el intendente de cordoba debera indemnizar a periodista

06-MAR/2006

El intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, deberá indemnizar con $ 8.000 (aproximadamente 2.500 dólares) a un periodista radial, quien se sintió injuriado por declaraciones públicas realizadas por el jefe comunal. 

En octubre del año pasado, el periodista Gustavo Bastos denunció que un funcionario de Juez había sido agente encubierto durante la última dictadura militar. En respuesta, el intendente acusó al periodista de ser un "operador político" del gobernador de Córdoba y rival de Juez, José Manuel De la Sota. La reacción del jefe comunal motivó que el periodista lo denunciara, civil y criminalmente, por haberse sentido ofendido.

A finales del pasado año Juez aceptó la renuncia del director de Espectáculos, Oscar Cuassolo, luego de que el periodista de "Cadena 3", Gustavo Bastos, revelara que ese funcionario había sido miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia durante la última dictadura militar, actuando como "infiltrado" en la Facultad de Medicina de Córdoba. 

El propio intendente fue el encargado de responderle a Bastos: dijo que esa información era, una operación política" proveniente del delasotismo.

La reacción del jefe comunal motivó que el periodista lo denunciara, civil y criminalmente, por haberse sentido ofendido.

Tras una audiencia de conciliación que se realizó el viernes ultimo, Juez dijo que "en modo alguno fue su intención ofender a Bastos" y los reconoció como "un periodista profesional que ejerce con su más amplio derecho la libertad de prensa".

Funcionario de De la Sota también recibió un revés

La Justicia, en un fallo leído en medio de una sala repleta de público, absolvió del cargo de calumnias e injurias al periodista Tomás Méndez, conductor de programas de radio y TV locales, que había sido querellado por el actual secretario de la Región Centro, Herman Olivero, que forma parte del círculo íntimo del gobernador José Manuel de la Sota. 

El funcionario, ex gobernador interino y ex ministro de Solidaridad de la provincia, había solicitado una pena de tres años de prisión y una indemnización de 10.000 pesos para Méndez, por haber difundido en septiembre de 2002 una nota en la que mostraba una conexión eléctrica irregular en una propiedad del funcionario, que en ese momento estaba a cargo del Poder Ejecutivo, por ser el presidente provisional de la Legislatura. 

De la Sota había solicitado licencia para dedicarse a su campaña por la candidatura presidencial del justicialismo. Olivero estimaba que la reparación debía ascender a 300.000 pesos, pero se conformaba con la suma de 10.000, que, de serle otorgada, donaría a un hospital público. 

Méndez, al mostrar el video, utilizó la expresión de que Olivero "tiene colgados los ganchos", expresión corriente para referirse a las conexiones eléctricas clandestinas e ilegales. 

El fallo del juez correccional Armando Angeli hace notar que "la circunstancia de que se haya ordenado el archivo de las actuaciones [...] no acredita que el hecho haya sido informado falsamente, como lo intenta la parte querellante". Y añade: "Objetivamente el hecho existió". 

El juez considera que "solamente nos encontramos frente a una información que es falsa cuando la misma es engañosa, fingida o simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad. Y cuando ella se da falsamente, consiste en un acto consciente y deliberado con el fin de engañar. El informador, en ese caso, obra con dolo o de mala fe. No es el accionar del querellado Méndez". 

El juez Angeli entiende que "el querellado actuó con diligencia, proporcionando una información veraz" y que "lo que se informó en el programa era lo que las imágenes reflejaban, las cuales son objetivamente verídicas. No hay información falsa, ni inventada, ni imaginada". 

Casualmente, a las audiencias fue convocado a declarar como testigo propuesto por Méndez el actual intendente de Córdoba, Luis Juez, quien se desempeñaba en 2002 como fiscal y fue removido por Olivero. También el gobernador De la Sota fue citado al juicio -a propuesta de Olivero-, pero no concurrió.