El pasado viernes 25 de febrero un grupo de
radiodifusores de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, se reunieron en
esta ultima ciudad para analizar la problemática que aqueja al
sector.
Sin dudas el eje del debate fue "la falta
de una legislación democrática que permita a las emisora de FM
de Baja Potencia desarrollarse dentro del marco de un estado de
derecho, acorde a los tiempos actuales".
"Recordemos, que cada vez que se siga
"normalizando", invocando la Ley 22.285 y por mas
parches que esta tenga, seguirá siendo una ley con el mismo
espíritu que dejara de herencia el Gobierno de Reorganización
Nacional (1976-1983) y que para esa época seguramente fue de
utilidad para quienes la impusieron, pero actualmente es necesario
legislar bajo condiciones democráticas, donde se contemple el
funcionamiento y desarrollo de las emisoras de frecuencia
modulada", señalaron los radiodifusores en un comunicado.
También hubo lugar para un amplio informe del
presidente de la Asociación Patagónica de Radiodifusores de FM
de Baja Potencia (APARFM), Ricardo Huarte.
Este encuentro fue declarado de "interés
municipal" por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn y
contó con la participación en la apertura de de los concejales
Oscar Petersen, del Polo Social, Cristina Martinez y Xenia
Gabella, ambas del Partido Justicialista.
A través de un breve pronunciamiento, los
organizadores dijeron que "Nuevamente se ha lanzado contra
los radiodifusores de baja potencia una ofensiva para cerrar
fuentes de trabajo y privar a las comunidades al derecho a
informarse o escuchar con libertad las emisoras que satisfagan sus
inquietudes".
"En este nuevo atentado, se han lanzado a
la Patagonia los funcionarios y técnicos de la Comisión Nacional
de Comunicaciones –CNC- y el COMFER, para clausurar y decomisar
emisoras que supuestamente estarían interfiriendo las
comunicaciones de los aeropuertos. Tanto en Neuquén como en
Chubut".
"Nuestra preocupación se fundamenta
porque tales procedimientos, están enmarcadas en una legislación
obsoleta, tal es así, que las clausuras invocan la ley 22.285
herencia que nos dejara un pasado político rechazado por las
grandes mayorías. El operativo que monta la CNC y el COMFER es el
cierre inmediato de la emisora cuestionada y el radiodifusor no
tiene la mínima posibilidad de participar o tomar parte en el
supuesto trabajo que determina si efectivamente está provocando
interferencias".
"Las posibilidades que da la actual
legislación, es que el radiodifusor está obligado a viajar a
Buenos Aires para realizar los trámites administrativos, además
contratar técnicos y staff de abogados con gastos que superan
cualquier posibilidad económica de quienes modestamente mantienen
una fuente de trabajo para cuatro o diez familias, creando una
verdadera incertidumbre, en momentos en que paulatinamente el
país está saliendo adelante".
"Por eso, pedimos a las autoridades
nacionales, a nuestros diputados y senadores que de una vez por
todas, fijen su preocupación por una legislación democrática
para poner fin a estos excesos y arbitrariedades. La Asociación
Patagónica de Radiodifusores de FM de Baja Potencia y la
Delegación Noreste del Chubut, se ha declarado en estado de
alerta y pide a sus asociados mantenerse en permanente contacto
con su organización. No vamos a permitir que estos atropellos
caigan sobre los radiodifusores como verdaderos estigmas en
directa relación con el "efecto Cromañon", que ahora
ha "sensibilizado" a quienes tiene responsabilidad en
velar por la seguridad de las personas. Una vez mas quieren
acallar la voz del pueblo y los radiodifusores asociados no lo
vamos a permitir porque la radiodifusión es un derecho humano y
mientras exista espacio vamos a continuar apoyando a la
radiodifusión privada en todo sentido, como también vamos a
continuar con la lucha por la verdadera normalización del
espectro radioeléctrico sin discriminación, totalmente
democrático y sin especulación política", concluyó el
comunicado.
A continuación se transcribe la Declaración
con las principales demandas de este grupo de radiodifusores.