PIDEN RETIRAR A UNA PERIODISTA DE UN JUICIO A REPRESORES
08-MAY/2014
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Los abogados
querellantes se sorprendieron semanas atrás cuando en pleno
juicio, una mujer se les acercó y les tomó una fotografía. Esa
mujer que siempre había estado detrás del vidrio, que separa a
los imputados, era Ana Maggi, esposa del imputado Ernesto “Nabo”
Barreiro. Esta semana el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba que
juzga los delitos de lesa humanidad en La Perla decidirá si
acepta la queja presentada por el abogado querellante Miguel
Cevallos contra Maggi, quien se acreditó como periodista en el
juicio que juzga a su marido por ser el jefe de los torturadores
en el centro clandestino. El de Maggi no es el único caso, en
otros juicios hubo situaciones similares.
La acreditación de
Maggi fue a través de la AM 1300 Radio Identidad de Buenos
Aires, emisora porteña que según Cevallos sería clandestina y
que además pertenecería a militares.
“Estaríamos ante el absurdo de que se habría acreditado a un
periodista de un medio clandestino. No es normal y no
corresponde que la esposa del imputado Barreiro esté sacando
fotos y cumpla el rol de periodista”, agregó el letrado en un
informe al tribunal.
El marido de Maggi se jacta de su ideología nazi. Sus víctimas
lo describieron como un verdugo feroz, como un ideólogo de la
máquina de matar y un perverso. “Su método consistía en torturar
de distintas formas: dolor, aislamiento, inmovilidad, el no ver
ni poder hablar y estar un ambiente donde se escuchan los gritos
de dolor. Ellos hablaban de círculos mediatos e inmediatos para
conseguir información”, recordó el sobreviviente Piero Di Monti.
En abril de 1987, Barreiro fue arrestado por los delitos
vinculados al Terrorismo de Estado y fue dado de baja del
Ejército.
Una de las amigas de Maggi es la ultraderechista Cecilia Pando.
Juntas militan en la Asociación de Familiares y Amigos de los
Presos Políticos de Argentina. En agosto de 2008, cuatro
militares recibieron duras condenas en un juicio de lesa en
Corrientes. Minutos después de la sentencia, Pando le gritó al
entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo
Luis Duhalde: "Sos una mierda, un hijo de puta. Te voy a matar
con mis propias manos".
En el primer juicio de lesa en Rosario, en agosto de 2009,
Liliana Edith Isidori,esposa del exmilitar condenado Juan Daniel
Amelong intentó hacer una movilización en contra del juicio.
“Había unas diez mil personas apoyando y ellos eran pocos.
Habían llevado carteles y hacer una volanteada pero se tuvieron
que ir”, contó a Infojus Noticias Juan Evaso de HIJOS Rosario.
La mujer está articulada con Cecilia Pando y años atrás pidió en
una carta pública “cerrar una etapa triste de nuestra historia”,
como negativa a los juicios de lesa humanidad.
“Cada tanto aparece algún familiar de los represores, pero no
hay mucho margen para hacer bravuconadas”, agregó Evaso. En el
juicio que se desarrolla ahora en Rosario, un expolicía empezó a
los gritos contra el sobreviviente Carlos Pérez Rizzo que estaba
declarando. Le dijo terrorista y subversivo. Los jueces
suspendieron la audiencia y el hijo de Rizzo se descompuso.
En febrero comenzó el juicio de jueces en Mendoza y en la
primera audiencia familiares de los detenidos sacaron fotos a
las querellas y a integrantes de HIJOS. Los jueces advirtieron
la situación y prohibieron que se repitiese. “Tienen ganas de
molestar por esa bronca de tener a sus familiares sentados en el
banquillo”, dijo a Infojus Noticias Belén Baigorria de la
Comisión Hermanos de Mendoza. En otra de las audiencias
estudiantes de diseño gráficos fueron a ilustrar y los mismos
familiares los intimaron al punto de que los estudiantes se
fueron de la sala. “Hemos tenido reuniones para ver cómo
tratamos estos temas. Nosotros nos vamos a portar como nos hemos
portado toda la vida, en calma y pidiendo justicia”, agregó
Belén.
En la megacausa de Tucumán, el año pasado la hija del expolicía
imputado Antonio Esteban Vercellone, quien formó parte del
servicio de información de la policía tucumana, insultaba y
agredía a los familiares cada vez que podía. Una vez pasó por un
pasillo del tribunal y le dio una patada a una periodista
acreditada en el juicio.
“En la calle pusieron una chata con un cartel que tenía mi
nombre escrito. Fue una intimidación directa”, dijo a Infojus
Noticias la abogada de derechos humanos Laura Figueroa, que
reclamaba atención sanitaria para los querellantes. “También me
pintaron el vidrio del auto con lapiz labial y escribieron
´ojo´”, agregó Figueroa. Durante el juicio el tribunal decidió
que las entradas para querellantes y familiares de los imputados
sean por distintos accesos para evitar cruces. Pero como incluso
dentro de la sala había discusión entre las partes, los jueces
optaron por instalar una columna de gendarmes para separarlos.
Fuente: Infojus
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