COMUNICADORES DE CORDOBA RECHAZAN EL DECRETO DELASOTISTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION

29-MAY/2013

En la conferencia de prensa realizada ayer en la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, se presentó un documento en rechazo al proyecto delasotista, que lleva la firma de más de 180 profesionales de la comunicación y la cultura, dirigentes políticos, académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación.

Referentes de la comunicación denunciaron que el decreto 525 con que el gobernador José Manuel de la Sota proclama “garantizar la libertad de expresión” tiene en realidad la “intención de salvaguardar a aquellos grupos económicos que concentran la gran mayoría de la propiedad de los medios”. Además, reclamaron la plena vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, por ser una norma “democrática y pluralista”.

El especialista en derecho a la información, Miguel Rodríguez Villafañe, manifestó que el decreto “en lo bueno, es redundante. Y lo que debería haber regulado, no lo hace. Por ejemplo, un aspecto sensible para la libertad de prensa, como es la distribución de la publicidad oficial. Y por otro lado, también está el pago de la publicidad oficial, lo cual es un elemento importante para la supervivencia de los medios”.

A su vez, Carlos Vicente, delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), denunció: “La provincia de Córdoba tiene un medio de comunicación que no puede salir al aire, por una decisión exclusiva del gobernador de la Provincia de Córdoba. Es el canal digital de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que iba a ser habilitado y comenzar su emisión de prueba el 7 de diciembre de 2012”.

Por su parte, Liliana Córdoba, del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, afirmó: “Este decreto está dirigido a impedir que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Córdoba, con lo cual De la Sota está demostrando que es el gobernador de las corporaciones. Así como consideran que los opositores a este decreto son “K”, también hubo una campaña para deslegitimar la ley definiéndola como “ley de medios K”.

Al respecto, Mario Farías, director de radio FM Sur, alertó: “Este decreto es parte de una movida coordinada con (Mauricio) Macri, a la que se suman (Francisco) de Narváez y ahora Julio Raffo, de Proyecto Sur, para sancionar una ley de medios de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que estas iniciativas sean inconstitucionales, van a generar herramientas jurídicas que les van a permitir a los grandes grupos mediáticos ir ganando tiempo. Además, buscan generar una corriente de opinión para, en la eventualidad de un cambio de gobierno, intentar derogar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

A su turno, el periodista Alexis Oliva, de El Argentino, recordó que “lejos de ser un defensor de la libertad de expresión, De la Sota ha pretendido controlar nuestro trabajo por la vía judicial. Cuántas causas hubo en sus gobiernos anteriores en que funcionarios provinciales querellaban a periodistas. Incluso, él mismo querelló al dirigente sindical Luis Miguel Baronetto por un artículo publicado en el diario Hoy Día Córdoba en el que denunciaba la coima en la votación de la Ley de Nuevo Estado. Además de bloquear el acceso a la información, como le pasó al diario La Voz del Interior cuando el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia) se negó a proporcionarles datos para un informe sobre el agua”.

A su vez, Sergio Coria, del sindicato de prensa, relató que “ya en el año 2003, el Cispren presentó una serie de proyectos para regular el artículo 51 de la Constitución Provincial, como la protección del secreto a las fuentes y la cláusula de conciencia; y también para que se legisle una distribución equitativa de la pauta publicitaria. Todavía duermen en la Legislatura”.

Finalmente, Cecilia Merchán, comunicadora social y ex diputada nacional, expresó: “Me alegra tanto que seamos capaces de unirnos rápidamente y levantar la voz con este tipo de cuestiones, porque lo que está quedando claro es que De la Sota está haciendo todos los deberes para con las corporaciones y el establishment”.

Fuente: El Argentino