LA ADC
RECHAZA EL VETO DEL EJECUTIVO PORTEÑO A LA LEY DE PUBLICIDAD
OFICIAL
11-FEB/2010
La Asociación por
los Derechos Civiles (ADC) manifiesta su rechazo al veto parcial
efectuado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la ley de publicidad oficial sancionada en diciembre por
la Legislatura. El veto -que abarca nueve artículos- elimina
disposiciones sobre transparencia y prohibición de uso
propagandístico de la pauta estatal que significaban pasos
positivos en relación con el manejo de estos fondos públicos.
En particular,
preocupa a la ADC el veto a los artículos 8º y 9º de la norma
(Ley 3391). Por el primero se prohibía que los avisos oficiales
incluyeran “el nombre, voz, imagen o cualquier elemento
identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad”
o “frases, símbolos, logos y cualquier otro elemento
identificable o que induzca a confusión con partidos o
agrupaciones políticas”. El segundo establecía limitaciones para
la emisión de publicidad oficial durante los 30 días anteriores
a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales, con
varias excepciones para casos de necesidad y urgencia.
Ambas prohibiciones tienen por objetivo general evitar que los
avisos oficiales se utilicen como herramientas de propaganda al
servicio de los gobiernos y funcionarios de turno, o de fuerzas
políticas en particular, desvirtuando el sentido de utilidad
pública que debe regir para la publicidad oficial.
Otra medida de transparencia que el Decreto 122/10 elimina es la
obligación de confeccionar y publicar un plan anual de
publicidad oficial, que permita una comunicación por campañas
más previsible y controlada. El veto también da por tierra el
artículo 17º sobre sanciones logrando, de esta manera, que las
infracciones a la ley carezcan de consecuencias legales y
eliminando la posibilidad de que cualquier persona solicite el
cese de los incumplimientos a la ley ante la justicia porteña.
Si bien la ley en su redacción aprobada adolece –según ya lo
alertara oportunamente la ADC- de serias falencias, en
particular por la ausencia de criterios claros y precisos para
la asignación de la publicidad oficial, otros artículos
aprobados significaban avances en relación con la transparencia
en el manejo de la publicidad oficial. El veto vacía aún más de
contenido a esta ley, y demuestra una reticencia del Ejecutivo a
administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo
transparente y controlado.
Por estos motivos, la ADC exhorta a los legisladores de la
Ciudad a ratificar el texto original. De acuerdo a las
disposiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
luego del veto parcial el proyecto de ley vuelve íntegramente a
la Legislatura, que puede aceptar el veto con la misma mayoría
requerida para su sanción o insistir en el proyecto original con
mayoría de dos tercios de sus miembros.
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