RESTITUYEN ADJUDICACION DE LICENCIA DE FM EN TUCUMAN
16-MAY/2006
El COMFER suspendió los efectos de la Resolución 809/00 que había revocado la adjudicación de una licencia a la firma TUCUMAN DE FRECUENCIA MODULADA S.A., al acatar una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Tucumán.
La medida está
incluída en la Resolución 664, publicada en el Boletín Oficial del 28 de abril. El séptimo "considerando" señala: "Que con fecha 22 de diciembre de 2005 fue recibida en este COMITE FEDERAL una notificación proveniente del Juzgado Federal Nº 2, a cargo del Dr. Felipe F. TERAN, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Sara CAPORALETTI DE POVIÑA, de la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMAN, provincia de TUCUMAN, dictada en los autos caratulados "TUCUMAN FRECUENCIA MODULADA S.A. C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL (COMFER) S/ MEDIDA CAUTELAR" (Expte. Nº 3201/05) en la que se dispone lo siguiente "...se RESUELVE: HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA solicitada por el actor a fs. 66 vta. de autos en mérito a lo considerado. En consecuencia, ORDENAR al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) deje sin efecto la resolución Nº 809 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en este juicio. Todo ello bajo responsabilidad y previa caución real del peticionante que se fija en la suma de VEINTE MIL ($ 20.000)"".
Durante los últimos días de su gestión, el entonces interventor menemista en el COMFER, José Carmelo Aiello, firmó la Resolución 1337/99, que le adjudicó a TUCUMAN DE FRECUENCIA MODULADA S.A. (E.F.), integrada por el señor Germán Rodolfo VALDEZ y la señora María Liliana PACHECO DE D´ONOFRIO, una licencia para la operación de una estación en la ciudad capital de la provincia homónima, identificada con la señal distintiva "LRK 387", categoría E, frecuencia 107.5 MHz.
Pero la adjudicación fue dejada sin efecto por la ya citada Resolución 809, firmada por el entonces interventor delarruista Gustavo López, al detectarse irregularidades tras la apertura de un proceso de revisión de los procedimientos y actos administrativos consumados durante el
menemismo, ordenada por la entonces Secretaría de Cultura y
Comunicación a cargo de Darío Lopérfido, actual ejecutivo del
Grupo Prisa con sede en Madrid.
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