medios mexicanos firman acuerdo para la cobertura informativa de la violencia

28-MAR/2011

En el marco de la segunda edición de Iniciativa México, más de medio centenar de directivos de medios de comunicación del país se han unido en un gran acuerdo nacional para proteger a los reporteros que cubren a diario informaciones relativas al narcotráfico.

México es considerado el país más peligroso de Latinoamérica para el ejercicio del periodismo y uno de los más peligrosos del mundo, con seis profesionales asesinados y ocho secuestrados en 2010, según Reporteros sin Fronteras. Las cifras del país azteca son tan escalofriantes como 61 periodistas cayeron asesinados desde 200 o nueve desaparecidos desde 2003. Con el objetivo de frenar la escalada de la violencia contra los informadores, medios, académicos, organizaciones sociales y civiles, universidades y empresarios firmaron el Acuerdo para Cobertura Informativa de la Violencia el 24 de marzo.

Este convenio es el primero de Latinoamérica que incluye la creación de un órgano ciudadano de observación, que garantice su cumplimiento y que elabore informes periódicos sobre el seguimiento de los medios a los criterios editoriales establecidos en el mismo, aunque será cada medio el que defina sus propios procedimientos para verificar el cumplimiento del acuerdo. Se trata de un hito en la historia de México, con más de cincuenta directivos de medios de comunicación unidos por la seguridad de sus trabajadores, especialmente la de aquellos que trabajan en los estados del norte y centro del país.

El documento también está respaldado por más de 45 representantes de organizaciones sociales y civiles, como la Asociación Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace, Causa en Común de Maria Elena Morera, Artículo 19 para México y Centroamérica, A favor de lo mejor en los medios, el Consejo de la Comunicación, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y American Chamber of Commerce; y más de 250 periodistas, académicos, intelectuales, y empresarios, entre los que se encuentran Emilio Álvarez Icaza, Tristán Canales, José Cárdenas, José Carreño, Rolando Cordera, Valentín Díez Morodo, Claudio X González Laporte, Carlos Elizondo Mayer-Serra o Rafael Zaga Kalach.

El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia recuerda que su firma de "no significa que (los medios de comunicación) renunciemos a nuestra responsabilidad de cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado".

LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO

Proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la población sin demérito de la independencia editorial de cada medio y establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la identidad de las víctimas de esta violencia

LOS CRITERIOS EDITORIALES DEL ACUERDO

1) Tomar postura en contra.

Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada enfatizar e impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia soda en contra de la violencia. Bajo ninguna circunstancia los medio debemos justificar las acciones y los argumentos de los grupo criminales.

2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.

Los medios debemos omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas con propósitos propagandísticos y no convertimos en instrumento o en parte de los conflictos entre grupos de la delincuencia. Debemos evitar usar el lenguaje y la terminología que emplean los delincuentes y no propiciar que se conviertan en héroes públicos.

3) Dimensionar adecuadamente la información.

Presentar siempre este tipo de información con su contexto correcto, en justa medida y según su importancia. Explicar Cuál es el tamaño y la situación real del problema, cómo afecta la sociedad, así como, establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada y para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia y terrorismo.

4) Atribuir responsabilidades explícitamente.

La información que se difunda sobre la delincuencia organizada debe asignar a cada quien la responsabilidad que le corresponda sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla y denunciar el ejercicio indebido del poder.

5) No prejuzgar culpables.

Los medios debemos manejar siempre la información de los detenidos presentados por las autoridades bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos.

Asimismo, los medios exigiremos información oportuna y veraz sobre las detenciones y en general sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre la delincuencia organizada.

6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.

La información que los medios presentemos debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse información que ponga en riesgo su identidad.

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana.

Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe dentro de su ámbito en la prevención del delito y la reducción de la violencia.

8 ) Proteger a los periodistas.

Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada.

9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.

En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones del crimen organizado para influir en su línea editorial y contenido informativo los demás medios debemos solidarizamos en contra de estas presiones.

10) No interferir en el combate a la delincuencia.

Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias. Esto no implica que los medios dejemos de dar seguimiento al tema ni tampoco renunciar a cuestionar la efectividad de la acción gubernamental contra el crimen organizado.