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				GOBIERNO URUGUAYO INVESTIGA AL 
				"FANTASMA" GONZALEZ 
	02-ENE/2012 
	 
 
              La organización no 
				gubernamental (ONG) Grupo Medios y Sociedad (GMS) presentó el 
				martes los descargos del informe de la Asesoría Jurídica del 
				Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que 
				estableció que correspondería que el Ejecutivo revocara los 
				permisos de 11 emisoras radiales privadas que violentan la 
				normativa vigente por formar parte de un mismo "grupo económico" 
				disimulado por medio de testaferros. El subsecretario Edgardo 
				Ortuño señaló en diálogo con la diaria que la cartera tomará una 
				decisión una vez que se diligencien las pruebas presentadas en 
				los descargos, para lo cual se vence el plazo esta semana. 
	
		
			
            			
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              MIEM investiga 
				"grupo económico" que controla 11 emisoras radiales y espera sus 
				descargos para tomar decisiones. 
				 
				El informe jurídico del MIEM llegó el 13 de diciembre como 
				respuesta a la denuncia realizada por el GMS, en 2009, ante la 
				Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). La 
				organización le solicitó a ese organismo que investigara las 
				transferencias de titularidad de las emisoras individualizadas 
				como pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía, este 
				última de Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura 
				internacional por su responsabilidad en los asesinatos de Manuel 
				Ramos e Ibero Gutiérrez y las desapariciones de Héctor 
				Castagnetto y Abel Ayala, crímenes que la Justicia atribuye al 
				Escuadrón de la Muerte. 
				 
				Las 11 emisoras son Radio Sarandí, Sport 890, Integración 
				Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, Radio 
				Real de San Carlos, Emisora Cenit, Emisora Santa Rosa y La 
				Pedrera. GMS denunció que todas estas habían sido adquiridas por 
				el empresario mexicano-americano Ángel González mediante 
				"terceras personas", y que las últimas siete mencionadas, 
				pertenecientes al Grupo del Plata, conforman una "concentración 
				disimulada" por medio de prestanombres o familiares. 
				 
				Tras la investigación, la Asesoría Jurídica del MIEM determinó 
				que estas 11 emisoras privadas pertenecen a un mismo "conjunto 
				económico", es decir, a un mismo grupo empresarial. Llegaron a 
				esa conclusión a partir de constatar que en algunos casos se 
				compartía un mismo domicilio o tenían similitud de actividades o 
				intercambiabilidad de trabajadores. 
				 
				En este caso, el Grupo Sarandí y el Grupo del Plata funcionan en 
				una misma dirección en Montevideo, lo cual resultó probado por 
				Jurídica del MIEM tras las inspecciones realizadas en las 
				instalaciones del edificio donde están radicadas las oficinas de 
				siete emisoras. Además, componen el Grupo Mont Sololei Sociedad 
				Anónima, según surgió del informe de facturación de publicidad 
				que desde el MIEM se solicitó a la Intendencia de Montevideo. La 
				misma información, solicitada a la Dirección General Impositiva, 
				fue negada por este organismo alegando "ausencia de un deber de 
				proporcionar información a la Ursec". 
				 
				De esta manera, la Asesoría Jurídica determinó que dicho grupo 
				económico viola el decreto 734/978 que regula actualmente los 
				servicios de radiodifusión. El artículo 12 establece: "Una 
				persona no puede ser beneficiada a partir de la fecha, con la 
				titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada 
				una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser 
				titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de 
				radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM - FM - 
				TV)". Por esta razón, concluye: "Correspondería al Poder 
				Ejecutivo dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la 
				transferencia de titularidad de las emisoras involucradas". 
				Para el ministro 
				 
				En los descargos, GMS enfatiza en el hecho de que el "centro de 
				decisión" de las 11 emisoras es el administrador de Radio 
				Sarandí, Fernando Cohelo, y quien aparece como titular de 
				Futura, y de otras radioemisoras, es Carlos Molinari, "al igual 
				que en Radio Real de San Carlos y Emisora del Plata (todas del 
				ex grupo Sofía-Troncoso), pero el dictamen de referencia nada 
				dice respecto a ese titular". También denuncian que la dirección 
				liderada por Cohelo determinó días atrás el cierre de varios 
				programas en Futura y el despido de "buena parte" de su 
				personal. 
				 
				La ONG también reclama que no se aborda lo relacionado con la 
				titularidad de Ángel González teniendo en cuenta que es "un 
				punto de central importancia", ya que nuestra normativa prohíbe 
				que ciudadanos extranjeros sean titulares directa o 
				indirectamente de licencia para explotar frecuencias que 
				administra el Estado uruguayo. Sobre este punto, Jurídica del 
				MIEM explica que la información solicitada a la Dirección 
				Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior "resultó 
				insuficiente". En ese sentido, GMS aporta en los descargos el 
				número de pasaporte de González para "conocer cuándo y cuántas 
				veces y en qué fechas este ciudadano ingresó al país". 
				 
				Asimismo, entienden que, además las consideraciones de Jurídica 
				del MIEM sobre la violación del decreto 734, deben tomarse en 
				cuenta "las graves consecuencias que tiene para la diversidad 
				cultural y el pluralismo informativo la concentración de las 
				emisoras en un solo grupo extranjero". "Radios pioneras como 
				Radio Real de San Carlos o Futura FM han sido desmanteladas para 
				pasar a ser simples repetidoras de la producción de Radio 
				Sarandí en Montevideo. Otro tanto pasa con Radio Cenit de Rivera 
				y Radio La Pedrera, que tampoco tienen producción local y se han 
				transformado en simples bocas de salida de la producción que 
				centralmente se realiza en Montevideo", señala GMS. 
				 
				El subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que 
				las pruebas propuestas por el GMS y las que presenten los 
				denunciados serán dirigenciadas por la asesoría, que emitirá un 
				informe final. Una vez que esto suceda será analizado por el 
				ministro de Industria, Roberto Kreirmerman. 
  
              Fuente:
              La Diaria 
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