¿JUSTICIA O IMPUNIDAD?
(Comunicado de la CARFREM)

23-MAY/2005

La profunda y sentida crisis que padecemos los argentinos, ha trastocado las fronteras de la racionalidad y la violencia (violar la ley), se ha adueñado de nuestras conductas coti diana s.

Las frustraciones que padecemos los radiodifusores, cada vez más graves, ponen en riesgo las bases de la paz social y la unidad nacional.

La ilegalidad en el uso de frecuencias radioeléctricas– cualesquiera sean sus formas de utilización – arrasa con el crecimiento y la esperanza de licenciatarios y permisionarios, paralizando a la sociedad de la radiodifusión, con un accionar y un grado de impunidad inusitados.

La "judicialización" del proceso administrativo por inacción de los organismos responsables en garantizar y proteger los derechos de los licenciatarios y permisionarios legales, ha ido demasiado lejos, sea por omisión o comisión de delito penal por mal desempeño de la función pública y/o abuso de autoridad.

Una dirigencia política que no dirige o no conduce los destinos del país, asumiéndose como tal,y un deslizamiento de los reclamos constitucionales al judicial, ocasiona la destrucción y el ahogo económico en la masa de radiodifusores legales.

Como dijimos muchas veces, los argentinos perdimos también nuestra capacidad de asombro.

La crisis no fue atendida desde sus comienzos y en su real magnitud. Ni los funcionarios del COMFER y la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni los legisladores que deben votar leyes que favorezcan a quienes invertimos y creemos en una sociedad de igualdad, son capaces, hasta ahora, en dar respuestas a los reclamos de los que queremos una Argentina diferente.

Este proceso de gravísimos efectos, dañan la convivencia, poniendo en riesgo la vigencia misma del Estado de Derecho. Si el Estado no hace cumplir la ley y coquetea con la ilegalidad para sumar con desesperación los votos que el resto de la sociedad le va negando, estamos ante el umbral del caos y el “sálvese quién pueda”.

La justicia – último recurso, cuando peligran los derechos de las personas y por ende, el mismísimo imperio de la ley – no puede ser la instancia permanente de quienes confiaron en las actuales autoridades y hoy son víctimas de la impunidad.

Los proveedores también son parte de este sistema de corrupción porque ellos les venden equipamiento y contenidos a los ilegales, a sabiendas que lo hacen para que otros violen la ley.

La desigualdad ante la ley, la injusticia y la inseguridad no pueden ser el hábitat permanente de quienes se sacrificaron para invertir en radio y televisión para servir a sus conciudadanos. Los ilegales se ríen tanto del Gobierno como de los legales y se sienten impunes porque son protegidos por la corrupción de funcionarios y legisladores que por un mezquino interés político nos obliga a recurrir a la justicia aún por los trámites más simples y sencillos de resolver.  

Las maniobras, complicidades y corruptelas deben ser abandonadas como prácticas de la política nacional, porque alimentan la hoguera del odio, la decadencia institucional y la inseguridad.

Cuando quienes nos gobiernan descuidan o no quieren asumir la responsabilidad de construir un nuevo horizonte, no pueden hacerlo con desprecio a quienes apoyan y se encuadran en la legalidad.

El compromiso que debemos asumir es no permitir que ello siga sucediendo.

El Poder Judicial, sobrecargado de causas y con esfuerzo personal de muchos de sus integrantes, fue sometido a solucionar la falta de cumplimiento de la ley por parte del poder político, sin cuantificar las consecuencias futuras que esto trae para toda la ciudadanía. La sociedad, hoy más que nunca, necesita confiar en la Justicia para corregir el rumbo de una Administración que no da soluciones.