LA CAMARA FEDERAL DE ROSARIO DEBERA RESOLVER UNA DENUNCIA CONTRA CABLEVISION Y MULTICANAL POR SUPUESTA DESLEALTAD COMERCIAL 

16-AGO/2007

Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación - al adherir al dictámen del procurador general Esteban Righi -, por una denuncia contra las dos cableoperadoras más grandes de la Argentina, por un supueto acuerdo que le impediría a los consumidores de la ciudad capital de la provincia de Santa Fé elegir libremente un sistema de televisión por suscripción por vínculo físico. 

El dictámen, emitido en agosto de 2006 y avalado por el máximo tribunal en abril de este año, señala que la denuncia formulada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), tiene su revisión judicial ante el juez federal del lugar de conflicto, ya que cuenta con una mayor inmediación con el mercado en cuestión.

En concreto, la denuncia le reprocha a ambas empresas el establecimiento de un acuerdo "... para dividirse el mecado de la televisión por cable en la ciudad de Santa Fé, a partir de la escisión-fusión de VCC., disponiendo condiciones limitantes a los clientes o potenciales abonados, que les impediría cambiar o elegir libremente entre las empresas proveedoras de ese servicio, lo que importaría una posible restricción de la competencia...".

La denuncia sobre este supuesto acuerdo fue rechazada por la CNDC, por lo cual los interesados apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico con el fin que revocase dicha resolución.

Dicho tribunal se declaró incompetente, al entender que la cuestión afectaba a los usuarios de la ciudad de Santa Fé, por lo que debía entender la Cámara Federal situada en dicha jurisdicción. Una vez remitido el expediente caratulado ”Multicanal S.A. y otro s/ denuncia infr. a la ley 22.262” a Rosario, la Cámara Federal rechazó el expediente. Afirmó que el acuerdo había sido celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, y que, como se discutía un accionar ilícito en su celebración, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que entendiera en la causa, propuesta que no fue aceptada por la Cámara inicial.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, propuso que sea la Cámara Federal de Rosario la encargada de resolver el caso. Entendió que no debía observarse el lugar de la realización del acto ilícito, sino sobre qué mercado recayeron los efectos de dicha conducta ilícita.

En este caso, Righi entendió que la Cámara Federal de Rosario cuenta con mayor capacidad informativa sobre el mercado santafesino y una menor intermediación que la Cámara Nacional en lo Penal Económico, la cual está alejada del lugar del conflicto.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Eugenio Zaffaroni, hicieron suyos los argumentos planteados por el Procurador General de la Nación, otorgándole a la Cámara Federal de Rosario la competencia sobre el caso.

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