PUBLICIDAD OFICIAL EN NEUQUEN: CUESTIONAN EL RECHAZO DE UN AMPARO

28-SEP/2006

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) cuestiona fuertemente que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, haya sugerido el rechazo del amparo interpuesto por el diario Río Negro contra el Poder Ejecutivo de Neuquén a causa del retiro de la publicidad oficial. Sin embargo, rescata que en el dictamen se haya instado a establecer normas claras que eviten la discrecionalidad en la distribución de la pauta estatal.

El gobierno de Neuquén retiró la publicidad del diario Río Negro luego de la cobertura de una denuncia de corrupción que vinculaba a funcionarios públicos y al gobernador Jorge Sobisch. El pronunciamiento del procurador tiene lugar cuatro años y ocho meses más tarde de la interposición del amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La ADC -que presentó un "amicus curiae" en respaldo del amparo presentado ante la Corte Suprema y es copeticionaria en el caso que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- realizó un análisis de los puntos principales de la decisión y su implicancia para la libertad de expresión en nuestro país. 

Hacen falta reglas claras 

El dictamen reconoce que la distribución arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial constituye una violación indirecta a la libertad de expresión prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cita los informes del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se advierte que "las posibles violaciones indirectas son promovidas por la falta de disposiciones legales (...), pues este vacío legal da lugar a un poder discrecional excesivo por parte de las autoridades". 

Del mismo modo, el dictamen hace referencia a la laguna legal que existe en nuestro país en la materia, tanto a nivel provincial como nacional, y cita Una Censura Sutil. Abuso de la publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en la Argentina, publicado el año pasado por la ADC. En dicho informe, la ADC recomienda a los gobiernos dictar normas que fijen criterios y mecanismos claros y transparentes en la contratación de la pauta del Estado. Siguiendo con ese criterio, Righi sostiene que "es necesario que se sancionen reglas claras" que establezcan "parámetros objetivos" sobre el tema. 

La ADC considera que la regulación de la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos. Establecer esas reglas no es una tarea sencilla, pero ellas deben estar regidas por principios tales como la transparencia, la no discriminación de aquellos que sean críticos de la labor del gobierno y la posibilidad de controlar a quienes toman la decisión de colocar la publicidad que se compra con dinero público. 

Una discusión seria sobre el manejo de la pauta estatal -que esperamos se inicie en nuestro país- estaría en sintonía con lo que sucede en distintos países del mundo, donde se ha tomado conciencia del grave problema que puede representar la asignación o el retiro arbitrario de publicidad oficial para la libertad de expresión. 

El caso Río Negro: la existencia de una violación a la libre expresión 

En el dictamen se afirma que, para que los jueces puedan controlar el modo en que se distribuye la publicidad oficial, hacen falta reglas claras. "Es necesario que sea la voluntad del legislador la que delimite el poder discrecional de las autoridades públicas que deciden sobre la asignación de publicidad estatal y permita, de ese modo, a los jueces decidir en qué casos se ha violado esa normativa", concluye Righi. 

La ADC no está de acuerdo con este punto. La ausencia de un marco normativo que fije criterios claros para regular la distribución de la publicidad oficial no exime de control judicial a las decisiones estatales en esta materia. Como ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, "la esfera de discrecionalidad susceptible de perdurar en los entes administrativos no implica en absoluto que éstos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquella no resulte fiscalizable". 

En este caso, lo que está en juego no es la infracción de normas locales sino la violación de los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión, que gozan de rango constitucional. Allí se considera que la distribución de publicidad oficial efectuada con el objetivo de presionar, castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibida por la ley . 

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina sugirió, en el caso "Emisiones Platenses", que el retiro de publicidad oficial con motivos persecutorios podría constituir una violación inaceptable de las garantías a la libertad de expresión. 

En este caso, se ha demostrado claramente que la decisión de retirar la publicidad del diario trascendió el marco de lo meramente opinable (es decir, del ámbito de decisiones que forma parte de las facultades discrecionales de las autoridades) y, en cambio, sí obedeció a la finalidad de castigar al medio por divulgar informaciones que molestaban fuertemente al gobierno de Neuquén. Es claro, entonces, que la conducta estatal impugnada es claramente violatoria del derecho constitucional a la libre expresión. 

Riesgos para la libertad de expresión 

Vale la pena agregar que las presiones ejercidas mediante la distribución de la publicidad oficial no sólo afectan el derecho a la libertad de expresión de los medios que resultan "castigados" por su línea editorial. También tienen fuertes efectos inhibitorios que impactan directamente sobre la calidad del debate público y vulneran el derecho a la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos. 

La libertad de expresión es un derecho individual de toda persona, pero también es, en su dimensión social, un medio indispensable para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión es "una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática". Impedir cualquier tipo de restricción a la libertad de expresión, por lo tanto, debe ser una prioridad de todos aquellos que desean que la democracia resulte cada vez más sólida, más rica y más plural. 

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