|
PROPONEN
CREAR LA DEFENSORIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION CON MENOS
FACULTADES PARA EL COMFER
26-JUN/2008
En el marco del debate sobre la reforma de la Ley de Radiodifusión, diputados de la UCR ingresaron en la Cámara Baja un proyecto que propone la creación de la Defensoría de la Libertad de Expresión en el ámbito del Poder Legislativo. Eso conllevaría la modificación de la ley 22.285 que le quitaría algunas facultades al Comfer, como ente regulador de los medios de comunicación.
La iniciativa explica que la función de este organismo sería garantizar “el cumplimiento de la libertad de expresión en los medios de comunicación, la protección de los ciudadanos, la pluralidad de opinión y el acceso de las minorías nacionales étnicas, culturales, sexuales, lingüísticas, religiosas o etarias a los medios de difusión” .
Según entienden los autores del proyecto, que el Comité Federal de Radiodifusión sea una entidad cuyas facultades fueron conferidas desde el Ejecutivo, representa una amenaza hacia la libertad de prensa y esto se ve aún más a partir del Observatorio de Medios y su ejercicio en el marco del conflicto entre el campo y el Gobierno.
La actividad del Observatorio ya fue denunciada el 29 de abril pasado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega y la ex diputada Elisa Carrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto a la firma de 17 legisladores de los diferentes bloques.
Los diputados de la oposición afirmaban una “presunta violación y grave menoscabo a la libertad de prensa “por el sometimiento de los medios al “Observatorio de Discriminación en los Medios”.
En la misma línea, los autores del proyecto de ley cuestionan que el hecho de que el ente “posea poder punitivo sobre los medios de comunicación”, representa “una herramienta de censura previa”.
Por esta razón, la iniciativa propone quitar todos esos elementos condenatorios que se practican desde el Poder Ejecutivo y trasladar la función de control de los medios al Poder Legislativo. El objetivo es lograr un funcionamiento que posea “autonomía” y resulte independiente del gobierno de turno.
“El Defensor de la Libertad de Expresión tendrá por función no sólo resguardar los derechos de los ciudadanos, sino también preservar la calidad y transparencia de la información en la prestación de los servicios de radiodifusión, asegurándose de respetar por encima de todo la libertad de prensa y expresión, entendiendo que dicha libertad resulta ser una piedra medular de todo sistema representativo, republicano y federal” afirma la propuesta de la UCR.
Entre las reglamentaciones formales, el defensor de la Libertad de Expresión deberá presentar un informe público una vez al año sobre su trabajo y la actitud de las autoridades de los medios en cuanto al seguimiento y respeto de las directrices de la Defensoría.
Los candidatos para desempeñar el cargo, serían propuestos por cada uno de los tres principales bloques parlamentarios. La elección estaría a cargo del primer partido opositor y los adjuntos pertenecerían, uno al oficialismo y otro al segundo partido opositor. El mandato de los integrantes de la Defensoría de la Libertad de Expresión será de cinco (5) años, con posibilidad de ser reelectos por una sola vez.
El proyecto sostiene la urgencia por dictar una nueva ley de Publicidad Oficial y legislar en materia de Acceso a la Información y de Medios Públicos, con el objetivo de “evitar procesos discriminatorios o abusivos del estado sobre los medios de comunicación y de garantizar la más amplia difusión en el tratamiento de la información pública”.
Precisamente este miércoles
(18) el titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) Gabriel Mariotto, viajó a los Estados Unidos para reunirse con distintos funcionarios con motivo de la nueva ley de Comunicación Audiovisual. Entre las citas agendadas, se reunirá con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timmerman.
Fuente:
Diario Judicial
N de la R: El texto
completo del Proyecto de Ley está disponible en este enlace.
UN CAMPORISTA TOMA EL
CONTROL DE LA DEFENSORIA DEL PUBLICO CON EL AVAL DE MASSA
09-MAR/2019
Rodrigo Rodríguez estará a
cargo de la Defensoría del Público de de Servicios de Comunicación
Audiovisual, puesto que estaba vacante y que será ejercido ad honorem y
hasta que se conforme la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. La designación surge de una
resolución adoptada por la presidenta del Senado de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa.
La medida fue resuelta bajo el fundamento de que “las misiones y funciones
de la Defensoría del Público, detalladas en el artículo 19 de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual son necesarias para garantizar la
libertad de expresión en todo el territorio nacional”, señala la
designación.
La bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual es la encargada de proponer, por las dos cámaras, el nombre para
ocupar dicho cargo que, hasta el momento, se encuentra vacante.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un
organismo creado en 2012 por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA) para recibir y canalizar las consultas y reclamos del público. Para
ese cargo había sido designada la periodista Cynthia Ottaviano, quien
concluyó su mandato el 14 de noviembre de 2016.
A fines de noviembre de ese año, ya en la presidencia de Mauricio Macri, la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización
delegó las funciones administrativas y operativas en la directora de
Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, María José Guembe,
hasta que se designe a la persona titular, cuestión que aún no había
ocurrido.
Finalmente, Rodrigo Rodríguez fue designado interinamente en el cargo. Este
dirigente, que proviene de La Cámpora, fue diputado nacional entre 2015 y
2019, y actualmente se desempeña como secretario administrativo de la Cámara
baja.
Esta designación fue festejada por los trabajadores de la la Defensoría.
"Después de más de 500 días de intervención macrista, que generó un enorme
vaciamiento del organismo, y nos obligó a defendernos de maltratos,
presiones y amenazas; finalmente ha concluido la nefasta gestión de Emilio
Alonso frente a la Defensoría del Público", señalaron en un comunicado. En
su escrito, los trabajadores agregaron: "Para quienes construimos este
organismo desde el compromiso con el derecho a la comunicación, ésta es una
conquista".
Fuente: Página 12
POLEMICA POR LA DESIGNACION TRANSITORIA DEL DEFENSOR DEL PUBLICO
01-OCT/2018
La comisión bicameral de
Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de
las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por el senador Eduardo
Costa, acordó nombrar al doctor Emilio Jesús Alonso de forma provisoria como
Defensor del Público, en reemplazo de la doctora María José Guembe, actual
responsable del organismo, hasta que se designe a un titular definitivo en
un plazo de sesenta días.
La Defensoría del Público es
una herramienta generada por la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Según los fundamentos de esa norma, tiene como objetivo actuar
en defensa del derecho humano a la comunicación en el país, articulando la
totalidad de los actores del campo de la comunicación: medios, audiencias y
Estado.
El nuevo responsable de ese organismo cumplirá, durante su mandato
provisorio, las mismas funciones administrativas y operativas que el acta N°
15 le había delegado a su antecesora en noviembre de 2016.
Sin embargo, esta
designación generó discrepancias en los sectores opositores, quienes
cuestionaron el mecanismo para avanzar en esta nueva designación.
“Tenemos que definir las características de la persona que ocupará este
cargo de forma permanente, y garantizar que sea independiente y solvente”,
afirmó el senador Juan Carlos Romero.
Por su parte, el diputado
Juan Brügge valoró la discusión, aunque exigió que “se delimite claramente
el alcance de las funciones del nuevo defensor”.
Por último, la diputada Gabriela Cerruti expresó que no estaban al tanto de
que en esta instancia se definiría un nuevo defensor provisorio y cuestionó
los mecanismos de debate de la comisión.
Aunque coincidió en que
“debemos impulsar esta discusión para que este organismo esté funcionando de
forma óptima” y solicitó que se le remita más información sobre los
antecedentes del doctor Alonso.
Para concluir, la comisión
aprobó de forma unánime un nuevo reglamento interno para su funcionamiento.
Fuente: Diputados
FADECCOS PIDE QUE SE
ELIJA Al DEFENSOR DEL PUBLICO SEGÚN LA LEY
La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS)
considera que la designación de Emilio Jesús Alonso como “encargado
transitorio” de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual es otro atropello al derecho a la comunicación. Afirman que se
trata de un procedimiento “irregular y viciado en lo procedimental”.
La entidad alerta que el nombramiento de Emilio Jesús Alonso por parte de la
Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización,
no ha cumplido con las normas correspondientes.
Solicitan, entonces, que la elección se realice dentro de los 60 días
siguientes con candidatas/os idóneos para el cargo, haciendo públicos sus
antecedentes para que puedan recibir adhesiones y/o impugnaciones. También
piden que se convoque a los actores que correspondan según la normativa para
garantizar la participación democrática, y la pluralidad y diversidad de
voces “imprescindibles para garantizar un derecho del que depende el pleno
ejercicio ciudadano”.
Asimismo el comunicado destaca que la Defensoría un organismo creado por la
Ley 26.522/09 que se encuentra acéfala desde noviembre de 2016 y que ahora
tras un largo periodo de inactividad “el oficialismo propuso y votó la
designación interina por 60 días de un “interventor” del cual no se conocen
antecedentes, negando a los propios miembros de la comisión por la oposición
y a quienes lo solicitaron todo tipo de información sobre la idoneidad y
plan de trabajo del funcionario”.
Señalan además que esta decisión inconsulta “viciada de irregularidad, se
inscribe en una serie de ataques al Derecho a la Comunicación que tienen su
máxima expresión en el desguace de hecho y por decreto de los artículos
fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la
falta de presentación en los plazos estipulados de un nuevo proyecto de ley
de comunicaciones convergentes y en la constante negación a convocar a los
diferentes actores del campo para la formulación de un nuevo proyecto”.
También enfatizan que los problemas presupuestarios “no han impedido que la
Defensoría del Público haya desarrollado una encomiable labor en la
promoción y defensa del derecho a la comunicación recepcionando denuncias,
estableciendo recomendaciones, impartiendo cursos de formación, realizando
audiencias públicas a lo largo de las diferentes regiones del país".
Fuente: Prensa
Fadeccos
defensoria del publico: 145 empleados
y 10 mil dolares de gastos diarios
27-SEP/2024
A partir de una
auditoría que el Gobierno realizó en la Defensoría del Público,
creada a partir de la Ley de Medios, se descubrió que el organismo
destina gran parte de su presupuesto, de unos 10 millones de pesos
diarios, en realizar capacitaciones para empresas de comunicación
y periodistas, muchos de los cuales son sistemáticamente
denunciados. Así lo informó el portal Infobae.
Hasta hace menos
de un mes, la entidad estaba a cargo de Miriam Lewin, quien asumió
en plena administración de Alberto Fernández y fue reemplazada por
la ex diputada del PRO Soher El Sukaria, quien inició un
relevamiento tanto del personal como de los gastos. Desde la
oposición se indicó que El Sukaria contrató asesores con sueldos
millonarios.
Según fuentes
parlamentarias, El Sukaria percibiría ingresos por encima de los
4,5 millones de pesos mientras que los flamantes asesores
cobrarían 3,5 millones cada uno.
Según un
informe, al que pudo acceder Infobae, la Defensoría destina 270
millones de pesos mensuales solo en los sueldos de los 120
empleados de planta permanente y otros 25 más, entre Planta
Transitoria, contratos y pasantías, con los que cuenta.
La auditoría
también indica que se gastan $300 millones en el funcionamiento
mensual, es decir, el equivalente a mil jubilaciones mínimas. Esto
implica que el organismo demanda una inversión cercana a los 10
millones de pesos diarios, teniendo en cuenta también los costos
de alquiler y servicios, mientras que para el 2025 tiene un
presupuesto estimado de $4.400 millones, de los cuales el 20% se
financia con aportes del Tesoro. Sin embargo, en el Gobierno creen
que esto será difícil de cumplir ya que supone una recaudación
estimada de $3.500 millones, casi un 250% más de lo recaudado en
2024.
A las nuevas autoridades - remarca
Infobae - les llamó la atención que, a pesar de que uno de sus
objetivos centrales es el de “promover, difundir y defender el
Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias”, la gran
mayoría del personal disponible no está en el área legal, sino en
el de capacitación y administración.
Incluso, en el
2020, cuando la gestión de Miriam Lewin lanzó NODIO, un
“Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica”, se
contrató a empleados especializados para esa tarea, a pesar de que
dejó de funcionar poco después.
Esa iniciativa,
fuertemente criticada por organizaciones como la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, buscaba que la
Defensoría del Público pudiera actuar también en las redes
sociales y canales digitales, ya que por ley solamente puede
intervenir en radio y televisión.
En cuanto a los
denunciantes, la administración de El Sukaria detectó que el 70%
de ellos era público de la provincia de Buenos Aires y que,
generalmente, eran los mismos usuarios quienes presentaban las
quejas, siempre contra los mismos medios y periodistas.
La lista de los
comunicadores más denunciados está encabezada por Viviana Canosa y
Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, con una gran cantidad de
presentaciones en su contra cada uno, seguidos por Esteban
Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata, Rolando
Graña y Alejandro Fantino.
La nómina se
completa con Martin Candalaft, Bautista “Beto” Casella, Nelson
Castro, Diego Sehinkman, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Joaquín
Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy y Ángel de Brito.
Eliminación
En el Gobierno,
en tanto, hay una idea de eliminar el organismo e incluso este fue
uno de los temas de conversación que tuvo el jefe de Gabinete,
Guillermo Francos, en su última reunión con diputados del PRO en
la Casa Rosada.
Más precisamente
fue la legisladora Silvana Giudici la que le presentó al
funcionario un proyecto de ley en el que está trabajando y que
plantea la disolución de esa entidad y la transferencia del
“personal que compone la planta permanente, los bienes,
presupuesto, activos y patrimonio” a la Defensoría del Pueblo de
la Nación.
La iniciativa lleva también las firmas
de Fernando Iglesias, Luciano Andrés Laspina, José Luis Espert,
Hernán Lombardi, Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro
Finocchiaro, Damián Arabia, Martín Yeza, Laura Rodríguez Machado,
Alejandro Bongiovanni, Germana Figueroa Casas y Sofía Brambilla.
La propuesta
señala que el Defensor del Pueblo de la Nación ya tiene
competencia para “iniciar y proseguir de oficio o a petición del
interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento
de los actos, hechos u omisiones de la administración pública
nacional y sus agentes”, por lo que “resulta suficiente para
procurar la garantía de todos los derechos de los ciudadanos,
incluso los de las audiencias”.
Cabe recordar
que en el primer Proyecto
de Ley de Bases se contempló la eliminación de la Defensoría del
Público, pero ese artículo fue quitado del segundo Proyecto,
que sí obtuvo aprobación del Congreso Nacional.
|
 
|
|
