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LA NACION: "EL COMFER JUEGA A LAS
ESCONDIDAS"
29-AGO/2005
Las cifras
que brinda sobre su labor confunden
En
una carta de lectores, publicada en este diario el lunes 18 de
julio último, el abogado Norberto Jorge Pereyra sostuvo que, de
acuerdo con el descargo que hizo el Comité Federal de Radiodifusión
(Comfer) ante la Defensoría del Pueblo, debido a una denuncia
presentada por él, el 25 de abril último, por la cual reclamaba
por la conducta del organismo al "omitir aplicar y ejecutar
sanciones a las empresas televisivas por sus reiteradas
infracciones a las normas de la ley 22.285 [la que regula la
radiodifusión en nuestro país] y su reglamentación,
especialmente en lo que hace a la protección de la salud moral de
los menores...", el Comfer expresó que desde noviembre de
2002 a diciembre de 2004, se aplicaron multas a los canales por un
total de 3.131.250 pesos, datos que no guardan coherencia con las
cifras que brinda el mismo organismo a LA NACION en un mail que
recibimos el miércoles último.
En esa
comunicación por correo electrónico, el doctor Claudio de
Cousandier, de la Dirección de Fiscalización y Evaluación del
organismo, informa que las resoluciones firmadas por infracciones
cometidas por los canales de televisión por aire y los de cable
generaron, desde noviembre de 2002, hasta junio del presente año
(cuyo cómputo se realiza trimestralmente), una deuda que asciende
a los 2.058.590 pesos. El mismo funcionario nos explicó telefónicamente
hace unos días que una información publicada semanas atrás por
el diario Crónica, que daba cuenta del porcentaje discriminado de
infracciones que se habrían verificado en los cinco canales de
televisión por aire de Capital, era incorrecta y que dicha
información no había salido oficialmente del Comfer, dado que la
política actual del ente gubernamental, desde que lo dirige el
interventor Julio Bárbaro, es no brindar a los medios esta
información discriminada.
El motivo:
la metodología que prefieren manejar las actuales autoridades del
Comfer para cumplir con su misión -entre otras, supervisar y
controlar que la programación y el contenido que emiten los
canales sea la apropiada especialmente en horarios de protección
al menor-, es convencer a los responsables de las emisoras de
mantener una actitud responsable de autorregulación al respecto,
en lugar de aplicarles medidas punitivas. La publicidad de la
cantidad de transgresiones que realizan los canales a las normas,
antes de que ellas se hayan convertido en sanciones firmes, según
expresan las autoridades del organismo, complicaría la labor de
persuasión que, según sostienen ellos, realizan a diario con
directivos y productores de los canales.
Resultados
a medida
La aplicación
de este criterio que le expresaron, si en forma coherente en
reiteradas oportunidades a LA NACION algunos funcionarios del
organismo (el interventor Julio Bárbaro, el doctor Juan José
Ross, director nacional de Supervisión y Evaluación y el
mencionado De Cousandier) al parecer les daría mejores resultados
que la actitud de aplicar la ley a rajatabla.
Prueba de
esto serían las estadísticas del año en curso (ver infografía),
según las cuales desde los primeros meses la cantidad de
infracciones subió de manera sostenida, hasta alcanzar un pico en
los meses de abril y mayo, para caer abruptamente a menos de la
mitad en junio, mes en el cual se desplegó la iniciativa que
llevaron adelante el Fondo Nacional de las artes y más de 60
academias y entidades en pos de mejorar la calidad de los
contenidos televisivos. Según la visión del Comfer, el clamor de
la sociedad civil más su tarea de convencimiento serían las que
originan estos resultados en los que se advierte una toma de
conciencia de los responsables de los canales por autorregularse
sin necesidad de multas.
Mora
incobrable
Por otro
lado, la presión de las multas en la práctica no existe. Según
lo que explican los funcionarios del Comfer, el mecanismo de cobro
efectivo de ellas es demasiado dilatado en el tiempo, lo cual no
significa que el organismo no lo aplique de todos modos. Desde que
se detecta la posible infracción, empieza a funcionar un proceso
de distintas instancias que pasan por controles internos que
verifican si el criterio para aplicar la sanción es válido. Acto
seguido, se notifica a la emisora. Esta tiene una instancia de
descargo que el Comfer evalúa si acepta o no. En caso negativo,
las emisoras pueden apelar a la Secretaría de Comunicaciones. Si
ésta mantiene el criterio de su organismo de control, quedan las
distintas instancias judiciales. "El fuero donde se litiga
esto es el contencioso administrativo, el mismo donde se dirimen
los amparos del corralito. Por lo tanto, es un fuero que
actualmente se encuentra virtualmente colapsado por el volumen de
trabajo que debe atender. El proceso dura años, por lo cual no es
ilógico que desde el 2002 hasta ahora no haya sentencias
firmes", sostiene el doctor Ross, y explica esta cuestión.
El mismo funcionario aclara que el mecanismo de negociación que
antes se utilizaba de canjear la deuda de los canales por
publicidad oficial no rige más por ley y que no hay intenciones
por parte de este gobierno de volverlo a poner en práctica,
aunque nos encontremos en un año electoral.
Frente a este panorama, no surge claramente la utilidad que cumple
el Comfer como organismo regulatorio. Si bien la actividad que
realiza genera estudios e iniciativas interesantes en el campo
académico, cultural y de las relaciones públicas, cuando uno
pretende resultados concretos sobre su labor de control, los números
no responden.
Multas
Según el Comfer, las multas acumuladas desde el 2002 hasta ahora
suman:
TV por cable: 901.270
pesos
TV por aire:
1.157.320 pesos
Total:
2.058.590 pesos
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