españa reglamento la publicidad gubernamental

05-SEP/2006

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto para crear la Comisión de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado. Esta Comisión es el eje de la nueva Ley de Publicidad Institucional que, según el Ejecutivo, pretende erradicar aquellas campañas que tengan como finalidad ensalzar la labor de los gobiernos, fortalecer la transparencia de las campañas y profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas. 

Con este Real Decreto se da cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 29 de diciembre de 2005, la cual regula el contenido de los mensajes difundidos a través de campañas de publicidad y comunicación de las administraciones públicas y se disponen garantías frente a aquellas campañas que incumplan sus mandatos. Esta Comisión de publicidad y comunicación institucional es uno de los ejes principales de la Ley promulgada en diciembre. 

La Comisión, convertida en un organismo estatal, se dedicará a la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de la Administración General del Estado. Además, será la encargada de resolver las reclamaciones contra las campañas que incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley. Tendrá tres órganos: el Pleno, la Comisión Ejecutiva y el Comité de Recursos.

Bajo la presidencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, forman parte de la Comisión un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, que representarán institucionalmente a su respectivo Ministerio y a los organismos y entidades adscritos al mismo. No obstante, no se excluye la participación directa de otros organismos o entidades públicas, previéndose tal participación cuando los asuntos a tratar les afecten directamente.

Como adelantó PRNoticias el mes de julio pasado, la futura ley pretende "desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas". Asimismo, la Publicidad y Comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes.

En concreto, se intentará erradicar aquellas campañas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno (punto conflictivo, puesto que los socialistas acusaron al anterior ejecutivo en su momento de utilizar las campañas institucionales con fines partidistas). También se quiere profesionalizar la planificación, ejecución y evaluación de las campañas, para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos; fortalecer la transparencia de las campañas y velar por la lealtad institucional. 

Por otro lado, la aparición de un plan anual de publicidad y comunicación institucional - regulado también por el Real Decreto aprobado el viernes -, en el que se especificarán el objetivo, coste, periodo de ejecución, herramientas utilizadas, sentido de los mensajes, destinatarios y organismos afectados por la campaña. Este plan anual deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. La elaboración de un informe anual en el que incluirán todas las campañas contratadas por la Administración General del Estado y la relación de los adjudicatarios de los contratos celebrados. 

Por último, la Ley aborda temas como la igualdad cultural, social y de género, así como el ecologismo o la accesibilidad para personas discapacitadas, o una enmienda promovida por los nacionalistas para que los anuncios de la Administración en soporte audiovisual y escrito se elaboren también en catalán, gallego y euskera en aquellas comunidades autónomas donde estas lenguas sean oficiales.

Fuente: PRNoticias

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