El Grupo Clarín también se suma a la
polémica desatada por las declaraciones del Interventor en el
COMFER, Julio Bárbaro, efectuadas el domingo 6 de febrero.
El lunes pasado, el matutino La Nación - socio
del Grupo Clarín en Papel Prensa y en algunos periódicos del
interior -, publicó en la sección Opinión una misiva escrita
por Jorge Rendo, Director Corporativo de Relaciones Externas del
holding.
A partir de una de las manifestaciones del
actual titular del COMFER: "Durante la crisis le dimos una
mano al Grupo Clarín", Rendo, entre otras cosas, dijo lo
siguiente: "Quiero dejar en claro que de ningún modo el
Grupo Clarín ha recibido algún tipo de asistencia del Estado
para sortear la crisis. Cuando estalló la debacle del 2001, el
Grupo tenía créditos internacionales, obtenidos para financiar
inversiones realizadas en años anteriores. Estos créditos
estaban tomados en el exterior y en dólares. El grupo opera en el
país y en pesos. Obviamente, no hubo pesificación ni licuación
de pasivos, como malintencionadamente algunos quisieron sugerir.
Todo lo contrario. Lejos de cualquier beneficio, la crisis y la
devaluación tuvieron un efecto totalmente negativo para nuestro
Grupo".
Cabe destacar que en la misiva no se hizo
mención alguna a las dos Leyes "Clarín". La primera de
ellas promulgada en febrero de 2002, que consistió en la
modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, que
extendía los plazos de negociación (de 7 a 9 meses, a 14 a 24) y
- en el caso eventual de que no se apruebe el APE (acuerdo con los
acreedores)- eliminaba la posibilidad del cram down, que podía
permitir que un acreedor se apropiara de la compañía en una fase
previa a una eventual quiebra. Mientras que la segunda fue la Ley
25.750, de julio de 2003, que con el objetivo de proteger los
bienes culturales eliminó la posibilidad de que ningún acreedor
o tercero interesado podría quedarse con los medios de
comunicación, el escenario más temido en el caso de que el
holding no pudiera evitar el concurso de acreedores.