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SAN LUIS PRESENTO ANTE LA CORTE UN PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE S.C.A.

02-NOV/2009

El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó el viernes 30 de octubre una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, por considerar que se atenta contra la "libertad de información".




En una extensa presentación de 82 carillas, Rodríguez Saá señaló que varios artículos de la Ley 26.522 -concretamente el 1° a 118 y 145° a 166°- "agravian tanto de manera actual, o bien inminente los derechos jurisdiccionales y patrimoniales de la Provincia, como los de sus ciudadanos, según lo que se expondrá en los capítulos siguientes de esta demanda".

"La mera promulgación de la ley supone un agravio a la jurisdicción provincial como también la autorización legal para que el poder político pueda ejecutar actos lesivos a esa jurisdicción y a la libertad de información, tanto en sentido activo como pasivo", criticó el Gobernador en el escrito.

"Si la libertad de expresión es restringida, no existe como tal desde el mismo momento en que tal restricción se encuentre vigente, así como el derecho de propiedad dejaría de existir en forma inmediata a la vigencia de una ley que lo derogara, por pérdida automática del título de derecho positivo que reconoce su validez y protección", añadió.

Por otra parte, advirtió que "si los medios de comunicación se encuentran sometidos a la posibilidad de sanciones administrativas -que pueden llegar a la cancelación de la licencia- en razón de la evaluación que la autoridad política haga de sus "contenidos", es evidente que los titulares de los medios tenderán a restringir sus mensajes para adecuarlos a los deseos de aquella autoridad".

Además, el escrito, acompañado con la firma del fiscal de Estado y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra, recordó que la Ley 26.522 "crea un impuesto especial, de aplicación inmediata, sobre los medios de comunicación que, al sumarse a los que deben soportar" y que "viene a imponer otra carga indebida sobre la actividad, especialmente en los casos de titularidad privada o pública provincial, en beneficio de la oficial o pública nacional que se encuentra eximida del mismo impuesto".

Según denunció el Gobernador, la jurisdicción de la Provincia para regular el funcionamiento de los medios de comunicación fue "sustraída por la mera sanción de ley 26.522", más conocida como Ley de Medios. "Esta ley impone restricciones a la libertad de expresión activa y pasiva de los ciudadanos y personas físicas y jurídicas residentes en la Provincia de San Luis", aseguró.

Para el Gobernador puntano, "está vedado al Congreso Nacional establecer cualquier tipo de restricción a la libertad de prensa" y además "no puede establecerse la jurisdicción federal en materia de prensa".

Rodríguez Saá recordó que al asumir su primer mandato por el 2003, él propició el dictado de una ley provincial de radiodifusión "con la más amplia discusión que garantizara un gran consenso de toda la sociedad puntana y especialmente de los sectores directamente interesados en la materia".


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