AIR DENUNCIA "INTIMIDACION" DEL GOBIERNO HACIA EL GRUPO CLARIN

25-SEP/2012

La Asociación Internacional de Radiodifusión emitió un comunicado en el que denuncia “intimidación”, tras conocerse un spot del gobierno nacional difundido el pasado fin de semana en el que le pide "desinvertir" en diciembre de este año.

A continuación el texto completo:

"La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR - observa con grave preocupación la situación que afecta a medios de comunicación en la República Argentina, en particular al Grupo Clarín, ante una sistemática ofensiva de hostilidad e intimidación que viene ejerciendo el Poder Ejecutivo de ese país.

Se suma a lo anterior, la reciente emisión de un spot televisivo a través de canales públicos de televisión, configurando una campaña contra el Grupo Clarín que no se ajusta a la verdad y crea de facto condiciones de inseguridad para el legítimo funcionamiento de los medios de comunicación radiales, televisivos, abiertos y de cable, objeto de esta arremetida contra quienes no son afines al gobierno por su línea editorial e informativa.

Se invoca la sentencia del 22 de Mayo, expedida por la Corte Suprema de Justicia, como pretexto para anunciar el “desguace” del Grupo Clarín el 7 de Diciembre próximo. Dicho grupo interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto de los artículos 161 y 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el que fue acogido a tramitación y dio lugar a una medida cautelar que suspende la aplicación del artículo 161, en tanto la Justicia no se ha pronunciado sobre el fondo.

El recurso se basa en principios universales del Derecho Constitucional, como es la certeza o seguridad jurídica que se ve vulnerada cuando una Ley impone limitaciones y restricciones en forma retroactiva a derechos fundamentales como el derecho de propiedad, afectando derechos adquiridos, o el principio de igualdad ante la Ley, vulnerado por la imposición, igualmente retroactiva, de incompatibilidades arbitrarias para la titularidad de licencias, sin perjuicio de otros derechos fundamentales afectados, hoy sujetos a consideración de la Justicia.

El 22 de Mayo pasado, la Corte se pronunció respecto del plazo de la medida cautelar derivada de dicho recurso, acotándola al 7 de Diciembre próximo, lo que en el evento de que no hubiere a dicha fecha un pronunciamiento sobre el fondo y no hubiere una prórroga del plazo de vigencia de la medida cautelar, significaría que a partir del 7 de Diciembre comenzaría a correr el plazo contemplado en el artículo 161.

Las expresiones vertidas por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la campaña televisiva difundida a través de medios públicos se basan en una interpretación interesada y no ajustada a Derecho.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la Libertad de Expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la Libertad de Expresión.”

Por todo lo expuesto, la Asociación Internacional de Radiodifusión denuncia que la campaña pública ya descripta, constituye una presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, generando un clima de opinión favorable a una interpretación funcional a sus objetivos políticos, situación particularmente grave si se considera que la Justicia no se ha pronunciado aún sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad que dio lugar a la medida cautelar cuestionada por el Gobierno.

La AIR denuncia ante la Opinión Pública argentina, y ante la comunidad internacional, que la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por vías de hecho el 7 de Diciembre próximo, significaría una drástica reducción de los medios de comunicación independientes que subsisten en la Argentina, con la consecuente pérdida de canales de expresión que permiten el ejercicio de la crítica política y el escrutinio público, condiciones esenciales de una Democracia.

La AIR solicita al Poder Ejecutivo de la República Argentina, que se abstenga de utilizar recursos y medios públicos para fines propagandísticos y que respete la independencia del Poder Judicial, absteniéndose de intervenir públicamente respecto de materias que están siendo objeto de tramitación en los Tribunales de Justicia.

24 de Septiembre de 2012"