proyecto de ley de s.c.a: advertencia de la camara de tv privada

31-AGO/2009

A través de un comunicado, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas sostiene que el proyecto oficial "apunta a consagrar un fuerte control del gobierno de turno sobre los medios privados". Y que terminará afectando "derechos y garantías constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de propiedad".

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), que agrupa a los canales privados, difundió un duro comunicado donde advierte que la iniciativa "constituye un avance sobre los medios de comunicación que no tiene antecedentes en la democracia argentina".

La entidad entiende que si bien era necesario adecuar la legislación a los avances tecnológicos de los últimos años, esto "no justifica la decisión presidencial de avalar un proyecto de ley que, contrariamente a lo que se proclama, afectaría derechos y garantías constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de propiedad". 

"El proyecto presentado apunta a consagrar un fuerte control del gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afectando la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, generando un sistema de medios dependiente del Estado, otorgándole un poder discrecional al Poder Ejecutivo para influir sobre la línea editorial de los medios. En el caso particular de la televisión abierta privada, ATA reitera que lejos de solucionar la crisis actual en la que se encuentra, terminaría comprometiendo su viabilidad como medio masivo de comunicación", agrega.

En otro párrafo, ATA reclama que el proyecto sea debatido después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos integrantes del Congreso Nacional: "Debería permitirse que los legisladores electos en los últimos comicios tuvieran participación en el tratamiento de este tema".

"De sancionarse el proyecto oficial en los términos elevados al Congreso", señala finalmente la cámara empresarial, "se afectaría seriamente la sustentabilidad de la televisión gratuita privada, la que, con su diversidad de medios y contenidos, coadyuva diariamente con el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la pluralidad de ideas". 

El texto completo de la solicitada esta disponible aquí.

ADC resalta la importancia de que el Congreso discuta el proyecto de ley

A propósito del envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, la Asociación por los Derechos Civiles "quiere resaltar la oportunidad que se presenta para debatir acerca de un sistema de medios de comunicación ajustado a principios democráticos y sancionar una ley que reemplace a la actual norma vigente desde la última dictadura". 

En este sentido, la ADC "llama a los diputados y senadores a sostener una actitud responsable que garantice un abordaje legislativo profundo y riguroso, en un marco de transparencia y participación. A su vez, aspira a que el debate culmine en la sanción de una ley que cumpla con los estándares internacionales en materia de derecho a la información y libertad de expresión. Esta norma deberá sentar las bases para una política de Estado que garantice una comunicación democrática y plural y una prensa independiente". 

"Destacamos en particular la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de la autoridad de regulación y el establecimiento de un sistema de medios públicos no gubernamental, dos cuestiones que deben ser revisadas en la propuesta oficial. La ADC realizará aportes concretos en esta materia para enriquecer el debate legislativo", dijo Alvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC. 

"Tal como ha sostenido la ADC en repetidas oportunidades, existen otras leyes cuyo tratamiento es también impostergable para garantizar el derecho a la libertad de expresión e información de toda la sociedad. La coyuntura actual nos obliga a remarcar la necesidad de sancionar, junto con la ley de servicios audiovisuales, una ley nacional de acceso a la información pública, una normativa que regule la distribución de la publicidad oficial de forma clara, transparente y no discriminatoria, y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias cuando involucren cuestiones de interés público" destacan.