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¿lA UTPBA A FAVOR DE LAS EMISORAS CLANDESTINAS?

28-FEB/2005

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) expresó su disconformidad con lo dispuesto por el Decreto 769/02 del Gobierno de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires, que exige a las estaciones de radiodifusión que quieran integrar el Registro de Medios Vecinales de Comunicación, la posesión de autorización por parte del COMFER.

El documento fue presentado a la Comisión Evaluadora creada por dicha norma. El mismo, firmado por el Secretario General de la UTPBA, Daniel Das Neves, y la Directora del Observatorio de Medios, Lidia Fagale, señala en uno de sus párrafos: "La Ley de Radiodifusión vigente data de la última dictadura militar y no traduce democráticamente todas las necesidades que se desprenden del panorama actual del ámbito de la comunicación nacional. La mayor parte de las modificaciones que se le realizaron después del ‘83 apuntaron a beneficiar a las corporaciones de medios y a favorecer su concentración limitando de esta manera el Derecho Social de la Comunicación".

El Decreto 769/02 reglamenta la Ordenanza 5236 del año 1997, que crea dicho Registro, cuyos beneficiarios se repartirán entre todos hasta el 4% del total de la publicidad oficial porteña presupuestada por año.

La postura de dicho sindicato apunta a no excluir del beneficio a aquéllas emisoras de radio y televisión porteñas que no cuentan con su licencia pertinente, lo cual podría interpretarse como una actitud loable hacia el funcionamiento de estaciones clandestinas.

Sin embargo, esta posición presenta aristas razonables. Por un lado, no puede desconocerse que muchas estaciones de radiodifusión de todo el país, sin haber sido autorizadas por el COMFER, comercializan publicidad de los distintos Estados (Nacional, Provinciales o Municipales).

Pero por otra parte, la exigencia de dicho Decreto puede ser fácilmente eludida. Como la misma incluye a las empresas Productoras de Contenidos, cualquier interesado podría constituir una ad hoc, satisfaciendo los requisitos exigidos por la norma en cuanto a la calidad de la programación.

De manera que, ahora es el turno del desgastado gobierno de Aníbal Ibarra para actualizar la legislación, mas aún teniendo en cuenta la inacción del Estado Nacional por regularizar la situación de estaciones de radiodifusión, tanto sonoro como televisiva.

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