la camara de mendoza confirmo sentencia que paraliza la total aplicacion de la ley de s.c.a.

25-MAR/2010

La Cámara Federal de Mendoza confirmó este jueves un fallo de primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal que, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa medida había sido apelada en febrero por el Gobierno nacional. 

Según los camaristas de la Sala A Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra, "le asistió razón a la señora juez de grado cuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señor diputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva la violación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo". 

Para la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha provincia, "aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución" de la ley de medios. 

En diciembre, la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, había dispuesto la suspensión de la aplicación de la ley 26.522. La magistrada entendió que el Congreso habría incurrido en irregularidades reglamentarias al sancionar la norma, y remarcó "la política acelerada que se ha impreso, tanto a la sanción de la ley, como a los actos implementados para hacerla efectiva". 

Además, la jueza afirmó que "la ley que se impugna dispone y decide aspectos que exceden la mera regulación de medios de radiodifusión, reglando aspectos que hacen a la libertad de prensa". 

Luego, hubo otros cuatro fallos en contra de la norma. El más reciente, de la Justicia salteña, también ordenaba no aplicar ningún punto de la norma por irregularidades en el procedimiento legislativo. 

El juez salteño Abel Medina ordenó al Poder Ejecutivo "que se abstenga" de aplicar la ley de medios "en su integridad, como de dictar actos administrativos o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada normativa hasta tanto se dicte sentencia definitiva". Mientras tanto, rige la anterior ley de radiodifusión y el COMFER como su organismo de aplicación. 

Un error de cálculo

Varios medios dieron como un hecho que la Cámara iba a revocar el fallo de la jueza Pura de Arrabal. 

El 14 de marzo, Horacio Verbitsky, en su tradicional columna en el periódico oficialista Página 12, había manifestado que el camarista Otilio Romano fue fiscal durante la dictadura. Asimismo, otro de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Luis Francisco Miret, fue juez de instrucción. 

"Los organismos defensores de los derechos humanos afirman tener elementos para pensar que Mazzón (N de la R: Juan Carlos, operador del kirchnerismo) está negociando ahora el archivo de la denuncia contra Romano y Miret por su complicidad con la dictadura, a cambio de que revoquen el fallo de Pura Arrabal" afirmó Verbitsky.

Lo curioso es que Miret integra la Sala B de la Cámara, en tanto Romano pertenece a la Sala A, la que dictó la sentencia. ¿Tanto poder tienen ambos camaristas para influir sobre las decisiones de los otros integrantes de la Sala A, o la "información" fue lanzada sin chequear fehacientemente los datos?

El gobierno apelará la medida ante la Corte Suprema de Justicia

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Juan Gabriel Mariotto, consideró de "extrema gravedad" la suspensión de la aplicación de la norma al objetarse "cuestiones de forma" en el trámite parlamentario y advirtió que "así se vuelve a la ley de la dictadura".

Según Mariotto, la Cámara utilizó "argumentos traídos de los pelos", al "objetar el trámite parlamentario" que siguió la ley durante su tratamiento ya que "existe una costumbre de uso" donde "se sancionaron leyes sin los tiempos que marcan los reglamentos".

"Acá nadie quiere resolver el tema de fondo porque tienen un solo objetivo que es de suspender la ley que fue aprobada por el Congreso por medio de un proyecto enviado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras 26 años de vigencia de una ley de la dictadura", se quejó.