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villa del rosario: conflicto entre cableoperadora y cooperativa de servicios

15-ENE/2014

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Por una denuncia penal que inició el titular de una pyme cablera local contra Coovilros, se impusieron restricciones que impedían el trabajo sobre las redes eléctricas de la cooperativa. Las consecuencias las sufren los propios usuarios de energía.




 

Una denuncia penal contra la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa del Rosario derivó en una situación con ribetes insólitos imponiendo una medida de restricción de acceso sobre los postes de la cooperativa que dificultó el trabajo de los operarios sobre las líneas eléctricas.

La resolución dictada por el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, en principio obligaba a los trabajadores de la cooperativa a concurrir acompañados por personal policial y una cámara de video de la propia Coovilros para registrar la situación y “no dañar las redes de Televisión Cable Color”, también colgadas sobre los postes de la cooperativa.

Frente a la denuncia penal que el 26 de diciembre efectuó el titular del servicio de cable privado, Dante Gigena, el presidente, secretario y tesorera de Coovilros quedaron imputados al día siguiente.

“No hemos tenido acceso al expediente”, manifestaron los consejeros de Coovilros y sólo sabemos que la carátula es por “daños a las redes de TVCC” alojadas en los postes de la cooperativa e impone una medida de restricción de acceso a las mismas y de contacto con el señor Dante Gigena.

En la entidad solidaria se mostraron sorprendidos por la celeridad con la que actuó el fiscal de Río Segundo, que en menos de 24 horas de presentada la denuncia y sin realizar una inspección ocular, ya había citado a los representantes del consejo de Coovilros en la comisaría al día siguiente.

Además del servicio de energía eléctrica, “tampoco podíamos trabajar en la red de telefonía e Internet ni en la adecuación del alumbrado público para el Festival de Folclore en el Agua que comenzaba el viernes 4 de enero”, explicaron desde la cooperativa.

El lunes 30, el último día hábil del año 2013, el abogado de la cooperativa logró revertir la orden de restricción de acceso a los postes pero la causa pasó para después de la feria judicial, en el mes de febrero.

La resolución tomada por el fiscal Nazar de impedir el libre acceso de los operarios de la cooperativa para reparar los daños en las redes eléctricas provocó el reclamo de los propios usuarios, que llevaron la protesta a la cooperativa. Todavía asumiendo las consecuencias del tornado que afectó a la localidad el 2 diciembre y frente a una semana de calor extremo, como fue la última del año, la red eléctrica se vio colapsada de reclamos sin poder ser atendidos debido a la medida judicial y que enardecieron el ánimo de la gente. 

Frente al reclamo cooperativo Nazar instruyó una nueva acta donde establece que Coovilros puede “operar sobre sus propias redes sin custodia policial”, pero da continuidad a la causa penal que hizo que los consejeros Edelmiro Prandi, José Luis Riviere y María Rosa Pavón tuvieran que dejar sus huellas dactilares en la Justicia.

Conflicto por los postes

La disputa por el servicio de cable en Villa del Rosario que hace 24 años presta TV Cable Color - cuyo titular es Dante Gigena - viene de tiempo atrás y ha ido teniendo diversos entuertos. 

El primer punto de la disputa ha sido la utilización de los postes colocados por la Coovilros sobre los que se asientan todas las redes de servicios: energía, telefonía e Internet. La entidad por ley está obligada a cederlos en alquiler frente a un prestador, en este caso la cablera. Desde hace 12 años, la mitad desde que TVCC tiene el servicio en Villa del Rosario, se abona a Coovilros un canon por el uso, que actualmente es de 8.000 pesos mensuales.

Una de las denuncias es de agosto de 2013, en ocasión del vencimiento del contrato de TVCC, donde Gigena acusó a la cooperativa de “desmantelar sus redes unilateralmente”. Coovilros afirmó ante el fiscal Nazar que “nunca hizo ni hará daños intencional a nadie”.

Tras meses sin acuerdo con el prestador privado, Coovilros debió obligar ante escribano público al titular de TV Cable Color a renovar el contrato por el uso de los postes de la cooperativa, que estaba vencido hacía 5 meses. De todos modos, la entidad solidaria sigue reclamando a Gigena el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos para trabajar con personal contratado sobre los postes donde también pasa la línea eléctrica. Esta situación ha sido documentada y comunicada ante la escribanía.

Licencia cooperativa

Tras los los recurrentes pedidos de los propios asociados que “querían este servicio desde hace muchos años para mejorar la calidad de la televisión”, señala el gerente Gustavo Beltramo, la Coovilros decidió solicitar una licencia de TV paga, luego de la reparación histórica que obtuvo el sector de la economía solidaria con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. 

Finalmente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) concedió el permiso en noviembre de 2012 y esta condición le puso mayor tensión a la relación con el prestador privado y “desde entonces comenzaron los problemas”, afirma el gerente. 

Mientras la autoridad de aplicación emite la “habilitación definitiva” para que Coovilros pueda prestar servicios de TV paga por vínculo físico, se comenzaron con algunas pruebas permitidas por la ley, que también fueron objeto de denuncias por parte del titular de la pyme. 

Desde la cooperativa señalan que están “a la espera de dicha Habilitación Definitiva ya que Coovilros ha cumplimentado en tiempo y forma cada uno de los pasos legales y técnicos”.

Actualmente están emitiendo programación del canal local a modo de prueba, sin publicidad y sin facturar el servicio como lo exige la norma vigente.

Fuente: Colsecor


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