El decreto del 14 de noviembre refiere a normas que "propenden a evitar la concentración de medios en las mismas personas físicas o jurídicas", y que el mecanismo planteado "beneficiará la labor de control por parte de la Administración".

El presidente de Andebu, Rafael Inchausti, indicó a El País que los canales y radios argumentan que "no corresponde que esta obligación sea impuesta mediante un decreto", ya que según la Constitución "ningún habitante puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que la ley no prohíbe, es decir que se necesita una norma de rango legal para establecer alguna prohibición u obligación".

Comentó que tanto la Ursec como el Ministerio de Industria poseen los datos de los titulares de los medios, "y cualquier interesado podría acceder a ellos a través de la ley de acceso a información pública".