|
PROCESAN
POR DEFRAUDACION A DOS EX INTERVENTORES DEL COMFER
16-SEP/2005
El
juez federal Guillermo Montenegro procesó por defraudación al
fisco a José Carmelo Aiello y a Ana Lucía Tezón, los dos últimos
interventores en el COMFER durante el gobierno de Carlos Menem.
Los
dos ex funcionarios están acusados de haber asignado en forma
irregular exenciones tributarias a importantes sociedades
licenciatarias por casi 100 millones de pesos, informaron fuentes
judiciales. Entre las firmas beneficiadas figuran Telearte (LS83 TV
canal 9), Telefé (LS84 TV canal 11), los medios del Grupo Clarin
Artear (LS85 TV
canal 13) y Multicanal, Desup (LR9 Radio América) y Radiodifusora
del Plata (LS10 Radio del Plata).
Por
cierto, la cobertura de la noticia fue nula en Infobae,
perteneciente al mismo grupo empresario que ostenta las acciones de
Telearte, y en Página 12 y Clarín, del holding
Noble-Magnetto-Goldman Sachs, que controlan a su vez Artear y
Multicanal.
Montenegro
no dispuso la prisión preventiva de Aiello y Tezón, pero ordenó
un embargo de un millón de pesos sobre los bienes de cada uno. Una
suma exigua si se tiene en cuenta el monto de la presunta defraudación
al Estado Nacional.
La
causa se había iniciado en 2001 por una denuncia de la Oficina
Anticorrupción. En su resolución, el juez explicó que las
exenciones impositivas están previstas en la ley de radiodifusión
para ser otorgadas sólo a las empresas en zona de frontera o de
fomento. Y detalló que en 1996 la Resolución del COMFER 1090
declaró zona de fomento a todo el territorio de la Argentina, a
excepción de la ciudad de Buenos Aires. Pese a esa resolución se
otorgaron exenciones que beneficiaban a empresas situadas en la
Capital.
Durante
la gestión de Tezón, de 1996 a 1997, otorgó exenciones a cuatro
empresas, perjudicando al fisco en la suma de 63.567.211 pesos.
En
el caso de José Carmelo Aiello, entre 1997 y 1999 benefició a
otras cuatro licenciatarias en 34.993.315 pesos.
Un
poco de historia
En
1996 el entonces interventor en el COMFER, León Guinsburg, firmó
la Resolución 1090 que declaró zona de fomento a todo el
territorio nacional con excepción de la Capital Federal, para ser
aplicada solamente a los servicios de radiodifusión por modulación
de amplitud (AM).
La
norma indicaba que entre el 1° de julio de 1996 y el 30 de junio de
1997 se otorgaba una exención en el pago del Impuesto a la
Radiodifusión o Gravamen, cuyo beneficiarios, es decir las
estaciones AM, debían destinarlo al reequipamiento.
En
los "considerandos" de la Resolución 1090/96 se invocó
que “la crítica situación por la que atraviesan los titulares de
licencias de servicios de radiodifusión sonora”, debida a la caída
de su facturación publicitaria.
|
TEZON POR TRES
Con
el procesamiento dictado por el juez federal Montenegro, Ana
Lucía Tezón acumula la tercera causa en su contra.
A
continuación se transcribe un cable de DyN, emitido en
enero de 2004.
“La
ex interventora del Comfer durante el gobierno de Carlos
Menem, Ana Lucía Tezón, fue procesada por la Cámara
Federal por haber reingresado en dos oportunidades a la
administración pública, durante la presidencia de Eduardo
Duhalde, pese a que no podía hacerlo pues tenía abierta
otra causa judicial.
“Fuentes judiciales precisaron que Tezón fue procesada
sin prisión preventiva como presunta autora del delito
contemplado en el artículo 253 del Código Penal, que
castiga con multa e inhabilitación especial a quien
"aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos
legales". Ese artículo, que establece multas de 750 a
12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos
años, fue aplicado a Tezón por lo miembros de la Sala Uno
de la Cámara Federal, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo.
“El
30 de marzo de 2000 Tezón fue procesada por la propia Sala
Uno de la Cámara por supuesto "abuso de autoridad y
violación de los deberes de funcionario público" por
su labor como interventora del Comité Federal de
Radiodifusión durante su gestión entre los años 1996 y
1997”.
Respecto
a esta última causa, la citada Cámara procesó a Tezón ya
que habría resuelto “arbitrariamente el pase de 85
agentes al Fondo de Reconversión Laboral sin contar con una
estructura orgánico funcional que amparara tal medida”. |
|
 
|
|
