo de Salas, el
otro ex funcionario que también fue procesado por el delito de
abuso de autoridad contra el Grupo Clarín.
Ambas causas muestran que los organismos del Estado, en manos
del gobierno anterior, actuaban en función de destruir a Clarín
y afectar su normal funcionamiento como empresa independiente.
Fuente: Clarín
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