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               DENUNCIAN
              PRESIONES OFICIALES EN CANAL 10 DE TUCUMAN 
              
              15-DIC/2005 
              El
              empresario periodístico Alberto Llaryora, director de El Periódico
              y propietario de Newline S.A., operadora del Canal 10 de Tucumán,
              denunció una serie de presiones del gobierno de la provincia, que
              derivaron en la intervención judicial de la emisora de TV.
              
               
              
              Tras
              advertir que sufrió "aprietes económicos", acusó al
              gobernador de Tucumán, José Alperovich, de "querer
              apropiarse" del canal. "Todo comenzó en junio, cuando
              propuse que el Canal 10 tuviera una mayor apertura y pluralidad de
              ideas. Decidí levantar dos programas políticos oficialistas que
              tenían baja audiencia. Desde el gobierno comenzaron las
              presiones. Primero me quitaron la publicidad oficial y el 25 de
              noviembre intervinieron el canal: levantaron la programación y
              nombraron un interventor", resumió Llaryora, en diálogo con
              LA NACION. 
              
               
              El
              empresario aseguró que hace cinco meses viene denunciando, a través
              de solicitadas en diarios provinciales y nacionales, la mano
              invisible del gobierno de Alperovich, para intentar quedarse con
              el medio. 
               
              "La presiones fueron constantes. Poco después de las
              elecciones legislativas, el 26 de octubre, el secretario de
              Información Pública, Mauro Castagneri, acompañado de la
              escribana de Gobierno, irrumpió en el canal y pidió que le
              explicáramos por qué no difundimos ciertos actos y notas de
              claro carácter proselitista y de bajo interés periodístico",
              señaló Llaryora.
              
               
              Consultado
              por LA NACION, Castagneri negó las acusaciones. "Lo que
              sucedió es que el Comfer todavía no le dio la autorización a
              Newline para que integre el directorio y explote parte del canal.
              Por eso la justicia de Tucumán intervino la emisora hasta que
              haya un pronunciamiento oficial sobre ese tema", señaló. 
               
              Según Llaryora, la intervención en el Canal 10 levantó toda la
              programación y repuso programas funcionales a la política del
              gobernador. 
              
               
              El
              secretario de Información Pública desmintió que se hubiera
              levantado toda la programación y afirmó que "sólo se
              suspendieron dos programas, que no tenían ni auspiciantes ni
              audiencia", comentó Castagneri. 
               
              Desde 1998 el Canal 10 de Tucumán pertenece a un grupo accionario
              mixto, integrado por un socio privado, Newline S.A., que tiene el
              36% de las acciones; la Universidad Nacional de Tucumán, que
              posee el 34%, y el Estado provincial, que retiene el 30 por
              ciento.  
              "Durante
              todos estos años Newline condujo el canal sin problema. No hubo
              objeciones. El gobierno apoyó nuestra programación y reaccionó
              contra nuestra administración cuando comenzamos a ser más
              pluralistas", indicó Llaryora. 
              
               
              
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