INTENTAN SILENCIAR A PERIODISTA CON CAUSA JUDICIAL

12-OCT/2005

En los Tribunales de Dolores terminó el juicio oral al periodista costero Eduardo Arias, a quien el concejal radical Jorge Grande acusó de "tentativa de extorsión". Este martes se conoció el veredicto de los jueces, que sentenciaron al conductor radial a dos años y seis meses de prisión en suspenso. Pero los jueces además hicieron lugar a otro pedido de los acusadores: determinaron la inhabilitación del periodista por nueve meses, silenciando también a la radio y a quienes trabajan en ella. El acusador carga con varios antecedentes de ataques a la prensa.

El juicio oral comenzó el 28 de septiembre pasado, por un caso que ocurrió durante la gestión de Guillermo Magadán (UCR), en el Partido de la Costa, cuando Grande se desempeñaba como Secretario de Gobierno y era el hombre fuerte de la gestión radical. El 25 de febrero de 2000, un llamado del entonces jefe de Prensa de la Municipalidad pedía a los periodistas de diario Pionero que concurrieran a la sede municipal porque "le estaban haciendo un video a Eduardo Arias". Cuando el enviado del diario llegó allí, ya estaban en el lugar todos los medios del partido, además de funcionarios municipales, empresarios como José David Mendez - el propietario de Mundo Marino- y los fiscales Pablo Santamarina y María Claudia Castro.

Eduardo Arias, director y propietario de FM Más, de San Bernardo, salió de la Municipalidad esposado. Se lo retiró por la puerta principal, para que las cámaras fotográficas y de televisión pudieran tomarlo. La causa que se le inició en la justicia de Dolores fue caratulada primero como "Extorsión", y horas después "Tentativa de extorsión".

Arias no era un periodista cualquiera: desde su programa matutino "El Charter", en aquellos momentos era quien más criticaba a una administración municipal sobre la que pesan importantes denuncias de corrupción. El propio gobierno había sido reelegido en 1999 -apenas meses antes de la detención de Arias- en circunstancias oscuras: en los días previos a las elecciones del 24 de octubre, alguien había entrado al cementerio de General Lavalle y profanado las tumbas del padre del intendente Magadán, y de familiares de su secretario de Turismo, Gustavo Melones. El radicalismo no dudó en acusar a los justicialistas del hecho. Pero poco después, el entonces secretario de Gobierno de Magadán, Jorge Grande resultó ser uno de los principales procesados por el caso.

Arias, quien había denunciado las irregularidades del gobierno municipal, fue también uno de los pocos en hablar sobre la implicación de Grande en la profanación de tumbas. En febrero del 2000, es precisamente Grande quien denuncia ante la Justicia que Arias pretende extorsionarlo, y arma el operativo mediático que termina con su detención y con la apertura de la causa en Dolores. Desde 1997 el secretario de Gobierno cargaba con denuncias por agresiones físicas a periodistas costeros. En 2001 fue incluido en la compilación de "Ataques a la prensa" de la hoy extinguida Asociación Periodistas, por amenazar a un conductor televisivo: "cuidá tu cabeza porque en cualquier momento podés desaparecer", le dijo según los testigos.

El juicio

El juicio oral comenzó el miércoles pasado, más de cinco años después de la mediática detención, cuando el radicalismo ya no ocupa la Intendencia municipal pero el acusador Jorge Grande es parte del Concejo Deliberante.

Los ex funcionarios de la administración Magadán Enrique Di Cosmo, Carlos Angelinetti y Carlos Eliçabe, y el propietario de Mundo Marino José David Mendez, asistieron para declarar en contra de Arias, pero no dijeron palabra sobre el hecho por el cual se lo enjuicia.

También lo hicieron tres ex policías conocidos en la zona: Juan Carlos Salvá, José Luis Dorgan, y Gustavo Sosi. Los dos primeros estuvieron involucrados en el caso Cabezas acusados de "destruir pruebas", y eran señalados en aquella época como miembros de una banda que se dedicaba al narcotráfico y al robo de viviendas y comercios, que operaba en todos los balnearios de la costa.

En la segunda jornada del juicio se hicieron los alegatos de la fiscal de la causa, la acusación y la defensa.

La fiscalía pidió que se condene al periodista por el delito de "extorsión en grado de tentativa, a sufrir la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas del proceso". También solicitó que se lo inhabilite por el plazo de cinco años para ser licenciatario del servicio de radiodifusión.

Guillermo Brown, abogado de Jorge Grande, solicitó que la condena sea "por el delito de extorsión, del artículo 169, delito consumado y no tentado", y pidió la inhabilitación especial del periodista por ocho años.

Por su parte Marcelo Vera, el abogado defensor, aseguró que "no se pudo probar que existió la intimidación, no se pudo probar que existió el desapoderamiento", por lo tanto "no existió un delito".

Vera destacó que "lo que aquí estaría en tela de juicio sería la actividad de un periodista que critica al gobierno, y no a un gobierno particular, sino que el señor Arias desde que está en su radio, han pasado diferentes gobiernos y los ha criticado cuando ha creído que debía criticarlos". El abogado dijo que "el único fin" de la condena que se pide "va a ser que un periodista independiente no denuncie lo que él crea que debe denunciar".

"Por otra parte -agregó el defensor, quien solicitó la absolución - en un estado de derecho republicano, una persona que se cree desacreditada por los medios tiene el derecho a réplica". "Pero casualmente o extrañamente -enfatizó- los funcionarios no quieren hablar, no quieren rebatir, no quieren denunciar, y ahora aparecen todos juntos, funcionarios públicos de un mismo gobierno, jefes de policía, a hablar de hechos pasados, que esta defensa no tiene ninguna constancia de que hayan existido".

La sentencia

El martes 4 de septiembre los jueces Colombo, Macchi y Tamagno dieron a conocer su resolución: dos años y seis meses de prisión en suspenso para el periodista, más nueve meses de inhabilitación para ser licenciatario de radiodifusión. La defensa ya adelantó que va apelar la sentencia ante el tribunal de Casación.

La condena negativa hacia Arias preocupa, porque significa sobre todo acallar a un periodista, y silenciar a una de las emisoras más escuchadas del partido de La Costa.

FM Más funciona desde hace siete años, y allí trabajan, además de Arias, otros periodistas y operadores, en los espacios que integran su grilla de programación. Cada año, desde la radio se emiten también programas realizados por estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), Extensión La Costa, quienes realizan allí sus prácticas correspondientes a los talleres de producción radiofónica.

Fuente: Natalia Badenes - Diario El Pionero