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SOBRESEEN A PERSONAS QUE HABIAN SUBIDO UNA
PELICULA A YOUTUBE
22-NOV/2013
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La Justicia intimó
al Gobierno para que “en el término de 30 días” presente un
esquema de “asignación de publicidad” a los programas de radio y
televisión de la productora La Cornisa, de Luis Majul, ya que se
demostró que el Gobierno le quitó la publicidad oficial desde el
año 2011, sin ninguna causa objetiva que justifique tal acción.
En un fallo que
dictaron los jueces Clara María do Pico, Rodolfo Eduardo Facio y
Carlos Manuel Grecco, de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, se aceptó la “acción de
amparo” que presentó el periodista contra el Gobierno.
“Se trata de un fallo que reconoce la aplicación de censura
indirecta y del uso de la publicidad oficial como método de
presión contra el periodismo crítico”, sostuvo Majul. Y planteó
que “a partir de ahora, el Gobierno puede hacer lo que le ordenó
la Cámara o puede apelar a la Corte Suprema de Justicia”.
En el juicio que Majul inició hace dos años se demostró que no
existió ninguna causa objetiva para que le quitaran los avisos
del Estado nacional a su productora, que le fueron cancelados
desde el año 2011 en represalia por la investigación que el
periodista estaba haciendo para su libro El y Ella , sobre
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La productora La Cornisa en 2010 recibió $ 1.242.463 en
publicidad oficial, similar a la que tuvo en años anteriores.
Pero en 2011 el Gobierno le giró sólo $ 8.797; y en el primer
semestre de 2012 no pautó allí, según las últimas cifras que
difundió la Jefatura de Gabinete.
Majul escribió varios libros, el último sobre Jorge Lanata, a
través de su propio sello editorial. Es columnista de diario La
Nación, tiene un programa en radio La Red y otro de televisión
en América TV. Fue uno de los siete periodistas solicitantes de
la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
donde Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá denunciaron
las restricciones a la libertad de expresión.
La máxima instancia judicial sostuvo el mes pasado en su fallo
sobre la ley de medios, que “todo lo que se ha dicho de la ley y
su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios
masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de
políticas públicas transparentes en materia de publicidad
oficial”. Y agregó la Corte: “La función de garante de la
libertad de expresión que le corresponde al Estado queda
desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta
oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación
se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente
política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el
debate plural de ideas”.
Editorial Perfil también tuvo que ir a la Justicia para pedir
una distribución equitativa de la pauta oficial. La empresa
logró, en marzo de 2011, que la Corte dicte un fallo que le
ordenaba al Gobierno pautar en las publicaciones de Perfil, en
“el término de 15 días”, “respetando un equilibrio razonable con
aquellas de análogas características”. Pero el Gobierno nunca
cumplió ese fallo, ni otro similar, de junio de 2013, de la
Cámara Federal respecto a Canal 13.
Habrá que ver si el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, comienza
a respetar los fallos de la Justicia sobre publicidad oficial y
deja de usar su distribución arbitraria para castigar a los
periodistas que son críticos de la gestión oficial.
Fuente: Clarín
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