PARA MINISTRO VENEZOLANO EXISTE EN EL PAIS "EL LATIFUNDIO RADIOELECTRICO"

04-JUN/2009

El ministro para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, prometió el domingo pasado acabar con "el latifundio radioeléctrico". Sin embargo, "eso en la radio de Venezuela no existe", asegura el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Nelson Belfort. El Ejecutivo explica que en la organización que representa "están inscritas 426 emisoras de radio y tenemos más de 300 dueños. Los circuitos de radio que hay en Venezuela son circuitos de cuatro y hasta 10 emisoras, son circuitos pequeños. No como los circuitos de otros países latinoamericanos que son de 150 ó 200 emisoras". 

Nelson Belfort señala que "para nosotros no es ningún misterio que estamos siendo supervisados". De hecho, considera que las emisoras afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión están estrictamente supervisadas por Conatel. "Que nos digan a nosotros que nos reportemos no es ningún problema. Nosotros con Conatel hemos pasado al menos tres censos importantes y desde hace tres meses para acá están visitando las plantas transmisoras, los estudios y pidiendo documentación de todo tipo", agrega. 

Pero la supervisión de Conatel, para Belfort, no es negativa. "Siempre es bueno que sepan dónde estamos y cómo están las condiciones de las emisoras, pero también es bueno que hagan su trabajo: supervisar a todas las emisoras clandestinas que ha sido una de las quejas más fuertes que tenemos. La proliferación de las emisoras piratas es elevadísima en Venezuela y no están sometidas a ningún tipo de regulación". 

Belfort también se queja de que a "la mayoría de las 150 emisoras AM del país, que están inscritas en la Cámara de Radio, se les venció la concesión el 27 de mayo de 2007. Debe haber por lo menos 30 ó 40% que no han sido renovadas", es decir, que no han recibido respuesta por parte de Conatel. 

Aunque todavía no hay un lineamiento de acciones a seguir por parte de las emisoras de radio en torno a la solicitud de Conatel de presentar sus documentos en el organismo, se pudo conocer que el próximo mes se realizará la Convención Nacional de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, donde las concesiones será uno de los temas a tratar. 

El artículo 21 de la Ley de Telecomunicaciones indica que "la duración de las habilitaciones administrativas no podrá exceder de veinticinco años, pudiendo ser renovada por iguales períodos". Sin embargo, las concesiones y/o renovaciones que está otorgando Conatel son sólo por cinco años. 

El director general de Kys FM, Oswaldo Yépez, reconoce que entre los radiodifusores "hay mucha angustia con todo lo relacionado con las concesiones". Sin embargo, considera que su emisora ha cumplido con todos los requisitos. 

Yépez asegura sentirse esperanzado "en que todo siga bien. Pero hay muchas emisoras que, tengo entendido, son ilegales y tendrían que ponerse a Derecho, realizar todos los trámites correspondientes o si no, las cierran", indica. 

Para el director del Instituto Nacional de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), Gustavo Hernández, las advertencias de Diosdado Cabello son una muestra más de que "en Venezuela se está transgrediendo el marco jurídico en materia de comunicación y la Carta Magna, que en su artículo 57 garantiza la libertad de expresión y la pluralidad de las ideas". 

Gustavo Hernández considera que "las concesiones no deberían ser suspendidas a capricho del Ejecutivo nacional. Las concesiones deberían ser sometidas a un examen minucioso por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de los órganos competentes para poder determinar si la concesión no aplica con respecto a una emisora determinada". 

El director del Ininco cuestiona que "Conatel no es independiente. Conatel depende de la Presidencia de la República. Y si se respetara el Estado de derecho y la autonomía de los poderes públicos, el estudio de las concesiones fuese plural. Pero dudo que esto vaya a ser así. Toda medida que sea emanada por el Ejecutivo nacional, desde la Presidencia, para tomar medidas restrictivas con respecto a los medios de comunicación, está transgrediendo el marco jurídico". 

A juicio de Gustavo Hernández, no se trata solamente de una amenaza. "El objetivo principal de este tipo de advertencias es tratar de intimidar, presionar y coaccionar a las emisoras para que se ajusten a la doctrina política que nos quiere imponer el Gobierno a toda costa", enfatiza.

Fuente: El Universal