NUEVO REGLAMENTO DE DENUNCIAS CONTRA LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

03-MAY/2013

La AFSCA aprobó una nueva reglamentación para la presentación de denuncias contra cualquier tipo de prestador de servicios de comunicación audiovisual. Lo hizo a través de la Resolución 499 publicada en el Boletín Oficial del 29 de abril. Se podrán denunciar aspectos técnicos, legales, administrativos y de contenidos.

Las denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley Nº 26.522 y demás reglamentaciones deben presentarse mediante el “Formulario de Interposición de Denuncias por Personas Físicas” o el “Formulario de Interposición de Denuncias por personas Jurídicas”.

Estos formularios podrán retirarse en la sede central de la AFSCA, en las Delegaciones del interior del país, o ser impresos de la página web oficial del organismo www.afsca.gob.ar

Las firmas insertas en los formularios deberán estar certificadas por autoridad policial y/o entidad bancaria; y/o autoridad judicial y/o registro civil y/o escribano público, y la firma de éste legalizada por el Colegio Profesional respectivo, en caso de corresponder; o firmada ante el funcionario de la AUTORIDAD FEDERAL que recepcione la misma, previa acreditación de la identidad. Cuando se adjunten fotocopias de documentos, éstas deberán estar certificadas en alguna de las formas señaladas precedentemente.

Recibida la denuncia se verificará el cumplimiento de los requisitos formales. Para el caso de constatarse la falta de cumplimiento de tales requisitos, se intimará al denunciante a que subsane el defecto dentro del plazo perentorio de 10 (diez) días hábiles administrativos bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia presentada. En caso de que el denunciante haya indicado en la presentación inicial o en presentaciones posteriores una casilla de correo electrónico la intimación se realizará por esa vía, de lo contrario por correo postal.

Se exceptúa a aquellas denuncias que se refieran a interferencias aeroportuarias, a servicios radioeléctricos utilizados por autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o que impliquen riesgo a la salud o la vida humana o que impidan el cumplimiento de las competencias asignadas a organismos públicos.