Segundo periodista asesinado en una semana en Perú

26-SEP/2011

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista José Oquendo Reyes, ocurrido el 14 de septiembre en Pueblo Nuevo, provincia de Chincha y manifiesta su profunda preocupación ante este crimen que constituye el tercer homicidio cometido contra un comunicador en Perú durante 2011. La Relatoría Especial insta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el asesinato podría haber sido motivado por el ejercicio del periodismo, así como identificar, procesar y condenar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

De acuerdo con la información recibida, en la tarde del 14 de septiembre Oquendo Reyes caminaba cerca de su casa cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon a corta distancia. Un hijo de la víctima lo llevó al hospital en el cual falleció. El periodista era director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45 de Chincha y, según lo informado, habría denunciado recientemente en su programa presuntos malos manejos administrativos en la alcaldía provincial de Chincha. Junto con sus actividades periodísticas, Oquendo Reyes también se dedicaba a la supervisión de obras de construcción.

El homicidio de Oquendo Reyes se suma a los asesinatos de los periodistas Julio Castillo Narváez, ocurrido en Virú, La Libertad, el 3 de mayo, y Pedro Flores Silva, ocurrido en Casma, Áncash, el 8 de septiembre de 2011.

Los atentados contra comunicadores no sólo afectan a la víctima y sus familiares sino que dañan a la sociedad en su conjunto. Estos crímenes constituyen la más radical forma de censura al impedir de forma absoluta el derecho de los periodistas a circular ideas o informaciones y el derecho de todas las personas a recibir dicha información.

El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".