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control
privado del espectro: procesan y embargan a funcionarios y
ejecutivos
03-MAR/2008
El juez federal Sergio Torres procesó, sin prisión preventiva, a ex funcionarios menemistas y directivos de la empresa Thales Spectrum, por irregularidades en la concesión del control del espacio radioeléctrico.
Entre los funcionarios más reconocidos figura Germán Kammerath, el ex secretario de Comunicaciones del gobierno de Carlos Menem, a quien el juez le trabó embargo por 100 millones de pesos.
Así lo informaron fuentes judiciales, que indicaron que el juez postergó la resolución sobre la situación judicial del propio ex presidente dado que "falta concretar una serie de medidas de prueba aún pendientes".
El juez Torres consideró a Kammerath responsable del delito de "defraudación a la administración pública", por la polémica concesión efectuada en 1997.
La concesión. Thales Spectrum ganó en julio de ese año una licitación que convirtió a la Argentina en el único país del mundo en conceder el control de su espacio radioeléctrico.
El contrato fue anulado en enero de 2004 por el ex presidente Néstor Kirchner por incumplimiento de obligaciones. El grupo está involucrado en una investigación en Francia por corrupción, a raíz de denuncias de un ex ejecutivo.
En el mismo expediente, el juez postergó, hasta la realización de medidas que ya fueron ordenadas y que "resultan de inestimable interés", la resolución de la situación procesal del ex presidente y actual senador riojano Carlos Menem, quien también fue indagado en el marco de esta investigación.
La justicia argentina investiga desde 2004 a varios ex funcionarios por el presunto cobro de un soborno por 25 millones de dólares para el otorgamiento de la concesión del espacio radioeléctrico.
Otros procesados. Mediante una resolución de 99 páginas, Torres dictó el procesamiento de Jorge Justo Neuss, titular de Thales Spectrum Internacional y accionista mayoritario de la filial argentina; con un embargo de 200 millones de pesos.
Además procesó a Jean Nicolás Rostan D´Ancesune West, directivo de la firma, y de Juan Carlos Casagne, titular de la filial argentina, con un embargo similiar.
La medida también alcanzó a Germán Kammerath y Alejandro Cima, ex secretario y subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, respectivamente; a quienes embargó en 100 millones de pesos; al ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Roberto Catalán, y a sus ex vicepresidentes Roberto Uanini y Hugo Zothner, con embargos de cinco millones de pesos.
Los procesamientos con embargos de cinco millones de pesos alcanzaron, además, a Alberto Gabrielli, ex presidente de la Comisión de Seguimiento y Preadjudicación; Patricio Feune de Colombi, ex miembro del directorio de la CNC; Pablo Arancedo, ex Director de Asuntos Jurídicos de la CNC; y a Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de la Comisión.
La causa en los tribunales. La causa se inició el 16 de julio de 2001 a raíz de una denuncia anónima que alertaba sobre la existencia de irregularidades "en el proceso de licitación mediante concurso público nacional e internacional para la concesión de los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnico de emisiones del espectro radioeléctrico".
Tras un periplo por varios tribunales, el expediente recayó en el entonces juez federal Jorge Urso, quien los sobreseyó pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, apartó al magistrado, y dispuso una serie de medidas que llevó adelante Torres, que ahora dictó los procesamientos con los multimillonarios embargos.
En las actuaciones también se deberá investigar la presunta existencia de sobornos mediante los cuales "se habría acordado previamente que resultaría adjudicataria la empresa en cuestión y cuales serían los términos del contrato".
El magistrado dejó para más adelante ese punto a la luz de una serie de medidas de prueba "tendientes a confirmar o descartar dicha hipótesis investigativa".
Irregularidades. Torres también investigó el incumplimiento por parte de la concesionaria de las condiciones de contratación fijadas, como ser la falta de entregas de programas "para el control y administración del espectro radioeléctrico y la falta de control por parte de los funcionarios de la CNC, además de reprogramación de plazos para el cumplimiento de las obligaciones y no haber exigido las sanciones correspondientes".
El juez explicó que se trató de un "complejo y entrelazado conjunto de operaciones espúreas que comenzaron con el proceso de licitación y adjudicación" que habría provocado al Estado un perjuicio del orden de los 300 millones de pesos y cuya anulación decretó el ex presidente Kirchner en enero de 2004.
La pesquisa sobre los presuntos sobornos la introdujo al Oficina Anticorrupción (OA) sobre la base de una información de la revista francesa "Le Point".
La publicación sostuvo que, para obtener el contrato de concesión, Thales Spectrum "habría girado 25 millones de dólares a cuentas bancarias de Nueva York, Uruguay y de paraísos fiscales, que habrían pertenecido a funcionarios argentinos".
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