COBOS PIDIO CAMBIOS EN LA LEY DE S.C.A.

10-NOV/2009

El vicepresidente formuló estas definiciones, una nueva muestra de su distancia con la Casa Rosada, ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Buenos Aires.

Fue entonces cuando aludió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso hace un mes. "Recientemente fue sancionada la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en reemplazo de la antigua ley de radiodifusión. Es un paso adelante", comenzó.

Fallas. Pero, a renglón seguido, advirtió: "No obstante, podriamos haber realizado una norma más enriquecida a través de un diálogo más profundo y sincero, de más tiempo de debate y de una mayor apertura a las sugerencias por tratarse de una ley tan importante".

En este punto, se unió a la convicción de buena parte de la oposición de que la ley de medios debería ser revisada después del recambio legislativo. "Es un primer paso que deberá ser perfeccionado en tiempos venideros", deslizó.

La réplica

En coincidencia con la 65 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tuvo lugar el Primer Encuentro Internacional “Medios y Democracia en América Latina” con oradores de Colombia, Uruguay, Venezuela, Honduras, Brasil y Argentina.

“La SIP históricamente ha intervino en las políticas de los Estados de Latinoamérica, siempre desde el exterior ellos estriban sus críticas”, dijo el secretario General de FATPREN, Gustavo Granero, y sostuvo que “no se puede vivir bajo el yugo extorsivo de una cámara empresaria americana que busca modificar políticas de un país a costa de mejores negocios”.

Entre los panelistas se destacaron Néstor Busso (FARCO), Juan Gabriel Mariotto (COMFER), Roberto Hernández Montoya (Fundación Celarg - Venezuela); Celso Schoereder (FENAJ - Brasil), Andrés Izarra (Presidente de TeleSur), Damián Loreti (catedrático), la diputada Silvia Vázquez y varios periodistas y gremialistas latinoamericanos.

El titular de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso, dijo que, para los grupos empresarios, "la libertad de prensa sigue siendo entendida como la libertad en la propiedad de los medios" y que, por eso, cuando el Estado interviene, interpretan que "está censurando".

"Nosotros pensamos en la libertad de expresión, que es un derecho universal y, por eso, los Estados deben intervenir para garantizar ese derecho. Para eso, el Estado debe promover políticas activas para promover la expresión de los más débiles, y poner límites a los que se quieren quedar con todo y acaparar el discurso público", planteó.

Para Busso uno de los principales obstáculos para la libertad de expresión es la concentración, entendida en cuatro sentidos: "La concentración está dada no sólo por la propiedad de los medios sino también por la concentración geográfica, la concentración de la pauta publicitaria y la convergencia de distintos soportes".

Tras el foro, el secretario general del gremio de trabajadores de la televisión (SATSAID), Horacio Arreceygor, opinó que la reunión “sirvió para seguir hablando de la ley, el desarrollo y la democratización de los medios. También fue interesante hacer algo en contraposición de gente que piensa totalmente lo contrario”.

Seńaló que “hubiese sido bueno que nos hubieran invitado a la SIP para poder confrontar opiniones, como dijo la diputada Vázquez” y aseguró que “los grandes grupos mediáticos están en todos los países de Latinoamérica y en todos sucede algo similar en cuanto a la concentración de medios”.

La aplicación de la ley. Como secretario general de la Confederación Sindical de los Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), Arreceygor participa del proceso de conformación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que cuenta con 38 miembros de los que se elegirán 2 para formar parte de la autoridad de aplicación.

En este sentido, consideró que “va a tardar un tiempo para que se vean los resultados de la ley, la idea es que esté totalmente reglamentada, una vez que se obtenga eso y la autoridad de aplicación, que está prevista para el 10 de diciembre, ahí tendrán que hacer un mapa y llamar a las empresas para iniciar el proceso de desinversión”.

“Es una tarea a largo plazo, lo que sí se podría aplicar enseguida son los porcentajes de producción, que según la ley se estableció en 60 por ciento de producción nacional”, agregó.