gobierno español convoca a concurso para adjudicar 6 canales de
tv digital terrestre
20-ABR/2015
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La TDT crece en número de
canales... de momento. Tras el cierre de nueve canales y con otra sentencia
del Tribunal Supremo en ciernes que ha puesto a otros ocho en la cuerda
floja, el Consejo de Ministros celebrado este viernes ha comunicado el
acuerdo para la convocatoria de un concurso de adjudicación de licencias de
televisión. Se abren seis canales en total, tres en alta definición y otras
tres en calidad estándar, tal y como ha comunicado la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría.
Los actuales operadores españoles son críticos con esta medida dado el
actual panorama audiovisual. Uteca, patronal de las cadenas comerciales, ha
expresado que este concurso "obvia por completo el principal problema", en
referencia a la sentencia del Supremo que amenaza a los operadores. "El
Gobierno aprovecha el pretexto del Tribunal Supremo para abundar en su
hostigamiento a la televisión en abierto en un manifiesto impulso a la
opción de la televisión de pago", sostiene oficialmente Uteca. Paolo Vasile,
consejero delegado de Mediaset España, escenificó esta semana una impresión
común en el sector, la de "injustificada incertidumbre".
Distintas fuentes consultadas por EL MUNDO recuerdan que las cadenas
privadas españolas han insistido al Gobierno en que la prioridad para sus
negocios no es la adjudicación de nuevas licencias, sino la garantía de que
se mantengan las actuales, un blindaje que podría conseguirse mediante un
Real Decreto Ley. Así lo han solicitado los grandes grupos privados, por
separado y unidos a través de Uteca.
De hecho, desde la patronal ya se solicitó al actual Ejecutivo su
intervención para evitar el cierre, finalmente consumado, de nueve cadenas
-habría bastado, por ejemplo, una disposición adicional en la Ley General
Audiovisual-. Sin embargo, la sentencia del Supremo de noviembre de 2012
siguió adelante hasta que en mayo de 2014 fueron a negro ocho canales.
Queda aprobado el pliego de las bases del concurso. Se asegura que los
nuevos canales se podrían recibir por los ciudadanos sin necesidad de
ninguna adaptación en sus equipos y antenas. Cada licitador podrá optar
hasta dos licencias, una para alta definición y otra para su explotación en
calidad estándar.
El periodo para la presentación de ofertas finalizaría el próximo 28 de
mayo. Los cuatro operadores con licencias privadas de ámbito estatal, según
ha podido saber este diario, tienen intenciones de presentarse al concurso:
Mediaset, Atresmedia, Net TV y Veo TV (del grupo de EL MUNDO). Así ocurre
también con Mediapro -lo ha manifestado su responsable Jaume Roures-, y
también con el Grupo Secuoya, tal y como ha podido saber este periódico. 13
TV reconoce que optará a una licencia en HD y otra en SD. Sáenz de
Santamaría ha expresado que el plazo de adjudicación de licencias a contar
desde la publicación del concurso en el BOE sería de seis meses.
Poder para el Ejecutivo
De este modo, el Ejecutivo adquiere un poder adicional frente a las
televisiones, que dependerán en los próximos meses de una adjudicación de
licencias. Las cadenas deberán tener en cuenta en sus contenidos
informativos y editoriales que permanecen a la espera de una concesión de
canales, que llegará precisamente antes de unas Elecciones Generales a
celebrar en noviembre o diciembre.
"Las medidas políticas sobre el audiovisual en general tienen poco que ver
con la industria y mucho con la política, y así nos va de mal", apuntaba
esta misma semana Jaume Roures, responsable de Mediapro, que baraja
presentarse a este concurso.
Los interlocutores con las televisiones ha sido principalmente tres, según
fuentes de este diario: la vicepresidenta; el ministro del ramo, José Manuel
Soria; y Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación.
Para encontrar el origen de este concurso hay que remontarse a noviembre de
2012, cuando el Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por la
empresa Infraestructuras y Gestión 2002 y declaró nulo el reparto de canales
a los operadores nacionales.
Así, se invalidaba un acuerdo del Consejo de Ministros presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero que el 16 de julio de 2010 concedió canales
adicionales sin concurso. El Alto Tribunal considera que no se cumplió la
Ley Audiovisual, que obliga a realizar concurso y había entrado en vigor en
mayo de 2010, es decir, dos meses antes.
El actual Gobierno de Mariano Rajoy ha aplicado la primera sentencia del
Supremo y ha abierto el concurso, a pesar de que las televisiones consideran
que no deberían tener que cerrar sus negocios por un error formal del
Ejecutivo anterior.
Por ello, los operadores ya han solicitado indemnizaciones millonarias por
el cierre de nueve cadenas, mientras aguardan la segunda sentencia por la
que Mediaset podría perder cuatro canales, Atresmedia, dos; Net TV, uno; y
Veo TV, uno. Mediaset cuenta actualmente con seis canales; Atresmedia, con
cinco -uno de ellos alquilado a Mediapro-, Net TV, con dos; y Veo TV, con
dos -uno de ellos alquilado a 13TV-.
Fuente: El Mundo
24-ABR/2015
La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dado
finalmente luz verde a la compra de Canal+ (DTS) por parte de
Telefónica con "compromisos sometidos a vigilancia" cuya
duración será de cinco años prorrogables otros tres, según ha
informado en un comunicado.
El regulador ha agrupado en tres bloques esta serie de
condiciones: compromisos relativos al mercado de la televisión
de pago, a la comercialización mayorista de contenidos y canales
y condiciones de acceso a la red de Internet de la operadora.
Limitación de acceso a contenidos premium
Entre los compromisos destaca la obligación para Telefónica de
abrir para sus competidores el 50% de los contenidos premium,
"en unas condiciones que deben garantizar que las ofertas
minoristas de Telefónica que incluyan dichos canales sean
replicables" y que impidan situaciones de "estrechamiento de
márgenes".
El fútbol, la Formula 1, Moto GP o los Juegos Olímpicos, así
como algunas series de televisión y estrenos de cine son parte
de ese grupo de contenidos premium que habían centrado la recta
final de las deliberaciones por parte de Competencia. De hecho,
desde operadores como Orange se afirmaba la semana que la
limitación de acceso a la oferta mayorista del 50% era
"claramente insuficiente" y reclamaban al menos "el 75%".
Respecto al periodo de exclusividad, la operadora de tres a dos
años la explotación exclusiva de contenidos y limita a
determinadas ventanas de emisión. De este modo, las emisiones de
vídeo bajo demanda de películas y series de catálogo no tendrá
exclusividad.
Además limitará a tres años la duración de sus contratos de
adquisición, y no podrá adquirir derechos exclusivos que no vaya
a explotar, aunque ello no aplicará para producciones propias y
sí para canales editados por terceros operadores.
Permanencia y captación
En cuanto a los compromisos relacionados con el mercado de la
televisión de pago, Telefónica limitará las políticas de
permanencia y retención de usuarios para no entorpecer la
movilidad de los clientes actuales y futuros.
En concreto, y según detalla la CNMC, tramitará las solicitudes
de baja en un período limitado de tiempo -15 días de máximo para
clientes de servicios no empaquetados, por ejemplo-; renunciará
a las cláusulas de permanencia bajo determinadas circunstancias;
y no realizará campañas de recuperación de determinados tipos de
clientes en un periodo limitado de tiempo -dos meses- desde la
solicitud de baja.
Cronología de la operación
Tal como recuerda la CNMC, la operación fue notificada el 17 de
octubre de 2014, y previamente había sido reenviada a España por
parte de la Comisión Europea. El pasado noviembre se inició la
segunda fase de procedimiento y en febrero Telefónica presentó
una 'propuesta de compromisos' para garantizar la competencia
efectiva tras la operación de concentración.
En el marco de la tramitación, y de acuerdo con la CNMC,
Telefónica "ha modificado en varias ocasiones esta propuesta
inicial" hasta el pasado 14 de abril, cuando presentó la "cuarta
versión definitiva", que el regulador sí estimó "adecuada para
autorizar la concentración".
La operación permitirá a Telefónica controlar Canal+ de manera
exclusiva. La operadora que preside César Alierta ya contaba con
un 44% del capital de DTS y presentó al Grupo Prisa una oferta
por el 56% del capital restante. Tras el dictamen, que será
firme por vía administrativa en un plazo de 15 días, Telefónica
tendrá vía libre para desembolsar a Prisa los 750 millones de
euros ofrecidos por la plataforma de pago.
A datos de cierre del cuarto trimestre, la planta de accesos de
televisión de pago de Telefónica se situaba en 1,88 millones, lo
que supone multiplicar por 2,5 la de diciembre de 2013, debido a
la aceptación de 'Movistar TV'. Por su parte, los accesos de
Canal+ ascendían a 1,69 millones, según los últimos datos de la
CNMC recogidos por Europa Press.
Fuente:
El Mundo
24-JUN/2015
El Juzgado
Mercantil número 11 de Madrid ha ordenado el cese inmediato de
las emisiones ilegales de partidos de la Liga de Fútbol
Profesional (LFP) a través de la web 'www.rojadirecta.me',
atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por Mediapro y
Gol T.
En el caso de que los responsables de la web no cesasen las
emisiones en un plazo de siete días, la jueza ordena a los
prestadores “que suspendan la transmisión, el alojamiento de
datos, el acceso a redes de telecomunicaciones o cualquier otro
servicio equivalente”, es decir, ordena a los operadores que
impidan la difusión de la citada web.
Las medidas cautelares solicitadas por Mediapro y Gol T, y
aceptadas por la jueza, forman parte de un proceso judicial
emprendido contra 'www.rojadirecta.me' y contra su principal
promotor, Igor Seoane, por infracción de derechos de la
propiedad intelectual y competencia desleal y en la que
solicitan el cese definitivo de estas emisiones en la citada
web.
Mediapro y Gol T consideran que dicha página web no es solo una
web de enlaces, sino que es "promotora y en muchos casos emisora
de las retransmisiones, lucrándose por ello".
En el auto del Juzgado Mercantil número 11 se recuerda que la
medida cautelar es la “actuación directa o indirectamente que
tienda a asegurar la efectividad de la tutela judicial que
pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria”,
añadiendo que “existen indicios de que la actividad desarrollada
por la web www.rojadirecta.me supone una vulneración de los
derechos de producción de las grabaciones audiovisuales y de
radiodifusión” y que esta vulneración “se realiza con la
colaboración consciente de los demandados”.
Mediapro, Gol Televisión y la LFP valoraron hoy "muy
positivamente" esta decisión, puesto que se trata de un
precedente y un primer paso muy valioso en la lucha contra la
piratería y las emisiones ilegales de cometidos protegidos. La
piratería de contenidos digitales es un grave problema.
Según el Observatorio de la Piratería y hábitos de consumo de
contenidos digitales, en 2014 el 88% de los contenidos
consumidos a través de Internet eran ilegales, con unas pérdidas
para el sector de 1.700 millones de euros. Según este
observatorio, las pérdidas para el mundo del fútbol suponen más
de 500 me anuales.
Fuente:
La Información
españa. multan con 190.000 euros a radios comerciales privadas
25-ABR/2015
La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con
190.000 euros a la Asociación Española de Radiodifusión
Comercial (AERC) por recomendar a sus socios que no pagaran las
facturas emitidas por determinadas entidades de gestión de la
propiedad intelectual.
En su resolución, el órgano regulador sostiene que las radios
comerciales privadas realizaron "recomendaciones colectivas a
sus asociados de carácter restrictivo" para presionar en la
negociación del convenio que regula las tarifas de emisión de
fonogramas que pagan sus asociados.
Una "conducta prohibida" según el artículo 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, subraya la CNMC.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial representa a
casi la totalidad de las 1.150 emisoras de radiodifusión
privadas en España y la audiencia total de sus asociadas alcanza
más del 80 % de la audiencia de radio en España.
Competencia detalla que en septiembre de 2014 inició un
expediente sancionador tras estudiar la denuncia presentada por
dos entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual:
la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la
Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE).
Tras la instrucción del expediente, la CNMC ha considerado
acreditado que mediante varias circulares remitidas a sus
socios, la asociación intentó "presionar" a estas gestoras
"promoviendo el boicot en el pago efectivo" de las facturas por
los derechos de emisión.
Además, añade el órgano regulador, la AERC buscó "distorsionar
la negociación" de un nuevo convenio con las gestoras en el que
se recogían las tarifas por la emisión comercial de fonogramas
que debían pagar sus asociados.
Así, a partir del abril de 2011, en cumplimiento de las
recomendaciones de las radios comerciales privadas, "gran parte"
de sus emisoras asociadas dejaron de pagar durante varios meses
las autoliquidaciones a las entidades de gestión afectadas, lo
que generó la consecuente pérdida de ingresos para AGEDI y AIE.
"La AERC no pretendía simplemente informar a sus asociados sobre
las opciones de pago previstas en la normativa de propiedad
intelectual, sino, ante todo, favorecer sus intereses en la
negociación a través de recomendaciones colectivas de impago no
previstas en la Ley de Propiedad intelectual", asevera
Competencia.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía
administrativa, si bien puede interponerse recurso
contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación.
Fuente:
Efecom
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