EL COMFER PASO A DEPENDER DE LA SECRETARIA DE MEDIOS DE LA JEFATURA DE GABINETE

07-MAR/2008

El Decreto presidencial 377 estableció la transferencia del COMFER, desde la Secretaría General de la Presidencia, a la órbita de la Secretaría de Medios de Comunicación de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Según el Decreto, publicado en el Boletín Oficial el 6 de marzo, “Razones de mejor administración y aprovechamiento de los recursos hacen necesario concentrar en la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación de la Jefatura de Gabinete de Ministros todas aquellas políticas relacionadas con la administración y supervisión de los medios de comunicación social, como así también con el desarrollo del Sistema Federal de Radiodifusión” y agrega que “la profundización de las políticas públicas en materia de comunicación social llevada a cabo por el Gobierno Nacional” torna menester la transferencia.

El Decreto no especifica cuáles son las razones de mejor administración ni cuáles son o cómo se llevará a cabo la profundización de las políticas públicas en materia de medios. 

Laura Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano puntualizó al respecto: “A partir de hoy (jueves 6), con la firma del Decreto 377, el COMFER pasa a 'depender' de la Secretaría de Medios de la Nación. En consonancia con la tendencia a la concentración del poder, la Secretaría de Medios ahora no sólo tendrá a su cargo la distribución discrecional y poco transparente de la pauta publicitaria del Ejecutivo, cuyo presupuesto estimado para el 2008 alcanza los 220 millones de pesos, sino que también controlará el otorgamiento de nuevas licencias de radio y TV y sus prórrogas, así como la aplicación de sanciones, gravámenes y multas a aquellos que violen la Ley de Radiodifusión, que data de los años de la dictadura”. 

Alonso le vaticinó a Perfil.com: “A juzgar por lo sucedido en los últimos años en el manejo de la publicidad oficial, y teniendo en cuenta que no se ha avanzado en las discusiones vinculadas a su regulación, debe alertarse el alto riesgo que implica para la transparencia en el manejo de recursos y la libertad de expresión que se sumen nuevas actividades a la Secretaría de Medios, dañando, una vez más, la calidad democrática”. 

La norma sólo hace hincapié a modificaciones del organigrama general del Poder Ejecutivo Nacional, pero no hace mención alguna a cambios de funcionarios.