Olivero exigió un resarcimiento económico de 300 mil pesos al aducir “un supuesto daño moral que le provocó Martínez, debido a expresiones que tuvo cuando, en septiembre de 2002, tomó estado público la conexión eléctrica irregular en la residencia del funcionario, por entonces gobernador interino”.

La organización enfatizó que “curiosamente, el ministro presentó la demanda el 30 de septiembre pasado, a las 21:30, horas antes de que se venciera el plazo de dos años que contempla la ley para este tipo de reclamos. Si el daño moral era tan mortificante, cabe preguntarse por qué Olivero no presentó antes la querella. O en todo caso, cabe seguir que presentándola en última instancia envía, además, el mensaje atemorizante de que quien critique a alguna figura del Gobierno provincial no podrá dormir tranquilo hasta último momento”.

Al tiempo de solidarizarse con Martínez, el Cispren repudió “este nuevo acto de intolerancia, protagonizado por un integrante del gobierno que desprecia los valores democráticos de la libertad de expresión y el derecho a la información”.