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				SAN LUIS PRESENTO ANTE LA CORTE UN 
				PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE S.C.A. 
              
				02-NOV/2009 
              El gobernador de 
				la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó el 
				viernes 30 de octubre una acción de amparo ante la Corte Suprema 
				de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la Ley de 
				Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, por considerar que 
				se atenta contra la "libertad de información". 
              
              En una extensa 
				presentación de 82 carillas, Rodríguez Saá señaló que varios 
				artículos de la Ley 26.522 -concretamente el 1° a 118 y 145° a 
				166°- "agravian tanto de manera actual, o bien inminente los 
				derechos jurisdiccionales y patrimoniales de la Provincia, como 
				los de sus ciudadanos, según lo que se expondrá en los capítulos 
				siguientes de esta demanda". 
				 
				"La mera promulgación de la ley supone un agravio a la 
				jurisdicción provincial como también la autorización legal para 
				que el poder político pueda ejecutar actos lesivos a esa 
				jurisdicción y a la libertad de información, tanto en sentido 
				activo como pasivo", criticó el Gobernador en el escrito. 
				 
				"Si la libertad de expresión es restringida, no existe como tal 
				desde el mismo momento en que tal restricción se encuentre 
				vigente, así como el derecho de propiedad dejaría de existir en 
				forma inmediata a la vigencia de una ley que lo derogara, por 
				pérdida automática del título de derecho positivo que reconoce 
				su validez y protección", añadió. 
				 
				Por otra parte, advirtió que "si los medios de comunicación se 
				encuentran sometidos a la posibilidad de sanciones 
				administrativas -que pueden llegar a la cancelación de la 
				licencia- en razón de la evaluación que la autoridad política 
				haga de sus "contenidos", es evidente que los titulares de los 
				medios tenderán a restringir sus mensajes para adecuarlos a los 
				deseos de aquella autoridad". 
				 
				Además, el escrito, acompañado con la firma del fiscal de Estado 
				y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra, 
				recordó que la Ley 26.522 "crea un impuesto especial, de 
				aplicación inmediata, sobre los medios de comunicación que, al 
				sumarse a los que deben soportar" y que "viene a imponer otra 
				carga indebida sobre la actividad, especialmente en los casos de 
				titularidad privada o pública provincial, en beneficio de la 
				oficial o pública nacional que se encuentra eximida del mismo 
				impuesto". 
				 
				Según denunció el Gobernador, la jurisdicción de la Provincia 
				para regular el funcionamiento de los medios de comunicación fue 
				"sustraída por la mera sanción de ley 26.522", más conocida como 
				Ley de Medios. "Esta ley impone restricciones a la libertad de 
				expresión activa y pasiva de los ciudadanos y personas físicas y 
				jurídicas residentes en la Provincia de San Luis", aseguró. 
				 
				Para el Gobernador puntano, "está vedado al Congreso Nacional 
				establecer cualquier tipo de restricción a la libertad de 
				prensa" y además "no puede establecerse la jurisdicción federal 
				en materia de prensa". 
				 
				Rodríguez Saá recordó que al asumir su primer mandato por el 
				2003, él propició el dictado de una ley provincial de 
				radiodifusión "con la más amplia discusión que garantizara un 
				gran consenso de toda la sociedad puntana y especialmente de los 
				sectores directamente interesados en la materia". 
              
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