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mexico. cuatro detenidos por operar radios sin
permisos
12-AGO/2014
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Alma Delia
Olivares fue detenida el viernes 28 de febrero y trasladada mil
cincuenta kilómetros hasta el penal femenil de mediana seguridad
de Tepic, Nayarit, el mismo donde cumple condena la
narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, más conocida como La Reina
del Pacífico. Olivares era locutora de la radio La Cabina, en el
municipio de Omealca, Veracruz, que operaba sin permiso.
La emisora fue cerrada como consecuencia de un procedimiento
administrativo contemplado en Ley Federal de Radio y Televisión
y Alma Delia fue consignada inicialmente por el delito de
“contaminación auditiva”, inexistente en la legislación
mexicana, que posteriormente se reclasificó como “uso indebido
de un bien de la nación”. Olivares pasó 5 días encarcelada hasta
que su familia pagó la fianza de 25 mil pesos para que siga el
proceso en libertad. La consignación de Alma Delia Olivares se
suma a la de Salvador Medina y Leslie Saavedra, ambos
comunicadores de Tonalá, Oaxaca a quiénes también se les
iniciaron procesos penales por operar una radio comunitaria sin
permiso.
Estos tres comunicadores judicializados se suman a la sentencia
emitida este año contra Paola Ochoa, fundadora de la Radio
Diversidad en Paso del Macho, Veracruz. Dos años de prisión que
con los beneficios por ser primodelincuente y pagar una fianza
puede cumplir en libertad bajo caución. Su marido, Juan José
Hernández, acabará el mismo proceso el mes que viene.
El espectro radioeléctrico es un bien público y la ocupación de
sus ondas se equipara en la ley mexicana a un robo de
combustible de los ductos de Pemex.
La pareja construyó una pequeña cabina en el predio de su casa y
consiguió un transmisor de pocos watts suficiente para que se
escuchara en el municipio. En 2008 empezaron a emitir en el
municipio y cuatro comunidades a la redonda, que hasta ese
momento no tenían ninguna emisora local. Las mujeres tenían su
programa, el mismo alcalde también tenía uno y pronto, de poner
música y pasar saludos, empezó a ser un medio para expresar la
disconformidad con las problemáticas locales.
No sabían cuáles eran los requisitos legales para obtener un
permiso, así que escribieron una carta al entonces presidente de
la República, Felipe Calderón, explicándoles su caso y pidiendo
que les explicaran cómo podían hacer. No hubo respuesta, pero al
año de emisión sí llegó un operativo federal para decomisarla.
Su delito, el “uso indebido de un bien de la nación”.
“Nos trataron como criminales, entraron en la casa armados y
encapuchados, decomisaron el transmisor, la computadora y
nuestros dos micrófonos y hasta un cargador de celular, y se
llevaron a mi marido preso. Yo y mi cuñada íbamos en calidad de
testigo”, cuenta ahora Ochoa.
Hernández pasó una semana en un penal federal en Perote,
Veracruz y después de un proceso largo fue condenado en 2012 a
dos años de cárcel. Sin embargo al no tener antecedentes penales
y ser un delito no grave puede salir en libertad bajo fianza. A
Juan José Hernández solo le falta un mes para terminar la
condena, durante la cual ha perdido sus derechos civiles y
políticos y debe reportarse todos los meses.
En el proceso de Juan José, su esposa Paola, pasó de testigo a
imputada y le giraron orden de aprehensión. Paola se escondió
durante año y medio hasta que la familia reunió el dinero para
presentar un amparo, pero le ratificaron la sentencia. Al igual
que su marido no tuvo que cumplir la sentencia en prisión, pero
va cada 15 días a firmar ante el Ministerio Público de Córdoba,
cuyo pasaje de ida vuelta cuesta cien pesos, y cada mes debe
mandar unos documentos a la capital mexicana, por otros
cincuenta pesos.
Paso del Macho no ha vuelto a tener otra radio ni comunitaria ni
comercial. El proceso judicial desalentó cualquier voluntad de
levantar una radio sin permiso. La persecución gubernamental
contra las radios que operan sin permiso se endureció a partir
de 2008 según la Asociación Mundial de Radios Comunitarios
(AMARC). “El Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), han
enviado operativos a cargo de la Policía Federal con más de 100
elementos a cerrar radios, algunas menores de 5 watts de
potencia donde había apenas 5 personas, entre mujeres y niños.
Estos hechos constituyen la utilización excesiva de la fuerza
pública” relata la sede mexicana de AMARC en un informe de 2012.
Además de los cuatro judicializados en lo que va de este año y
el esposo de Paola, Juan José Hernández, sentenciado desde el
2012, Héctor Camero, en
Monterrey, que sigue todavía cumpliendo sentencia por un proceso
iniciado en 2008 a raíz del operativo por más de 120 elementos
de la Policía Federal Preventiva, para desmantelar la radio
Tierra y Libertad.
“El ejercicio de la comunicación es un derecho humano pero
además, las radios comunitarias tienen una función social,
refuerzan los vínculos y la identidad de las comunidades, y son
un servicio público para estas. Difundir información no es un
delito, es un ejercicio de derechos que como mucho debería
comportar una sanción administrativa, no penal”, explica Gisela
Martínez, desde el área jurídica de AMARC México.
Fue a través de la radio Diversidad, por ejemplo, que se informó
que el Gobierno Federal tenía un apoyo federal para las personas
de la tercera edad, el programa de 70 y más, el municipio lo
atrajo y ahora sigue llegando a su población.
A nivel legal, el último permiso para una radio comunitaria en
el país se otorgó hace dos meses, pero solo AMARC acompaña la
tramitación de otros seis permisos desde hace más de cuatro años
sin respuesta gubernamental.
En México hay 1483 emisoras de radio comercial a lo largo de
todo el país, el 77.2% son comerciales y el 22.79% de uso
cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el
72% de las estaciones: Radiorama, con 190, ACIR con 159,
Radiocima con 92, OIR con 89, Somer con 77, Promosat con 62,
RASA con 57, MVS Radio con 51 y Ramsa-Radio Fórmula con 43. En
cambio solo hay 20 radios comunitarias que operan con permiso.
Con la Reforma de Telecomunicaciones se logró que la
Constitución reconozca las radios comunitarias, antes en un
vacío legal. Aunque para AMARC esto fue un “logro histórico” en
el país, la reforma se quedó en términos enunciativos. La ley
secundaria que entrará en vigor este miércoles 13 de agosto,
popularizada como Ley Telecom, no reconoce sus especificidades y
las somete prácticamente a los mismos criterios que una radio
comercial, además que no retira las sanciones penales. Según
AMARC, “empeoran las condiciones porque vuelve a exigir los
mismos requisitos para obtener un permiso, deja criterios
arbitrarios que no dan certeza jurídica y a la vez se endurecen
las sanciones para quién abre una radio comunitaria sin
permiso”, denuncia la abogada Gisela Martínez.
Además no solo persiste el proceso penal, condenado por las
Relatoría especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que aumentan
las sanciones administrativas al no cumplir algunos de los
requisitos estipulados. “Estas multas deberían ser
proporcionadas porque ahora es una mordaza invisible, ¿cómo voy
a abrir una radio si me pueden llevar preso o poner multas de
hasta 4500 millones de pesos? La ley contempla sanciones por
hasta 82 millones de salarios mínimos del Distrito Federal, esto
es inconcebible en algo que es un derecho humano”, concluye
Gisela Martínez.
En su última visita oficial a México de la Relatoría especial
para la Libertad de Expresión de la ONU, en 2011, el relator
Frank La Rue expresó su preocupación por la criminalización de
las radios comunitarias no autorizadas. “El uso de una
frecuencia no autorizada no debiera constituir delito, sino una
falta administrativa”, señaló La Rue.
Fuente: Vanguardia
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