ACUSAN AL GRUPO VILA-MANZANO POR EL CIERRE DE UNA REPETIDORA DEL CANAL ESTATAL

15-JUN/2007

El secretario General del gremio de Prensa de San Rafael, Roberto Picco, denunció el lunes 7 "presiones" del grupo empresario Vila-Manzano para que la Justicia haya dispuesto el cierre de la repetidora de la estatal LS82 TV Canal 7 en esa localidad mendocina, ubicada a 230 kilómetros al sur de la capital provincial.

Incluso, el gremialista recordó que con esta disposición, el juez Acosta "contradijo" la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional de garantizar, a través de la televisión pública, "el derecho a la información abierta y gratuita a todos los habitantes del país".

En diálogo con Télam, Picco adelantó que se convocó a una movilización para mañana a la tarde ante el Juzgado Federal de San Rafael, para pedir "se respete el derecho de la gente" a la información abierta y gratuita.

También dijo que se constituirá en querellante en la causa "en defensa de la población" de San Rafael y que aún "no se conocen las causas sobre las cuales el juez Acosta se basó para determinar el cierre de la repetidora".

Hasta el 28 de abril, cuando se inauguró la planta de transmisión de Canal 7, en San Rafael sólo existían dos canales de aire (Canal 6 y Telesur), ambos pertenecientes al grupo Vila-Manzano, según explicó el gremialista.

En esa oportunidad, el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, recordó que en su anterior visita a San Rafael los vecinos le presentaron un petitorio con muchas firmas y fundamentos para tener "una segunda opción televisiva para quienes no poseen televisión por cable".

El funcionario nacional había reconocido que en Mendoza "hay un monopolio informativo que también atenta contra a democracia".

En su conversación con Télam, Picco se preguntó "qué grado de presión puso el monopolio informativo al juez para que el magistrado se ponga en contra de una medida tomada por el propio Presidente".

Finalmente, reivindicó los medios públicos y recordó que "para muchos es la única forma de informarse".

Fuentes cercanas al gremio denunciaron que esta medida se suma a la campaña "de la derecha" contra el presidente Néstor Kirchner, para mantener el monopolio de los medios de cara a las elecciones nacionales de octubre próximo.

El gobierno nacional reformó la ley de radiodifusión de la dictadura militar para permitir que la televisión pública llegue en forma abierta y gratuita a todos los habitantes del país.

Con su decisión de "no innovar", el juez mendocino suspendió los efectos de los decretos 2368/2002 y 84/2005 por los cuales se fortalecía el derecho de la comunicación y el pluralismo para los ciudadanos de todo el país mediante la cobertura nacional de los servicios de la televisión pública, independientemente de los intereses de mercado.

El Decreto 2368/2002, firmado por Eduardo Duhalde, destaca el compromiso del Estado Nacional con la "amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y de la educación a la población".

El Decreto 84/2005 se convirtió en el instrumento de ejecución de esa política pública al otorgar frecuencias en diversas localizaciones de todo el país para lograr una mayor inclusión de ciudadanos en la cobertura de Canal 7.

El Estado Nacional recurrió el fallo

El coordinador de Asuntos Jurídicos de Sistema Nacional de Medios Públicos, Ruben Virué, ya presentó un recurso de apelación "para que la Cámara Federal de Mendoza pueda entender en el mismo y pedimos que se revoquen medidas para continuar con las transmisiones de LS82 TV Canal 7 en San Rafael”.

Virué anunció la presentación judicial en el encuentro con representantes de organizaciones no gubernamentales reunidas en el Concejo Deliberante del municipio sanrafaelino, con el propósito de expresar el rechazo al cese de la planta repetidora de Canal 7 dispuesta por el juez Acosta. 

Recordó cómo se tomó conocimiento de la disposición judicial el jueves último cuando recibieron “un telegrama de la suspensión de los efectos de dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y cesemos la transmisión de la repetidora de Canal 7 en San Rafael”. 

El coordinador judicial se refirió a los dos decretos vinculados uno a la puesta en marcha de repetidoras de Canal 7, entre ellas la de San Rafael y sobre el otorgamiento de frecuencias en distintas zonas del país para que el Canal 7 llegue a toda la ciudadanía. 

En cuanto a la comunicación del juez Acosta “fue realizada en el marco de la ley de amparo o cual nos determina un plazo de 48 horas para interponer el recurso de apelación que efectivizamos hoy aquí”, detalló. 

Virué fue categórico: “Aquí tenemos claro que no se trata solamente de una discusión que tienen que ver si tiene prominencia un decreto Ley del Gobierno Militar o un decreto de necesidad de urgencia dictado por autoridades legítimamente constituidas”. 

“Tiene mucho que ver que todos los ciudadanos de San Rafael tengan acceso a la televisión abierta”, añadió Virué. 

Virué, en una detallada exposición a los representantes de las ONG del sur mendocino, consideró que “aquí no vale la pena avanzar mucho sobre lo que son los aspectos técnicos de la discusión, sí se trata de una decisión que tiene que ver con la aplicación”. 

“ La Ley de Radiodifusión autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a la instalación de repetidoras sin restricción alguna y en ese marco el Poder Ejecutivo dictó otro decreto que dispuso la instalación de repetidora en San Rafael”, reseñó. 

En consecuencia “hemos interpuesto el recurso para que la Cámara Federal de Mendoza pueda entender en el mismo y pedimos que se revoque estas medidas de manera tal de continuar con las transmisiones de Canal 7 en San Rafael”. 

En cuanto a los fundamentos de la medida aplicada por el juez Acosta, Virué explicó que “tiene que ver con un decreto de necesidad y urgencia dictado en noviembre de 2002 que modificó una parte de un inciso de la Ley de Radiodifusión”.